El proceso penal por las anomalías en la fallida remodelación del escenario deportivo, cumplirá seis años, sin que se haya surtido la audiencia preparatoria. La prescripción por vencimiento de términos, comienza a respirarles en la nuca.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
Por fin, después de múltiples aplazamientos, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, reanudó la audiencia preparatoria del juicio oral por las anomalías en la contratación y ejecución de la frustrada remodelación del estadio de Neiva ‘Guillermo Plazas’.
El próximo 6 de marzo de 2024 se cumplirán seis años de haber iniciado la audiencia preparatoria. A pesar de los términos perentorios, legalmente establecidos, la diligencia transcurre a paso de tortuga, apostándole a la prescripción por vencimiento de términos. Increíble pero cierto.
La reanudación de la audiencia, suspendida desde marzo de 2023, tomó un nuevo aire, pero sigue estancada.
Según el Código de Procedimiento Penal, la audiencia preparatoria deberá iniciarla el juez de conocimiento a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de formulación de acusación (artículo 175 de la Ley 906 de 2004). La audiencia del juicio oral, según la misma normatividad deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.
Sin embargo, por su complejidad y número de imputados, la diligencia ha sido relegada. El jueves de la semana pasada la fiscal del caso, Lizeth Chaparro Diez, inició la enunciación probatoria, relacionando cada uno de los elementos probatorios que harán valer en el juicio. En las dos últimas audiencias la funcionaria se ha limitado a la extensa enunciación de los documentos probatorios.
“Solo la relación de todas las evidencias durará por lo menos un año considerando el volumen de evidencias que soportaron la acusación”, reportó la bancada de la defensa.
A ese tiempo se sumará el debate sobre la procedencia, utilidad y pertinencia, las observaciones de la defensa y los tiempos que llevará la impugnación. En otras palabras, el juicio oral solo comenzará en dos o tres años, cuando ya algunas conductas estarán prescritas, por el inefable vencimiento de términos, el rey de la impunidad.
Morosidad judicial
De hecho, la acusación radicada hace siete años fue soportada con 280 elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, cerca de 30 mil folios ,104 testigos (87 de la Fiscalía y 17 de la defensa). Algunos de los documentos claves están contenidos en una unidad de almacenamiento con una capacidad de mil millones de bytes (una tera) más seis discos compactos.
La entrega de ese material probatorio a las partes fue excesivamente dispendiosa, por causas atribuibles a la Fiscalía. La extrema morosidad impactó los términos judiciales, despejando el camino para la prescripción.
Por la excesiva demora en el trámite de la audiencia preparatoria algunos delitos imputados, según las cuentas de la defensa, estarían pisándole los talones a la prescripción por vencimiento de términos. Entre ellos el delito de falsedad ideológica en documento público.
En este proceso responden los contratistas, los interventores, supervisores, un curador urbano, el ex alcalde Pedro Suárez, su jefe de Contratación y el ex director de Deportes. Todos responden en calidad de coautores los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros, cometidos en concurso, con dolo y en condiciones de mayor agravación.
Mal presagio
En este caso, la ruta de la impunidad está marcada. El escrito de acusación fue radicado inicialmente el primero de diciembre de 2017, pero se adicionó en marzo y abril de 2018 como un mal presagio. Desde su inicio el proceso, con todas las pruebas, se ha convertido en un ‘bulto de anzuelos’.
Sustentada la acusación, la audiencia preparatoria fue citada inicialmente para el 6 de marzo de 2018 pero fue reprogramada por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril del mismo año. Esto quiere decir que el próximo 6 de marzo de 2024 se cumplirán seis años de haber iniciado la audiencia preparatoria, sin que se vislumbre una fecha cercana para iniciar el juicio oral.
La diligencia judicial estaba suspendida desde el 6 de octubre de 2022. El juez Freddy Peña Ávila, quien asumió el conocimiento, el año pasado reanudó por fin la audiencia. Sin embargo, todavía falta mucha “tela por cortar” en este emblemático caso.
Después de reiterados aplazamientos, la fiscal del caso realiza las solicitudes probatorias. Según los abogados de la defensa, apenas lleva el 4% de todo el voluminoso arsenal de pruebas, que contienen alrededor de 40 millones de documentos.
¿Y el resto?
En otro proceso, la Fiscalía les imputó cargos por homicidio culposo, en calidad de probables coautores, cometido en concurso homogéneo y lesiones personales culposas en concurso heterogéneo, a título de culpa. En este caso, por homicidio culposo, fue archivado y todos los imputados fueron absueltos.
El proceso por lesiones personales fue archivado en abril de 2021 por vencimiento de términos. El juez decretó la prescripción y ordenó la cesación de la acción penal.
El proceso penal por la muerte de los cuatro trabajadores fue archivado al haber operado la reparación integral.
El pago de una indemnización económica a los parientes de las víctimas fatales originó de hecho la preclusión de la acción penal iniciada contra los contratistas y el equipo técnico, encargado de la remodelación del escenario deportivo.
El acuerdo indemnizatorio fue sellado el 21 de febrero de 2018 entre los contratistas, la aseguradora y los representantes de las víctimas.
El acuerdo resarcitorio fue firmado el 8 de noviembre de 2018 y el 28 de enero de 2019 con los herederos de Wilson Rodríguez Serrato, Edilberto Vélez López, Edison Cabrera Rojas y Ferney Estiven Bolaños, quienes perecieron al desplomarse la pesada estructura en plena fundición.
Al verificarse la reparación integral por la muerte de los cuatro trabajadores, la entonces juez Primera Penal del Circuito, Socoro Álvarez, declaró la extinción de la acción penal y, por lo tanto, decretó la cesación de procedimiento.
Juicio fiscal
Por estos mismos hechos, la contralora delegada intersectorial Bibianca Catalina Domínguez les imputó responsabilidad fiscal (Auto No. 0948 de 2019).
En un extenso expediente de 646 folios, el organismo de control cuantificó en 13.771 millones de pesos el daño al patrimonio público por la fallida remodelación del escenario deportivo, hoy en franca ruina.
Según la CGR, las obras civiles proyectadas necesariamente partían del reforzamiento o repotenciación de la edificación existente de manera previa a su intervención para la construcción de obras nuevas, lo que no se hizo.
En su criterio, se evidenció que previamente a la elaboración de los estudios previos no se contaba con todos los estudios, diseños, permisos o licencias que fueran requeridas conforme al manual de contratación.
Al momento de elaborar los estudios previos no tenían claro las fuentes de financiación y presupuestales. Tampoco contaban con la licencia de construcción, fundamental dentro del proceso de construcción. Además, no se contaba con todos los estudios y diseños necesarios para llevar a cabo el proyecto objeto de estudio.
Terminada la licitación, la administración no había entregado todos los planos y diseños. Según la Fiscalía, el último plano se entregó en febrero de 2015 cuando la obra estaba en marcha. “Se evidenció que a pesar de haberse culminado el proceso de licitación No. 004 de 2014 y suscrito el contrato de obra 1758 de 2014, se entregaron planos de diseño con posterioridad a esa fecha”, precisó el ente de control.
Los estudios contemplaban la ampliación de la tribuna occidental y la remodelación arquitectónica de todo el edificio e incluía estudios de vulnerabilidad y estructurales para la tribuna existente y su ampliación. Sin embargo, la obra se replanteó y se dividió por fases, aspectos no previstos en el contrato.
El 30 de enero de 2015 se suscribió un otrosí modificando las cantidades de obra. Esa fue la prueba reina, origen de las anomalías. El documento fue suscrito Miguel Alejandro Lozano representante legal del consorcio, Luis Alfonso Trujillo Briñez representante legal de la interventoría, el Director de Infraestructura del municipio Luis Fernando Castrillón y el supervisor Gerardo González.
Ese día se acordaron, según el acta, nuevas actividades no contempladas en el contrato actual, requiriendo la creación de nuevos ítems, en su criterio, estrictamente necesarias para el funcionamiento de las obras y el recibo del escenario deportivo.
Condenados y absueltos
El 6 de junio de 2021, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción falló sin responsabilidad fiscal en favor del ex alcalde Pedro Hernán Suárez (Auto 965 de 2021).
En cambio, falló con responsabilidad contra el antiguo jefe de Contratación, Carlos Alberto Puentes Ramírez, y el ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací. Además, en esa fecha cobijó a Gerardo Alberto González, supervisor del contrato de interventoría, a los contratistas del consorcio Estadio 2014 y al equipo interventor.
El daño patrimonial causado fue estimado finalmente en 17.518,23 millones de pesos, indexados al 31 de mayo de 2021 correspondientes al contrato de obra pública, interventoría y contrato de consultoría para los diseños
Sancionados
Si en la Contraloría llueve. En la Procuraduría no escampa.
El 14 de marzo de 2023 la Procuraduría sancionó solamente a Luis Alfonso Trujillo Bríñez, quien figuraba como representante legal del consorcio de interventoría a quien le atribuyeron toda la responsabilidad. Sorpresivamente, la Procuraduría dejó por fuera a los verdaderos interventores, quienes ejercían por su delegación esas funciones.
Por su parte, la Procuraduría absolvió al ex alcalde Rodrigo Lara Sánchez, quien firmó la última adición presupuestal antes del desplome de la tribuna occidental. También eximió a la secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque, y a la directora de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez, y a los demás funcionarios, incluyendo a su jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias, entre otros.
Como quedó demostrado, Trujillo Bríñez no era ingeniero y se dedicaba a la inseminación artificial de ganado vacuno, su verdadera actividad.
La procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, Olga Liliana Suárez, lo inhabilitó por 20 años y le impuso una multa de 1.902 millones de pesos.
Solo multa
Antes, Pedro Suárez fue sancionado e inhabilitado el 22 agosto de 2019 por irregularidades administrativas en el trámite de vigencias futuras, para la remodelación del escenario deportivo. La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública lo sancionó con suspensión del cargo por cinco meses. También le impuso una inhabilidad por el mismo lapso.
Sin embargo, la sanción fue convertida en una multa equivalente a cinco salarios devengados para la época (51,93 millones de pesos).