Un ‘emblemático caso de corrupción’ por supuestas irregularidades en los trámites ante el Incoder tuvieron un inesperado desenlace. La Fiscalía no logró probar las denuncias que formularon numerosas familias campesinas reclamantes de tierras.
RICARDO AREIZA
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Las investigaciones por supuestas anomalías en el trámite de subsidios y titulación de baldíos para campesinos y desplazados, terminaron físicamente ‘enterradas’.
Las resonantes imputaciones anunciadas con bombos y platillos por el vicefiscal General de la Nación Jorge Fernando Perdomo el 12 de septiembre de 2014 como uno de los emblemáticos casos de corrupción, quedaron en cero como las aspiraciones de los campesinos reclamantes.
Seis años después, el proceso adelantado contra una ex funcionaria del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y contra su esposo, supuestamente por cobrar dinero con la garantía de su adjudicación fue judicialmente desterrado.
Por los mismos hechos, la Corte Suprema de Justicia, investigó al entonces senador Hernán Andrade Serrano.
La denuncia penal fue instaurada por los jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario de la regional del Huila por varias quejas formuladas por campesinos y desplazados que participaban desde el 2008 en las convocatorias para adquisición de tierras.
Entre otros denunciaron que Sandra Trujillo Rodríguez aprovechando su condición de profesional especializada vinculada a la entidad enviaba a los campesinos que necesitaban desarrollar proyectos productivos propuestos en las convocatorias del Incoder para que fueran asesorados y elaborados por la firma A&D Proyecta Ltda, representada por su esposo Camilo Donoso Collazos.
La empresa operaba en el Piso 14 del antiguo edificio de la Caja Agraria donde funcionaba el Incoder. La firma le cobraba a los campesinos sumas de dinero que oscilaban entre los $180.000 y $300.000 por cada proyecto y asesoría.
“El dinero que exigía la firma para elaborar los proyectos con la garantía de que fueran aprobados por el Incoder, fue dinero perdido, pues estas personas no consiguieron que les aprobaran los proyectos presentados a la entidad, a pesar de la promesa que en su momento les hicieron tanto Sandra Trujillo Rodríguez como su esposo Camilo Donoso”, precisaron los labriegos.
Las denuncias
El dirigente campesino Rubén Darío Celis Castro, denunció que fue conducido por la funcionaria a la oficina de su esposo, en el mismo edificio, donde se concretó la reformulación del proyecto con la garantía de su aprobación porque tenía “las flechas en el Incoder”.
Donoso Collazos le cobró primero $350.000, por cada familia, suma que rebajó a $180.000. Esta cuantía multiplicada por 33 familias arrojó un total de $5.940.000, dinero que le fue consignado.
Sin embargo, el proyecto no fue aprobado como lo habían prometido.
Rubén Darío Celis, otro de los campesinos ‘asesorados’ declaró que Sandra Trujillo Rodríguez, lo acompañó a las oficinas de A&D Proyecta Ltda.
Virgilio García Aley tramitó un proyecto en compañía de Efraín Marín, ante la empresa de Camilo Donoso Collazos.
Por esa labor canceló la cantidad de $200.000 en una oficina ubicada en el centro comercial Los Comuneros. Efraín Marín le comunicó después que el proyecto “se había caído”.
Inés Gaspar Díaz, otra de las denunciantes, fue atendida por la funcionaria y luego la condujo a la oficina de su esposo, en el mismo piso, para que se tramitara el proyecto.
En la Notaría Tercera de Neiva le indicaron los documentos que debía reunir y le cobraron $400.000, por familia para realizar el proyecto Ella, Wilson Rojas Pérez y su hija, le entregaron cada uno la suma de $200.000, como anticipo.
Poco después canceló el saldo del precio acordado. “Pasado algún tiempo me comuniqué por teléfono con Sandra, quien me informó que el proyecto fue rechazado porque el predio tenía algunas lomas y no contaba con agua”, relató la testigo.
Pactos secretos
El director regional del Incoder, Arnulfo Polanco Ramírez, corroboró la versión de los campesinos. El funcionario declaró que al llegar a trabajar al Incoder Neiva, en marzo de 2018, percibió que Sandra Trujillo Rodríguez, trabajaba como coordinadora de las convocatorias públicas para el acceso a tierras. Su oficina estaba ubicada en el piso 14 del edificio de la Caja Agraria, donde también funcionaba la empresa de su esposo Camilo Donoso a quien “desalojó por no ser funcionario o contratista vinculado con la entidad”. A raíz de esta situación Donoso se trasladó al piso quinto del mismo edificio.
El líder campesino de Algeciras José Guillermo Olarte, declaró que Donoso se presentaba como delegado del director, cuando era falso.
“Sandra era quien direccionaba a todos los campesinos y asociaciones hacia Camilo, para que este les realizara los proyectos”, aseveró el dirigente campesino.
En otra ocasión, Amparo Gordillo, líder de 30 familias, la contactó y la invitó a unirse a ellos y presentarse a un nuevo proyecto para la adquisición de tierras en la Vereda Piravante del municipio de Campoalegre. Y se repitió la historia.
Sandra los envió donde su esposo, les garantizaron la aprobación, pagaron y el proyecto fue rechazado. Por eso presentaron las primeras denuncias.
Imputación
La Fiscalía les imputó cargos el 14 de noviembre de 2014 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías de Neiva.
El supuesto “caso emblemático de corrupción” denunciado por el ex vicefiscal, le correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva.
La Fiscalía 12 Seccional de Neiva aseguró que la funcionaria “estaba obligada a orientar a los usuarios para obtener los subsidios para la compra de tierras de forma trasparente, pero optó por direccionarlos a la empresa A&D Proyecta Ltda., de propiedad de Camilo Donoso Collazos, para contratar con este la elaboración de los proyectos, maniobra que ejecutó de común acuerdo con su consorte”.
La acusación fue soportada el 28 de septiembre de 2015. La audiencia preparatoria se realizó el 12 de diciembre de 2016.
El juicio oral inició el 5 de mayo de 2017 y tres años después, 15 de mayo de 2020 se profirió la sentencia absolutoria.
En cero
“En este caso no se demostró más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de Sandra Trujillo Rodríguez y Camilo Donoso Collazos en el delito de concusión”, concluyó la juez Cuarto Penal del Circuito al proferir el primer fallo absolutorio.
En su criterio, “no se acreditó que Sandra Trujillo Rodríguez y Camilo Donoso Collazos, se hubieran puesto de acuerdo para ofrecer los servicios de la empresa A&D Proyecta Ltda., a los desplazados y campesinos con el fin de elaborar los proyectos productivos que debían ser presentados ante el Incoder para acceder a los subsidios que estaba entregando el Estado para la compra de tierras”.
La funcionaria, asignada a la oficina de titulación de baldíos, no tenía injerencia en el análisis y aprobación de los proyectos para compra de tierras destinados a campesinos y familias desplazadas por la violencia.
“Esa no era competencia del Incoder Neiva, sino de la subgerencia de tierras a nivel nacional”, confirmó el director regional del Incoder, Arnulfo Polanco Ramírez.
“Al Incoder Neiva, únicamente le competía divulgar al público la convocatoria, recepcionar la documentación y luego enviarla a Bogotá” acotó. “La Fiscalía no demostró que los implicados hayan ejecutado conductas tales como constreñir, inducir o solicitar a las víctimas”, aseguró la Juez de Conocimiento.
La juez consideró que los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía no estructuran el delito de concusión. No se comprobó el abuso de autoridad por parte de Sandra Trujillo Rodríguez, ni la inducción de los acusados a las víctimas para dar o prometer dinero con el fin de viabilizar los proyectos productivos. Por esta razón profirió sentencia absolutoria, la cual fue impugnada.
El caso Andrade
El expediente tramitado por la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Hernán Andrade Serrato (2010-01817-00) por el mismo hecho, no prosperó.
La Corte concluyó que no había evidencias que Sandra Trujillo Rodríguez o Hernán Francisco Andrade Serrano, hubieran influido en el rechazo de la propuesta presentada por Darío Celis Castro, el denunciante.
En el caso de Andrade,- dijo- “su intromisión en este asunto no se vislumbra por ningún lado”.
Confirmación
El Tribunal Superior de Neiva consideró que la conducta desplegada por Sandra Trujillo Rodríguez, como autora y Camilo Donoso Collazos, en calidad de interviniente, no se adecua al delito de concusión.
“Esta manifestación, -añadió- no pasó de ser una sugerencia sin la capacidad necesaria para someter a los denunciantes a contratar única y exclusivamente con su exesposo”.
“El elemento material de la concusión, consistente en la promesa o entrega de dinero o cualquier otra utilidad indebidos tampoco se encuentra acreditado”, anotó el ponente Hernando Caballero.
“El dinero que los denunciantes entregaron a Camilo Donoso Collazos, no puede ser catalogado como indebido, toda vez que, el mismo se proporcionó a título de honorarios por el trabajo realizado por la empresa”.
Adicionalmente, al resolver la impugnación, descartó la comisión del delito imputado por la Fiscalía, en sus acostumbrados anuncios mediáticos.
“Es evidente que Rubén Darío Celis Castro e Inés Gaspar Díaz, no denunciaron a Sandra Trujillo Rodríguez y Camilo Donoso, porque realmente hubieran sido sometidos a constreñimiento, inducción o solicitud de dinero o cualquier otra utilidad indebida para elaborar, tramitar o aprobar sus propuestas productivas como participantes en las convocatorias, sino que, es producto de la inconformidad por el hecho de no haber sido escogidos como beneficiarios a pesar de haber invertido dinero en ello. Lo cual desde ningún punto de vista es constitutivo del delito de concusión”.
El apoderado de víctimas interpuso el recurso de casación que venció en silencio. Al no sustentarlo, el tribunal lo declaró desierto.