El empresario Diego Perdomo, encargado de la frustrada construcción de la línea de energía Altamira-La Plata, se ‘despacha’ contra Electrohuila. Arremete contra el exgerente Luis Ernesto Luna y la exsecretaria general y se declara “perseguido” de las “jugaditas” de ellos. Advierte que las condiciones económicas de la Electrificadora son “críticas”.
Jesús Antonio Rojas Serrano
LA NACIÓN reveló hace poco un escándalo más en la Electrificadora del Huila: la fallida construcción de la línea de energía Altamira-La Plata y su subestación Segovianas, dentro de los proyectos estratégicos de expansión. La frustrada operación de esa línea tiene hoy en líos a la compañía, que ya ha pagado multas por más de $5.000 millones. El responsable inicial de la construcción de la línea en mención era el consorcio Perlun-Incer.
El representante legal de Perlun-Incer, Diego Perdomo, pone la cara y revela detalles desconocidos alrededor de esta obra, valorada en más de $43.000 millones.
Confirma que el proyecto tuvo múltiples inconvenientes debido a problemas de orden técnico, ambiental, arqueológico y social. Según él, resolver estos inconvenientes estaba en manos del entonces gerente y su secretaria general, pero no lo hicieron o tardaron en hacerlo.
Aquí está la explosiva entrevista.
¿Por qué hoy no es una realidad la línea Altamira-La Plata y la subestación Segovianas, si el consorcio que representa era el encargado de construirlas?
El contrato nace desde el inicio mal planeado. Nosotros firmamos el acta de inicio en el mes de mayo de 2019, y para Electrohuila, la fecha de entrada en operación ya estaba vencida, es decir, la línea tenía que entrar en funcionamiento el 31 de julio de 2021 y el contrato iba hasta el 31 de diciembre de 2021. Cuando empieza la ejecución del contrato, se viene una cantidad de incumplimientos por parte de Electrohuila: definiciones técnicas, problemas ambientales y de planeación, temas arqueológicos, prediales y sociales. Encontramos, por ejemplo, que dentro de la licencia ambiental, el proyecto no tenía los sitios de disposición de material, lo que obligó a una modificación no solo en la licencia sino en los tiempos. Después surgieron problemas técnicos como la salida de la subestación Altamira y la no instalación de varios equipos. Luego, llegó la pandemia y hubo problemas con el transporte de los trabajadores y las importaciones de los equipos. En ese momento el contrato llevaba un año y no habíamos podido iniciar. Posteriormente, los hallazgos arqueológicos perjudicaron notablemente el proyecto. También se presentaron inconvenientes sociales; hay un video que muestra cómo la gente no nos dejó entrar a instalar las torres porque Electrohuila no había cumplido con los compromisos que tenían. Todos estos problemas retrasaron el proyecto. Fueron malas decisiones tomadas por el gerente de entonces, Luis Ernesto Luna, y quien era la secretaria general, Lina Guarnizo.
¿En qué momento determina el consorcio que el contrato no se iba a ejecutar de manera normal?
Desde el primer momento nosotros elevamos la inquietud. Nosotros le planteamos a Electrohuila que el presupuesto tenía que modificarse en $8.500 millones; en mayo de 2020 la Electrificadora tenía ese documento y no se puso atención, tanto así que el gerente hace al Ministerio de Minas y Energía la solicitud de ampliación en la fecha de operación del proyecto ante las dificultades graves que se presentaron para su ejecución. Nosotros les decíamos que tomaran decisiones en lo social y en lo predial. Los alcaldes prestaron la colaboración, pero también pero otra mala decisión en la escogencia de los profesionales, terminaron sacando a Carolina Escobar de Electrohuila, quien venía liderando un diálogo con las comunidades. En el tema arqueológico, se hicieron solicitudes y ni el gerente Luna ni su secretaria general lo definieron. Esas son las decisiones que nos tienen hoy en esa posición desfavorable para Electrohuila, con un incumplimiento grande ante el Ministerio de Minas y con un nuevo contrato que no ha iniciado. Lo que faltaba por ejecutar eran $2.000 millones e hicieron un nuevo contrato por $12.000 millones.
¿Usted tiene los soportes de todo esto que está denunciando?
Absolutamente de todo. Aquí le estoy haciendo entrega de todos los documentos relacionados con los incumplimientos e indefiniciones de Electrohuila. Aquí tengo en mis manos las solicitudes a Electrohuila para ampliar el contrato y la disposición del consorcio para terminar el contrato.
¿Por qué Electrohuila decide la terminación anticipada del contrato?
Yo siento que deciden terminar el contrato en el momento en que ellos se dan cuenta de su incapacidad técnica, comenzando porque tenían como supervisor a un ingeniero de sistemas; tengo muchos amigos ingenieros de sistemas y con el respeto a esta profesión, pero la supervisión de un contrato sobre la construcción de una línea de energía y de una subestación es un trabajo especializado. En el momento de no poder dar el debate técnico, tomaron estas decisiones sesgadas, politiqueras y sin pensar en el verdadero objetivo que era el de terminar el proyecto.
¿En qué porcentaje de ejecución dejaron la construcción de la línea de energía?
A nosotros ni nos informaron de la terminación del contrato y nos sacaron de una manera en que en mis 22 años de ingeniería yo no había visto, pero esa era la forma de actuar; tengo entendido que así sacaron de Electrohuila a sus funcionarios más importantes. Logramos levantar un acta de recibo de obra, firmada por el interventor, en la que demostramos que estábamos en el 95% de ejecución del contrato, sin las adicionales que estaban pendientes en su momento. Cinco meses después, ellos salieron a decir que la ejecución estaba en el 85%. Cada informe que nosotros presentamos tenía un seguimiento y se pagaba de acuerdo al avance de obra. Por eso, nos sorprendió cuando Electrohuila fijó ese avance en el 85%. Nosotros tenemos facturado el 88,2% del contrato, el cual tiene un valor total de $43.165 millones. El anticipo girado fue por $17.266 millones. A nosotros nos han pagado $38.166 millones. La forma de pago era que con lo que íbamos facturando, se amortizaba el anticipo, que era el 40%. Además de eso, Electrohuila tiene una rete-garantía nuestra por el 5%, es decir, cerca de $1.800 millones. Hay que decir que con el acta de recibo del 95%, Electrohuila nos debe una factura, que está en proceso ejecutivo, por $3.000 millones. El anticipo era manejado en conjunto con la interventoría bajo un plan de inversión firmado por Electrohuila.
¿Dónde está la plata del anticipo?
Esa plata se invirtió en el proyecto y se giró a los proveedores. En el momento en que miren el acta de recibo de la interventoría, se amortiza el anticipo. La Electrificadora tiene además la rete-garantía.
¿A qué atribuye la decisión sorpresiva de Electrohuila de terminar el contrato?
Yo creo que fue una ‘jugadita’ de las tantas del gerente Luis Ernesto y de la entonces secretaria general Lina Guarnizo. Nosotros sentimos que fue una persecución a Perlun, a Incer, tanto así que posteriormente Incer tenía un contrato de operación y mantenimiento durante muchos años y no lo dejaron presentarse en la siguiente licitación. Yo creo que hay una persecución contra Diego Perdomo, contra Jairo Toro y contra las empresas huilenses.
Este no es el único contrato suyo que termina en similares circunstancias en Electrohuila, ¿qué fue lo que pasó con la construcción de una granja solar?
Era un parque bonito de 9.9 megavatios. Cuando salió esa licitación, me busca un generador de energía importante a nivel nacional y me invita a que nos presentemos. Lo hicimos bajo una empresa de promesa de sociedad futura. Cerca de $40.000 millones eran puestos para la construcción del parque solar, más $15.000 millones para la operación y mantenimiento durante 22 años, y se le iba a vender la energía a Electrohuila en $185 en su momento. Hoy, no hay energía y la Electrificadora está comprando energía para el mercado no regulado a $292. El parque se iba a llamar Parque Electrohuila, la tierra se compraba y se ponía a nombre de Electrohuila, y a los 22 años la Electrificadora tomaba la decisión de si se quedaba o no con el parque. Pero, además de eso, nosotros íbamos a garantizar el parque durante 30 años. Sin embargo, por una leguleyada del gerente y la secretaria general de la Electrificadora, tomaron la decisión de liquidar el contrato poco después de haberlo adjudicado. Nos exigieron, al mes y medio de la adjudicación del contrato, la entrega de unas pólizas, a pesar de que en este tipo de contratos lo que se manejan son garantías bancarias. Aun así en los cinco días hábiles que nos dieron, fuimos y entregamos las pólizas, todavía vigentes, pero ellos tomaron la decisión de liquidarnos el contrato de manera unilateral. Electrohuila tiene hoy una demanda en curso por una suma importantísima. Aquí no hubo justificación alguna, sino la persecución que nos hicieron a nosotros. Toda esta situación afecta es a los huilenses porque Perlun a donde vaya está con huilenses. De parte de Electrohuila, hay un detrimento importante y nos da tristeza porque Electrohuila debería ser hoy el pionero en transición energética.
¿Qué está pasando hoy con la Electrificadora del Huila?
Hoy, Electrohuila enfrenta un tema difícil. La compañía tiene actualmente gastos administrativos grandes y viene incumpliendo sus indicadores de calidad y de pérdidas. Tiene un déficit de $60.000 millones. Indiscutiblemente, han pesado la falta de experiencia del ingeniero Luis Ernesto Luna, a pesar de sus estudios –él no se quedó bachiller–, y de Lina Guarnizo, al no haberse rodeado de personas competentes. Recordemos que Electrohuila es la empresa más grande e importante de la región por su impacto socioeconómico. Si a Electrohuila le va mal, a los huilenses les va mal, especialmente a los usuarios. Según consta en los reportes anuales de la empresa, los gastos de administración han aumentado el 61% desde el 2019, de $29.000 millones a $47.000 millones anuales, reduciendo la utilidad en $17.000 millones. La consecuencia es que solo el 53% del personal está en planta; el resto pertenece a nóminas paralelas. Hubo una mala gestión de la opción tarifaria y de la resolución CREG 015 de 2018. Las pérdidas de energía vienen creciendo desde 2019. El indicador de calidad del servicio es malísimo. Electrohuila se llenó de personal y cuotas burocráticas, gastos que terminan impactando las tarifas de los usuarios. Definitivamente, la situación de Electrohuila es crítica. Hoy, hay demoras en los pagos no sólo a contratistas sino a proveedores de energía.