Una inspección técnica practicada por la Contraloría develó varias anomalías en la infraestructura educativa del colegio Juan de Cabrera de la capital del Huila, agravadas por la falta de mantenimiento, que amenaza la estabilidad de la obra nueva.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
Las obras de ampliación del colegio Juan de Cabrera en Neiva, entregadas hace cuatro años registran hoy un grave deterioro, al parecer, por fallas constructivas y falta de mantenimiento preventivo, que amenaza la estabilidad y funcionalidad de la infraestructura.
Aunque estaban advertidas algunas fallas estructurales en el momento de rendir cuentas no quedaron plasmadas en las actas finales.
Lo sorprendente, sin embargo, fue el deterioro prematuro de la nueva edificación, atribuidas a la falta de mantenimiento preventivo que le correspondía a la anterior administración, como quedó consignado en el Convenio Interadministrativo No. 1494 de 2015 suscrito con el Ministerio de Educación.
De esta manera, a la Alcaldía de Neiva le correspondía en el marco de sus obligaciones adelantar las acciones correctivas y preventivas para garantizar el buen funcionamiento de la Institución Educativa Juan de Cabrera.
Las falencias quedaron evidenciadas en un informe técnico realizado por la Contraloría General de la República, al evaluar las obras ejecutadas entre 2016 y 2019, supuestamente para estimular la jornada única.
La gerente colegiada Doris Lorena Camacho estimó un posible detrimento de recursos públicos, soportado en una auditoría técnica realizada el año pasado por la entidad.
La funcionaria ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal (PRF-80412-2023-44132) para determinar las posibles omisiones y las afectaciones en el patrimonio público.
Las obras fueron entregadas y recibidas sin reparos durante la administración de Rodrigo Lara Sánchez, a pesar de las falencias que encontró la auditoría técnica.
Durante una inspección posterior, la Contraloría evidenció la falta de mantenimiento preventivo y correctivo al total de la infraestructura construida, presentando deterioro y daño en los bienes y servicios recibidos, sin que se hubiese acreditado por parte de la administración esfuerzo o gestión alguna para adelantar las correcciones.
El posible detrimento patrimonial fue inicialmente cuantificado en 680,55 millones de pesos, sin indexar.
Ampliación
El proyecto contemplaba la construcción de cuatro nuevas aulas de preescolar, nueve aulas para básica y mejoramiento en otras 19 aulas. Además, un comedor, una zona recreativa y las baterías sanitarias.
La obra fue ejecutada por el consorcio Consorcio Infraestructura Educativa 2016.
La inversión inicial ascendió a 4.854 millones de pesos, de los cuales, el Fondo de Financiamiento aportó 2.082 millones de pesos y la administración municipal otros 2.772 millones.
Sin embargo, la inversión final ascendió a 5.140 millones de pesos.
El proyecto fue terminado y entregado a la Secretaría de Educación según Acta de entrega 017 suscrita el 10 de mayo de 2019, en el último año del gobierno de Lara. Sin embargo, no hubo objeciones. Aunque había deficiencias, obras no terminadas y otras sin funcionar, no hubo glosas ni salvedades. Las obras fueron recibidas “a satisfacción”.
Las anomalías
Durante la revisión del proceso contractual y verificación de la obra de ampliación de la institución educativa se constató algunas anomalías y deterioro en las obras previamente recibidas a satisfacción por la Secretaría de Educación.
“Esta situación se atribuye a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones”, reportó el organismo de control.
Sin embargo, las falencias que registra el megacolegio, inaugurado en el 2019, también se habrían presentado por fallas en el sistema constructivo y diseños inadecuados, no advertidas en el momento de entregar las obras.
Las deficiencias
Entre otras deficiencias, la obra registraba grietas, ‘descascaramiento’ de capa superficial de concreto, taponamiento de los ductos que sirven para evacuar las aguas subterráneas de la tierra detrás del ‘muro de la discordia’ que también ha generado polémica.
Además, se constató la presencia de material particulado transportado hacia los sifones generando taponamiento y ocasionando las inundaciones de los salones de preescolar.
Igualmente se presentaban daños en vidrios, puertas, cerraduras, y falta de mantenimiento de equipos de bombeo.
El elevador para estudiantes con discapacidad no se encontraba funcionando y se encontraba en estado de abandono por falta de mantenimiento.
Sin embargo, según la Secretaría de Educación, el ascensor fue instalado inadecuadamente.
“En este caso, estamos en presencia de un bien instalado inadecuadamente para la institución educativa, a todas luces estamos en presencia de un error constructivo en la etapa de planeación y ejecución que debió modificarse por la inconveniencia del bien instalado”, respondió la entidad.
La otra cara
“Acá no existe una responsabilidad exclusiva en la fase postcontractual endilgable a la Alcaldía de Neiva y al rector de la institución educativa. Estamos en presencia de fallas constructivas que se generaron en la fase contractual que son de responsabilidad exclusiva del contratista de obra por falta de previsión en el cumplimiento de las normas técnicas específicas”, explicó la Secretaría de Educación.
En materia de la carpintería metálica, la responsabilidad está en cabeza del contratista máxime si la misma se entregó en el año 2019 y no se puede aducir que esto sea por falta de un mantenimiento que no está contemplado para este tipo de componente aislado, insistió la entidad certificada.
Admitió que las instalaciones hidrosanitarias y de gas, al parecer, no cumplen con los requisitos técnicos de calidad.
Las deficiencias en las obras complementarias (entre ellas el muro de contención) se habrían generado, según la entidad oficial, por el inadecuado diseño del muro y fallas constructivas.
“Estamos en presencia de un claro error insalvable de la etapa constructiva que no se evidenció por la entidad contratante o la interventoría en su momento situación suscrita por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE)”, reportó la Secretaría de Educación.
Plan de choque
No obstante, anunció un plan de choque para corregir las falencias. Entre ellos incluye los procedimientos administrativos para agilizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que permita la recuperación de los espacios y áreas afectadas.
“Bajo este presupuesto no se le puede indilgar toda la responsabilidad a temas pos contractuales que fácilmente se generan dentro de término de estabilidad de la obra que se está surtiendo en la actualidad, donde se determine la responsabilidad del contratista de obra en relación a la garantía de estabilidad del contrato como se estableció anteriormente”, anticipó la dependencia oficial.
Sin justificación
Sin embargo, las explicaciones no fueron de buen recibo por parte de la Contraloría.
En su criterio no se observa soporte alguno sobre los requerimientos al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para ejecutar actividades de posconstrucción a la obra entregada y que, según el tiempo de la fase, corresponde hasta 1,5 meses (45) días una vez se termina la fase de construcción.
“Tampoco se evidencia explicación del ente territorial acerca del “cambio del servicio de tres aulas educativas de preescolar y primaria que correspondían al acta de servicio como obra nueva, ahora en uso de oficinas administrativas y el cierre de las unidades sanitarias de preescolar”, precisó la Contraloría.
Además, recalca que con la entrega, también suministró el manual de mantenimiento en donde se atribuye a la entidad territorial de la obligación de realizar estas labores para preservar la estabilidad de la obra.
“La anterior situación se presenta por debilidades en la supervisión y control al estado de la infraestructura educativa”, insistió el organismo de control.
“Como resultado de estas deficiencias, se estima un posible detrimento de recursos públicos por un monto aproximado de 681 millones de pesos”, anticipó en forma preliminar la gerente departamental de la Contraloría, Doris Lorena Camacho Noguera.
A responder
En principio, la gerencia colegiada, decidió vincular en forma preliminar al ex secretario de Educación, Giovanny Córdoba, y al rector de la institución, Enrique Vargas Leiva para que expliquen las circunstancias en que fueron recibidas las obras y la falta de mantenimiento preventivo que debieron ejecutarse durante la pasada administración.
Sin embargo, aseguró que, pese a la eventual responsabilidad por no haber adelantado el mantenimiento de la obra nueva, lo que contribuyó al deterioro prematuro, los contratistas y la interventoría, podrían igualmente responder por los daños preliminarmente determinados.
Una situación similar se detectó en el Instituto Técnico Industrial, actualmente en evaluación.
