El exvicepresidente Germán Vargas Lleras planteó al Gobierno sus principales propuestas para reformar la justicia. Le quita dientes a las Cortes en la elección de registrador, auditor y magistrados de la Corte Constitucional, y plantea reestructurar el Inpec.
Redacción Web/LN
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras cumplió su tarea y envió al Gobierno nacional su propuesta para reformar la justicia en Colombia, tal como lo habían acordado todos los integrantes de la comisión de expertos y sabios que se reunieron en enero pasado para tratar de ponerse de acuerdo en un proyecto de ley que sea consensuado y que logre pasar en el Congreso.
El ‘revolcón’
De entrada, Vargas Lleras hizo una cruda radiografía de la situación actual de la justicia y, posteriormente, planteó sus propuestas. Una de ellas busca la descongestión y acceso a la administración de justicia. “Descongestionar y mejorar el acceso a la justicia a través de un plan intensivo para reducir el tiempo de los procesos judiciales que hoy toman en promedio 1.288 días a tan solo un año”, dijo Vargas Lleras.
Germán Vargas también se refiere a la eficiencia del control fiscal y vuelve a insistir en su iniciativa de crear un sistema central e integrado sobre control fiscal, eliminando las contralorías regionales y ahorrando así 50 billones de pesos anuales al país, según expresó en su propuesta.
En el documento le dedicó un capítulo especial a la seguridad ciudadana y transformación del régimen penitenciario y carcelario. El propósito es la judicialización efectiva de la reducción de la impunidad, el fortalecimiento de la Policía, estrategias entre empresas, ciudadanos, autoridades departamentales y municipales para mejorar la convivencia y luchar contra la delincuencia.
Igualmente, planteó la eliminación de la Procuraduría General de la Nación, una iniciativa que, sin duda, acompaña el presidente Gustavo Petro.
“Es necesario pensar en fortalecer la Rama Judicial con las capacidades y experticias de los funcionarios de la Procuraduría, la cual, lamentablemente, perdió competencias para investigar aforados (congresistas, gobernadores, alcaldes), es decir, su existencia se volvió inocua, considerando, además, que muchos elementos del derecho disciplinario se encuentran subsumidos en el derecho penal, conlleva a que la entidad sea eliminada y se fortalezca en capacidad a la Rama Judicial”, argumentó.
En el documento, el exvicepresidente también plantea reformas propias del procedimiento penal, entre ellas la eliminación de formulación de imputación y de la fase intermedia del procedimiento y acabar el sistema aplazatorio.