El Tribunal Superior de Neiva rechazó un incidente de nulidad para invalidar el llamamiento a juicio por la elección de Personera y Contralor de Neiva. La fiscal aseguró que por lo menos diez concejales recibieron dinero por su voto, más puestos y contratos.
RICARDO AREIZA
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La acusación contra los 15 implicados en la ‘torcida’ elección de Personera y Contralor de Neiva, quedó en firme.
Un incidente de nulidad para tumbar el soporte del llamamiento a juicio, se derrumbó en el Tribunal Superior de Neiva.
La Sala Penal descartó de plano la argumentación de los dos abogados del ex contralor José Hildebrand Perdomo Fernández y del comerciante Rened Cantillo Álvarez.
El primero fue acusado por la presunta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso con cohecho por dar y ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, en calidad de determinador. El segundo por la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo.
La nulidad fue presentada el 23 de marzo pasado durante la sustentación de la acusación, argumentando que la verbalización fue incoherente, no precisó los cargos, ni las cuantías de los sobornos. Tampoco los beneficiarios, violando supuestamente, las garantías procesales.
Sin embargo, la juez Cuarto Penal del Circuito denegó la nulidad. “El escrito de acusación verbalizado por la Fiscalía, pese carecer de las cualidades de concreción y nitidez, sí contiene una relación clara de hechos jurídicamente relevantes”, manifestó.
Además, rechazó la nulidad por violación al debido proceso y derecho de defensa a los acusados, recordando que siempre han estado asistidos por su abogado y las audiencias se han tramitado legalmente.
Los dos abogados interpusieron el recurso, objeto de la apelación ante el Tribunal Superior de Neiva.
Los sobornos
Contrario a los argumentos de sus apoderados, la fiscal 12 seccional, defendió la coherencia de la acusación y se opuso al incidente de nulidad. La petición fue respaldada por el procurador judicial, Gerson Avilés y la representante de víctimas.
Esas sumas de dinero entregadas a los concejales ascendieron a un valor aproximado de 15 millones de pesos por concejal, cumpliendo los acuerdos secretos, pactados antes y después de la elección.
“Estos ofrecimientos se hicieron de común acuerdo con José Hildebrand Perdomo en cargos, contratos y nombramientos en entidades públicas y privadas como Contraloría y Personería de Neiva, Comfamiliar del Huila, Alcanos, Terminal de Transportes, Empresas Públicas de Neiva, ESE de Neiva, Coffee Company, entre otras, en donde se precisaron los cargos que estaban ofertando. Todo eso quedó expresamente señalado en la acusación”, afirmó la fiscal.
“Estas conductas de cohecho por dar u ofrecer se materializaron con el ofrecimiento realizado a por lo menos diez concejales que hoy se encuentran vinculados a la actuación penal. En ese concurso están los concejales que aceptaron el ofrecimiento y fueron acusados por cohecho”, acotó.
“Los sobornos no fueron aislados ni individuales. Desde las audiencias preliminares se dijo que fueron sobornos ofrecidos, aceptados y entregados a por lo menos estos diez concejales, en un ‘entramado de corrupción’ como está rigurosamente documentado en más de 33 mil interceptaciones telefónicas que se harán valer en el juicio”, recalcó la fiscal Lozano.
Pacto cumplido
“Los cohechadores cumplieron con su parte pero también los cohechados (concejales) dieron su consentimiento, cumplieron con su parte y luego exigieron el cumplimiento de esos acuerdos”, recordó la fiscal.
“Esas acciones se cumplieron. En las grabaciones quedaron consignadas las súplicas de los concejales para que no los dejaran de últimos en el pago de los sobornos, relató la funcionaria.
“En las interceptaciones quedaron las evidencias de los insistentes reclamos de los concejales por la demora en los pagos, incluso los nombres de las personas que iban a ser nombrados y los cargos ofertados”, reiteró.
Pagos secretos
Las maniobras, según la funcionaria, comenzaron el 17 de noviembre de 2015, con encuentros secretos con los concejales veteranos. Luego congregaron a otros con menor trayectoria que consistieron los ofrecimientos.
Por la elección de los dos funcionarios, dijo, se pagaron 15 millones de pesos a cada concejal más puestos burocráticos y otras prebendas. Pero la cifra podría ser superior.
Los dineros los habría aportado el empresario René Cantillo, conocido como ‘El hombre del maletín”.
“Cantillo, de común acuerdo con los candidatos, ofrecía el pago de dinero, gestión en nombramientos y contratos con entidades públicas y privadas, a cambio de que ellos ejecutaran actos contrarios a sus deberes oficiales, en los procesos de elección de Contralor y Personera”, reseñó la fiscal.
“La elección de Contralor y Personera eran actos legítimos, no obstante, los concejales en lugar de obrar conforme a la ley, vulneraron principios como los de objetividad y transparencia en la convocatoria para proveer esos cargos, a cambio de recibir dinero, nombramientos para recomendados y otras prebendas”, recordó la fiscal.
“Estos estos hechos jurídicamente relevantes están rigurosamente descritos en el escrito de acusación y reforzados en una adición, entonces mal pueden alegar que no están puntualizados”, insistió la fiscal.
“Una vez elegidos los dos funcionarios, los cuatro sobornadores, realizaron actividades encaminadas a cumplir los pagos prometidos, ya fuera en dinero en efectivo o a través de favores, así como los compromisos laborales a varios concejales, ya fuera en la Personería o Contraloría, siempre guiado por José Hildebrand Perdomo, bajo un acuerdo común con Rened Cantillo y Lorena Sánchez”, recordó la funcionaria judicial.
Cantillo Álvarez, el financista, quedó en libertad en septiembre de 2019 por vencimiento de términos y podría quedar exonerado por prescripción.
El nuevo fallo
“Si bien el citado marco fáctico no es un paradigma a seguir en cuanto a una relación sucinta de los hechos relevantes, pues la Fiscalía pudo haberlos sintetizado mejor, lo cierto es que cumplió la carga impuesta por el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, especialmente en cuanto a la nitidez o claridad de los hechos y su comunicación en un lenguaje comprensible”, precisaron los magistrados de la Sala Penal.
“A la postre, añadió la providencia, el ente acusador se esforzó por puntualizar cuándo sucedieron los episodios, cómo se dieron, quiénes participaron en los mismos, cuál fue el marco legal presuntamente desconocido por los sujetos agentes, cuáles eran las funciones legales de los partícipes en razón a los cargos ejercidos en la época de los sucesos, en qué consistieron los ofrecimientos objeto de reproche penal, porqué se dieron los concursos de delitos y cuál fue la fuente de extracción de esa hipótesis fáctica”.
Epílogo
“Obsecuente a lo antes explicado, conclúyase que, contrario a la opinión de los apelantes, ninguna vulneración al debido proceso y derecho de defensa se advierte en la actuación, pues los acusados José Hildebrand Perdomo Fernández, Rened Cantillo Álvarez y sus defensores tienen pleno conocimiento sobre los hechos endilgados, por lo que sin duda han tenido la opción real de estructurar una estrategia defensiva”.
Tampoco se advierte, en su criterio, una futura e hipotética violación al principio de congruencia, por cuanto es evidente que el juzgado solo podría eventualmente proferir una condena por los hechos materia de acusación, esto es, por el indebido interés en la celebración del convenio interadministrativo de cooperación entre la Usco y el Concejo Municipal de Neiva, el ofrecimiento de dinero y supuestos cargos en entidades públicas y privadas a los 10 concejales también acusados en este mismo asunto, a cambio de sus votos favorables en la elección de Heidy Lorena Sánchez Castillo y José Hildebrand Perdomo Fernández, como Personera y Contralor Municipal de Neiva.
Además, por la destrucción, supresión u ocultamiento de los documentos públicos que sirven de prueba de la conformación de la lista de elegibles y designación del cargo de personero por el correspondiente periodo, y no por ninguna otra circunstancia.
Con esta decisión, la juez de conocimiento, deberá fijar una nueva fecha para continuar con la audiencia preparatoria.
