La finalización del periodo del fiscal general de la nación Francisco Barbosa, genera una reflexión sobre el diseño de la Fiscalía en la Carta de 1991, los defectos que quedaron en la elección de su cabeza y los discutibles resultados del fiscal saliente, quien deja un organismo muy controvertido y en el ojo del huracán por cuenta de la fiscal encargada Martha Mancera.
La Constitución de 1991 creo este poderoso organismo con cientos de funcionarios a su cargo y la facultad de decidir si investiga profundamente algún hecho delictivo o, si por el contrario no le da el impulso requerido. En los 31 años de funcionamiento, la Fiscalía ha sido fuertemente cuestionada por los altos índices de impunidad y la poca eficacia en su lucha contra el crimen que ataca al ciudadano.
El Constituyente de 1991 diseñó un sistema bastante particular en donde el fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna presentada por el Jefe de Estado.
Este sistema presenta inconvenientes, primero porque no prevé un plazo para su designación, además de que no exige que el fiscal sea penalista. Pero el principal es que la elección tiene tintes políticos que comprometen la independencia en sus actuaciones, debido a la cercanía ideológica o personal con su nominador.
Esta sería la explicación del por qué la Fiscalía no da resultados explícitos en algunos casos puntuales de paramilitarismo, narcotráfico o corrupción. Por ejemplo, en Odebretch no se llegó a las cabezas o beneficiarios de los recursos aportados a algunas campañas políticas; simplemente hubo unos mandos medios investigados.
El sistema de elección del fiscal debe ser urgentemente revisado, con el fin de evitar esa cercanía con su nominador que le reste independencia en investigaciones que lo comprometan. La exigencia de ser penalista solo se ha cumplido en uno de los 13 fiscales elegidos en los 31 años de existencia de la Institución. Por último, la designación de los directores seccionales debería responder a una lógica profesional con funcionarios de carrera que tengan absoluta independencia, excluyendo cualquier componente político que afecte las investigaciones.