Hasta ahora el Gobierno colombiano debe pedir perdón por el asesinato de la huilense Gloria Lara de Echeverri, luego de 42 años y paradójicamente sólo en el Gobierno actual y luego de una investigación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Y sobre todo cuando la tesis de muchos años fue la de que el asesinato lo había perpetrado la izquierda colombiana.
Se comprobará con el paso de los años que los únicos dignos de condena, hacían parte del Estado en tiempos del estatuto de seguridad en un gobierno liberal pero también de derecha. El perdón que debe pedir el Gobierno es mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Gloria Lara fue asesinada después de ciento cincuenta días de secuestro y la reacción del Gobierno gendarme de la época fue omisivo y obvio, el peligro de avocar conocimiento de una investigación criminal por parte de las fuerzas armadas, lo que supuso inquisitoriamente testigos ocultos y falsos, exoneración de cualquier responsabilidad a lo militares y detenciones injustas de personas de izquierda y del naciente nuevo liberalismo de la época.
Se han comprobado no las causas del asesinato de Gloria Lara, pero si el reproche equivocado de culpables y responsables, todo el proceso tuvo móviles de venganzas políticas y estratégicas, ocultando los reales fines de tan execrable crimen. La confirmación del paupérrimo sistema probatorio colombiano de muchas épocas, que primero encarcela y condena, exilia y persigue y luego trata de probar sus sesgadas tesis. Para el caso, las pesquisas, las teorías del caso las hicieron militares en un momento en el que el estado de sitio era una costumbre regular en el país.
Incluso en ello hubo desapariciones de algunos aparente sospechosos y exilios reales en medio de persecuciones para encarcelar a algunos inocentes con tal de dar resultados en el Gobierno de la Seguridad Nacional. El antecedente mayormente próximo en cuestión de la seguridad democrática; las múltiples irregularidades que proponen hasta brazos armados para confirmar sus tesis de responsabilidad y culpa. El gobierno de la Seguridad Nacional de Turbay Ayala ha sido el más parecido al gobierno doble de la seguridad democrática.
Se dieron atrocidades y vulneración de derechos humanos a granel, pero también impunidad y distracción de las investigaciones por parte del aparato de investigación de la época. Curiosamente los más graves asesinatos de los huilenses terminan teniendo las mismas características: el de Oliverio Lara, el de Gloria Lara de Echeverri, de Rodrigo Lara Bonilla. Impunidad, ocultamiento, barbarie. Todos han tenido una estela de víctimas que no encuentran real reparación, con dudas sobre verdaderos culpables, con falta de reparación para quienes fueron involucrados siendo inocentes y hoy se encuentran exiliados.
En todo caso no tengamos en el olvido a esas víctimas masacradas, tengamos la máxima recordación y mantengamos la exigencia de verdad, justicia y reparación. De esa manera también los huilenses, especialmente la personas víctimas de secuestro de sus familiares, del asesinato de sus allegados, del exilio, del ostracismo, cuya causa fueron las investigaciones sesgadas y con móviles políticos deben recobrar memoria. Y recobrar la paz interior. Aún falta mucho perdón y reconciliación.