La Corte Suprema de Justicia condenará a la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, por anomalías en contratos interadministrativos de concesión con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). La Fiscalía en la acusación señaló que la entonces mandataria no adelantó el proceso de licitación pública. “Se reprochará las presuntas afirmaciones falsas que se hicieron para darle apariencia de legalidad a la contratación”, afirmó el ente acusador.
Rafael Rodríguez C.
La exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, afrontará una nueva condena en su contra por irregularidades en contratación. Ahora será ‘castigada’ por la justicia por el contrato suscrito con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), para la producción del aguardiente Doble Anís.
El anuncio de la condena fue hecho por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, luego del proceso haber llegado al alto tribunal a finales del mes de agosto de 2018.
La Fiscalía en la acusación manifestó que González Villa presuntamente celebró varios contratos interadministrativos de concesión con la FLA, sin autorización “expresa, debiendo tenerla, obviando el proceso de licitación pública y sin que la empresa tuviera la capacidad técnica, administrativa, ni de infraestructura necesaria para ejecutar dicho contrato”.
Agregó el ente acusador que también reprocha las presuntas afirmaciones “falsas que se hicieron para darle apariencia de legalidad a la contratación”, en el periodo 2012-2015.
La exmandataria de los huilenses fue acusada entonces de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según la Fiscalía, cuando González Villa asumió el cargo como Gobernadora, no continuó con el trámite de licitación con la empresa, sino que bajo la modalidad de selección de contratación directa, presuntamente celebró tres contratos con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
El ente acusador, determinó que dentro del proceso se detectaron falsedades que tenían como fin, dar apariencia de legalidad al interés indebido que se presentó en la celebración de los contratos con la fábrica, en el año 2012.
Según el escrito de acusación la contratación generó un detrimento patrimonial cercano a los 210 millones de pesos. “La contratación directa se realizó cuatro años antes al vencerse en diciembre de 2007 el contrato de concesión con la firma Licorsa”, señaló el fiscal.
El ex gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez utilizó la misma figura durante sus cuatro años de mandato. En este periodo no logró contratar la nueva concesión y frenó los esfuerzos que su antecesor Rodrigo Villalba venía realizando para adjudicar un nuevo contrato.
Ante este hecho, mientras se resolvía la concesión, la ex mandataria la adjudicó directamente a través de tres contratos, el 0069 del 14 de febrero, el 0302 del 14 de mayo y el 0537 del 24 agosto de 2012. Por el mismo hecho son investigados separadamente el jefe de contratación de época y el Secretario de Hacienda. La imputación fue realizada en agosto de 2015.
La Corte
El pasado viernes la Corte anunció que condenará a Cielo González Villa, por su irregular participación en la celebración de los millonarios contratos con la licorera antioqueña.
El objetivo del convención era la selección de un contratista para la distribución, producción y comercialización del aguardiente Doble Anís.
La Corte Suprema manifestó que la Fiscalía “demostró” más allá de toda duda que la exgobernadora Cielo González es responsable penalmente como autora de tres delitos de interés indebido en la celebración de contratos, dos delitos de falsedad ideológica en documento público.
El alto tribunal sostuvo que el ente acusador no logró demostrar la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros, “motivo por el cual será absuelta de dichos cargos”.
Condena contra Cielo González
La exmandataria Cielo González ha tenido una serie de líos con la justicia por irregularidades en la suscripción de contratos, que han terminado en condena.
El pasado 28 de diciembre de 2022 el Tribunal Superior de Neiva ratificó la condena en contra de González Villa por un contrato que firmó en su época como alcaldesa de Neiva.
Los magistrados del Tribunal, al resolver el recurso de apelación, manifestaron que las pruebas señalan que Cielo González, en su calidad de alcaldesa de Neiva, para el año 2005, adjudicó “a dedo” un contrato por más de $360 millones a la Organización Andrés Bello para optimizar el sistema de acueducto de esa ciudad.
Sostuvieron que “no existe duda” que los documentos del ‘Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica’ y la ‘Carta de Acuerdo’, son verdaderos contratos suscritos entre el municipio y la Secab, “a los que se pretendió dar una apariencia diferente (convenio de cooperación) y en los que se acordó que la supervisión estaría en cabeza del Gerente de Empresas Públicas de Neiva”.
Indicó la togada que una prueba irrefutable es de que la Alcaldía de Neiva transfirió a EPN la suma de $360.000.000 con un objetivo concreto, operación que consta en el comprobante de egresos adiado el 3 de junio de 2005. “Acreditado está que a la postre, el 8 de junio de 2005, EPN entregó a la Secab la suma de dinero que viene de referirse, tal como figura en el comprobante de pago No. 584 de la referida data”.
Para el alto tribunal, la prueba documental es contundente en revelar la falencia que antecedió al ‘Convenio Marco’ y a la ‘Carta de Acuerdo’, esto es, la escogencia de la Secab de forma directa sin agotar proceso de selección objetiva.
Señaló la operadora judicial que el comportamiento de Cielo González trasgredió el principio de transparencia de la contratación estatal, optó por omitir “deliberadamente el proceso de selección objetiva para escoger quien realizara el estudio integral y diseño detallado para el mejoramiento del sistema de acueducto del municipio de Neiva”.
Por lo que señaló que resulta acertada la sentencia de 4 años de prisión domiciliaria y multa de 50 salarios mínimos mensuales, emitida en su contra por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva que la condenó como autora responsable del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fue confirmada.
Las dos decisiones fueron dejadas en firme por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al inadmitir el recurso extraordinario de casación.
La Corte indicó que el convenio involucró una intermediación de la Secab para administrar recursos públicos destinados a un tercero que finalmente prestó el servicio, “en lugar de ser un verdadero convenio de cooperación”.