Cecilia López Montaño
El diagnóstico es absolutamente claro: un 35% de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, crímenes que se han acelerado en este comienzo del 2019, son cometidos por particulares, de manera que lavarse las manos diciendo que las culpables son solo las reconocidas bandas criminales del país, es absolutamente inaceptable. Si a este dato se le agrega que es la tierra una de las principales razones por las cuales se eliminan a quienes han retornado a predios usurpados o a quienes defienden sus derechos, es evidente el perfil de los autores intelectuales de estos asesinatos.
Hay conmoción en amplios sectores del país que no logran entender por qué el gobierno no ha declarado una operación de emergencia para frenar este desangre. Es más, la actitud pasiva del presidente Duque, del Centro del Democrático y de los gremios del sector agropecuario frente a las declaraciones del delegado de Estados Unidos que definió esta situación como la peor que había visto en el mundo, sí dan pistas sobre este nuevo episodio de horror en Colombia. Cuál es la explicación de esta pasividad, es la pregunta que ronda en la mente de muchos, no solo de colombianos sino de analistas de otros países.
Esta inmovilidad del gobierno y del Estado en general y de dirigentes que debería haber puesto el grito en el cielo, puede tener una vergonzosa explicación. Ojalá todo esto no obedezca a esa premisa propia más de un sistema feudal que de uno capitalista, gracias a la cual, la tierra rural en Colombia es de quienes son sus grandes poseedores, independientemente de cómo la adquirieron, de manera que todo lo que amenaza esa realidad debe desaparecer. Para ese fin existen los sicarios, expertos en matar a sueldo, quienes actúan con tan efectividad que nunca se conocen los autores intelectuales de sus crímenes. Ariel Ávila, conocedor como pocos de este tema, expone esta idea claramente en su artículo en Semana.com
Si a esta vergonzosa realidad, se le suman otras como la actitud del gobierno y de muchos sectores políticos hoy en el poder, que frenan los cambios que requiere el sector rural, es evidente entonces que lo menos grave que puede decirse es que poco les importa a quienes deberían actuar que se frene esta nueva etapa de violencia. Además, para entrar en el cinismo de muchos dirigentes de este país, se trata de pobres, como siempre ha sucedido en la historia colombiana.
Pero a diferencia de lo que creen algunos de los que hoy ostentan el poder político en el país, ellos no son Colombia. Hay millones de ciudadanos aterrados con lo que está sucediendo y que no se quedarán simplemente como espectadores frente a esta nueva etapa de violencia que está acabando con el liderazgo de bases sociales, que tanta falta hacen en esta sociedad, donde el poder ha estado y sigue estando, vergonzosamente concentrado. Por ello, el Estado tiene que actuar ya antes de que la protesta ciudadana lo empiece a hacer. Todavía reclamar pacíficamente, después de 50 años de silencio, no es el ejercicio sereno que todos quisiéramos. Eso se aprende tanto por parte de quienes protestan como por parte de las autoridades. Parecería por hechos recientes, que aun los colombianos no hemos llegado a esa etapa.
Para evitar nuevos episodios de inestabilidad social, lo mejor es que el gobierno deje a un lado su indiferencia, y empiece a frenar estos asesinatos, si no quiere agregarle más problemas a su compleja agenda que no logra abordar exitosamente. Por su propia gobernabilidad, es fundamental que no quede en el aire el tema de su posible solidaridad con quienes no permiten que se cambie la realidad rural en el país. No le agreguen a las dudas en este sentido que ya existen, un argumento tan inaceptable como el de dejar pasar el exterminio de quienes defiende a estos sectores tradicionalmente olvidados de este país.