Con el pasar de las horas y los días, se conocen nuevos detalles alrededor del escándalo que sacude a la Corte Suprema de Justicia. Las transcripciones de las conversaciones grabadas por la DEA demostrarían como operarían abogados y magistrados para ‘torcer’ procesos de dirigentes políticos a cambio de multi-millonarias sumas de dinero. En las grabaciones, no sólo se hablan de las maniobras de corrupción sino de las cifras que políticos habrían pagado. A Hernán Andrade, el senador del departamento del Huila, según las escandalosas conversaciones, le cobraron 2.300 millones de pesos por favorecerlo en un proceso judicial. Se supone que es el lío que siempre persiguió a Andrade: el préstamo de 250 millones de pesos que recibió de manos del ‘cerebro’ del desfalco a Cajanal.
Si se comprueba todo lo que dicen las grabaciones, el país está ante un hecho sumamente grave: una red bien organizada de magistrados corruptos aprovechándose de la necesidad de políticos ‘enredados’ en líos judiciales. Una red de corrupción insaciable. En otras palabras: una organización delictiva del más alto nivel para enriquecerse con la administración de justicia los unos y lograr la impunidad los otros.
Como escribió ayer el Diario El País de Cali: “Debe decirse que el problema no está en las leyes en las cuales se encuentran las conductas tipificadas, las prohibiciones, las sanciones y los procedimientos para aplicarlas. El problema es moral, de instituciones capturadas por la carencia de ética y principios de quienes las usan sin reparar en la responsabilidad que tienen frente a la Nación a la cual representan”.
Ojalá esta crisis que vive la justicia colombiana sirva para que el país tome conciencia en torno a ese monstruo que es la corrupción, que como todos saben detiene el desarrollo de la Nación
“Si se comprueba todo lo que dicen las grabaciones, el país está ante un hecho sumamente grave: una red bien organizada de magistrados corruptos aprovechándose de la necesidad de políticos ‘enredados’ en líos judiciales”.
EDITORIALITO:
De destacar los 2.570 millones de pesos que invertirá la Administración Departamental en dotar a los bomberos de los pueblos del Huila en herramientas para apagar incendios. Era una necesidad sentida de estos organismos de socorro.