Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército, que para el periodo comprendido entre 2005 y 2008, tenían a su cargo grupos como contraguerrillas y batallones en Casanare, coincidieron en afirmar que dichos crímenes fueron cometidos por algún tipo de presión de sus mandos.
Faiber Alberto Amaya Ruiz, sargento segundo (r) de Ejército, aceptó su responsabilidad en la muerte de un menor de edad que salía de su colegio, durante su intervención ante la JEP, en la audiencia que se llevó a cabo en Yopal (Casanare), donde como el menor fueron reconocidas un total de 296 víctimas de ‘falsos positivos’ asesinados entre 2005 y 2008.
“Yo, Faiber Alberto Amaya Ruiz, con vergüenza, dolor y tristeza, vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en la participación de los delitos de junio de 2005 a abril del 2007, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo el suboficial retirado.
Desgarrador relato
Amaya, según relató el magistrado Óscar Parra, fue comandante del grupo Delta 4 de la Brigada 16 del Ejército, luego se unió a una oficina de Inteligencia de la misma brigada y finalmente recaló en el Gaula. “De manera libre y consciente se adhirió al plan criminal que se desarrolló en la Brigada 16”, relató Parra.
“El señor Amaya asesinó directamente a una persona y ordenó la muerte de otras dos. Adicionalmente, elaboró documentos operacionales falsos y suscribió actas de pagos de recompensas, a pesar de tener certeza de que lo allí consignado no correspondía con la realidad”, apuntó el magistrado de la JEP. El togado añadió que el dinero que el exmilitar recibía se volvía a invertir en otros ‘falsos positivos’.
Asesinato de un menor
En uno de sus relatos, Amaya contó que el Ejército decidió asesinar a un menor que salía del colegio por estigmatización y porque aparecía junto a su padre “en un anexo de inteligencia”. La magistrada Catalina Díaz, relatora del macro-caso de ‘falsos positivos’ junto a Óscar Parra, cuestionó al exuniformado sobre el tema.
“¿Por qué se incluye a un muchacho, un estudiante, en un anexo de inteligencia, y por qué estar en un anexo de inteligencia significa una orden de asesinato?”, preguntó.
Según Amaya, Jair Tarache (nombre del menor asesinado) y su papá eran señalados como responsables de que la guerrilla siempre supiera dónde estaba el Ejército para realizar sus operaciones. La orden de matarlos le fue dada al entonces teniente Edwin Toro, quien admitió hoy ante la JEP haberle disparado a Jair, luego de la negativa de otros soldados de su pelotón.
¿Hubo presiones?
Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército coincidieron en afirmar que dichos crímenes fueron cometidos por algún tipo de presión de sus mandos.
Aseguraron que sus subalternos eran incitados a incurrir en falsos positivos, motivados por el hecho de poder disfrutar de permisos de cinco, ocho y quince días. Al respecto, el teniente retirado Marco García, aseguró que había sido presionado por las comandantes al momento de perpetrar estos asesinatos: “Mi general Torres Escalante…nos exigían resultados operacionales; no capturas, eran simplemente bajas en combate”, dijo.
“Existía mucha estigmatización…habían muchos sectores del Casanare donde habían informaciones de muchas personas que pertenecían a grupos al margen de la ley…nosotros bajo informes de inteligencia recibíamos toda esta información”, sostuvo el oficial en retiro.