El escándalo sísmico de la justicia, se extiende en el Huila, con réplicas de corte tan grave, como el ocurrido en el epicentro de las cortes. En Tigsa -copia exacta de Fidupetrol- manejaron dolosamente 7.000 millones de pesos de regalías, contraviniendo la ley. Ilícito cometido en 2007 y 2008, ha precluído por vencimiento de términos en la fiscalía. Delito sin castigo. Engavetado, como las tutelas de la Corte Constitucional, sin importar el mandato del artículo 228 de la Carta, que ordena: “Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. ¿Sancionado por quién? Por el costoso asesor de Fidupetrol el fiscal Montealegre? Fallado disciplinariamente este caso, en primera instancia por la Procuraduría, con destitución y 12 años de inhabilidad contra los defraudadores, fue inexplicablemente revocado con sello de impunidad, en oficinas centrales. Igualmente, la Corte Constitucional, revoca por tutela, los fallos de los jueces, por altísimas compensaciones dinerarias y tráfico de influencias. El sonadísimo caso de la Lotería del Huila, en la licitación del chance, por cuya cuenta la fiscalía acaba de capturar al gerente de entonces, asesor jurídico y adjudicatario del contrato, ocurrió en el 2008, y puede correr igual destino. Siete años después, puedo comentar, que como Procurador Regional, instruí la investigación disciplinaria; remitida a la delegada correspondiente por competencia, dado que incluía al gobernador del Departamento, duerme en Bogotá, el frío sueño de la prescripción de cinco años, sobradamente transcurridos. Ejemplariza en cambio, el proceso verbal que adelanté contra el gerente de la Lotería, reemplazante del hoy encartado, por introducir al contrato ilegalmente adjudicado, un otrosí, con detrimento patrimonial para la entidad. Independiente, severo, imparcial, en 3 meses y en audiencia pública le impuse sanción de destitución e inhabilidad de 13 años para ejercer funciones públicas. Audiencia, donde el gerente de la chancera beneficiada confesó, que el corrupto contrato incluía, 100 millones de pesos para actividades de la primera dama del departamento, confesión remitida a la fiscalía. Dolorosos episodios estos, de una justicia, que jueces, funcionarios y magistrados probos, vemos rodar hacia el abismo, sin un guía cuerdo en el timón. La desesperada alocución del presidente Santos, pidiendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y al Fiscal General, investigar a Pretel y su combo constitucional, es un salto al vacío. Tan demencial como el nombramiento a dedo de sus propios jueces, en el Tribunal de Aforados. Tan peligrosa y fatal para Colombia, como la del copiloto del avión de Lufthansa, que oprimió el botón de descenso, para estrellarlo contra los Alpes Franceses.