Los exfuncionarios fueron llamados en un juicio que sigue el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, que buscan esclarecer la responsabilidad que tuvieron 12 de los 13 concejales en la aprobación de los recursos.
El proceso involucra a los entonces concejales Jorge Martínez Palomino, Magali Guevara González, Luis Fernando Amézquita, Héctor Cortés Calderón, Édgar Fajardo Ordóñez, Erney Cruz Perdomo, Yeison Ángel Montealegre, Pablo Agustín Osorio, Orestes Bahamón Plazas, José Ever Cerquera, Robinson Rodríguez Oviedo, Adenauer Corredor, que actuó como demandante e involucrado en la investigación, y la secretaria de la corporación, Nidia Mireya Prieto Castillo.
El caso
El 20 de septiembre de 2006, la Procuraduría Regional del Huila dejó en firme un fallo de la Procuraduría Provincial de Garzón, en donde los sancionó con suspensión de cargo por términos entre seis y ocho meses a cada uno de los entonces concejales, y de inmediato compulsó copias a la Fiscalía 11 Seccional de Neiva, para que abriera investigaciones de tipo penal por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad matemática pública, que hoy cursa en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón y por lo que deberán comparecer la totalidad de los involucrados los días 13 y 14 de noviembre próximo en audiencia pública.
Los hechos iniciaron en el mes de mayo del 2004, cuando la administración municipal presentó tres proyectos de acuerdo bajo los números 015, 021 y 022 del 25 de ese mes, en los que se adicionaban recursos procedentes del Fosiga para el programa ‘Cobertura Universal de Salud en el Municipio de Gigante’, se facultaba al alcalde para hacer uso o comprometer vigencias futuras y para contratar servicios a través de las ARS, hoy EPS, para que prestaran servicios.
El delito
El delito se presentó en el sentido de que no se tuvieron en cuenta los términos para los días que deben existir entre el primero y el segundo debate, por un error que no tuvieron en cuenta los encargados de la presentación de las iniciativas, que fueron el secretario de Salud de la época y los asesores, por lo que al aprobar con llamado de urgencia, pero sin la prórroga que debían dar a las sesiones, cometieron la irregularidad que hoy investigan los entes de control y la justicia ordinaria.
En el momento de la apertura de las investigaciones, que fueron solicitadas por el concejal Adenauer Corredor, quien a la postre resultó también investigado por haber aprobado los tres proyectos de acuerdo, el alcalde Diego Fernando Muñoz explicó que la iniciativa era necesaria, porque tocaba presentar toda la documentación con soportes, facultades, adiciones y autorizaciones respectivas antes del 15 de junio del 2004 y por ello el afán, pero no tuvieron en cuenta los días hábiles de recepción, designación de ponentes y estudio con debates.
Hasta el momento todos los llamados a audiencia se han acogido al derecho que les da la Constitución de guardar silencio y deberán entonces en la nueva citación para los días 13 y 14 de noviembre conocer el rumbo que tendrá esta etapa del juicio contra los ex servidores del Municipio de Gigante, quedando claro que no ha habido detrimento ni dineros de por medio, pues lo que se investiga es la responsabilidad en la presunta falsedad.
Luis Fernando Amézquita, exconcejal.
Robinson Rodríguez Oviedo, exconcejal.
Yeison Ángel Montealegre, exconcejal.