En Colombia los métodos tradicionales de la politiquería siguen vigentes y, lo peor, es que el pueblo colombiano sigue votando por los mismos o por los herederos y sucesores de los grandes caciques y manzanillos que han manipulado las palancas del poder ejecutivo y del congreso nacional.
De nada sirvió que la Constituyente de 1991 hubiese buscado la renovación del parlamento, si se volvieron a elegir a los mismos o a sus lugartenientes, para que siguieran mangoneando a su antojo y disfrutando los gajes que su mal llamada democracia les depara.
El narcotráfico conserva parte de su influencia en lo social y en lo político, pero también han llegado los pulpos financieros que luego de manejar las más importantes industrias, el comercio, el transporte y la banca, se han apoderado de las cadenas radiales y de influyentes medios periodísticos y televisivos. Cuando se promovió la Constituyente de 1991, se alcanzó a discutir la tesis de eliminar nuestro congreso bicameral y optar por uno unicameral. Pero, como ha ocurrido en la historia política de nuestro país, el pueblo ignaro e indolente, amnésico y masoquista, con alta vocación suicida, en los comicios celebrados bajo el marco de la nueva carta magna, volvió a elegir a la mayor parte de los parlamentarios revocados o a quienes ellos recomendaron. Ahora se están sacando los ojos para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, destapando llagas y malos procederes en el manejo de los efectos y caudales públicos.
El artículo 95 de la carta fundamental, ordena que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes, así como colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
A la vez, el artículo 228 de la misma codificación, además de establecer que la administración de justicia es función pública, señala que sus decisiones son independientes y que su funcionamiento es desconcentrado y autónomo. Más adelante resalta que los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, al tenor del artículo 230. Entonces, no entendemos el por qué se desconocen estos fundamentos de nuestro Estado social de derecho, para ser torpedeados, desconocidos o demeritados por otros servidores públicos o por políticos investigados. Si el gobierno, el congreso, las cortes, la clase dirigente política, el sector privado y el pueblo colombiano en general no hacen causa común para sacar a Colombia de la actual crisis y continúan con los peligrosos enfrentamientos que nos han sumido en una segunda “patria boba”, Colombia marchará directo al caos y a la disolución en un futuro inmediato.