Gabriel Calderón Molina
La mejor noticia que recibimos en este año quienes reconocemos la importancia ambiental del Magdalena fue la que publicó este periódico el pasado 25 de octubre, según la cual, mediante sentencia judicial, el río de la Patria que nace en el Huila, y sus afluentes, fueron declarados como sujetos de derechos.
Sujetos de derechos significa que al Magdalena y sus afluentes les asiste el derecho a la protección, conservación, no contaminación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado Colombiano, Enel – Emgesa y la comunidad, según la sentencia. Este fallo estuvo a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva, a partir de la acción de tutela entablada el 10 de octubre pasado por Andrés Felipe Rojas Rodríguez y Daniel Leandro Sanz Perdomo contra el ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, la gobernación del Huila, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena-CAM, las Empresas Públicas de Neiva y los municipios de Neiva, San Agustín, Pitalito, Garzón, Saladoblanco, Oporapa, Altamira, Guadalupe, Hobo, Yaguará, Aipe, Villavieja, Gigante, Paicol, Tesalia y Palermo, entre otros, los cuales en adelante no pueden vulnerar el Magdalena ni permitir que los particulares lo hagan.
Los alcances de esta sentencia son trascendentales para la conservación y no contaminación del río Magdalena y sus afluentes. Sobre todo en momentos de la llegada de nuevo gobernador y de alcaldes quienes no solo deben incorporar políticas y medidas de control en sus planes de desarrollo, sino que deben dotar de recursos las acciones prioritarias a emprender en la búsqueda de la defensa ambiental de sus aguas. Y aquí viene el caso de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PETAR, de la cual carecen muchos municipios entre los que figura vergonzosamente Neiva, que lleva más de 12 años tratando de implementarla y los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre, San Agustín, Palermo y Gigante, que por su población son los mayores contaminadores del Magdalena.
La conservación y protección ambiental del Magdalena y sus afluentes y de los bosques donde nacen sus aguas, es definitivamente un reto en favor no solo de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras que nos compromete moralmente a todos los ciudadanos. Es un compromiso que debe partir desde la enseñanza primaria y secundaria de la niñez y la juventud, tal como ya ha empezado a hacerlo Italia y otros países europeos ante las amenazas derivadas del calentamiento global cuyas consecuencias ya serían muy graves dentro de 30 años nada más.
Dicha sentencia debe dar lugar, además, a que se introduzca este requerimiento en la propia Constitución Colombiana efectiva para todos ríos.