Sin la presencia de las víctimas en el juicio y con la sola denuncia por desplazamiento forzado, la Fiscalía solicitó que los comandantes de la columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’ de las Farc, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’ y Pedro Luis González, alias ‘Genaro’, fueran condenados. LA NACIÓN, Neiva Sin la presencia de las víctimas en el juicio y con la sola denuncia por desplazamiento forzado, la Fiscalía solicitó que los comandantes de la columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’ de las Farc, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’ y Pedro Luis González, alias ‘Genaro’, fueran condenados. La solicitud fue hecha ayer por la Fiscalía 16 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado con sede en Ibagué, al Juez Primero Penal Especializado de Neiva.
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El delegado fiscal anunció en la audiencia de práctica de pruebas la imposibilidad de escuchar a los testigos. “Pese a los esfuerzos no se pudo ubicar a los cinco testigos para el juicio”, dijo el funcionario. El representante del ente acusador sostuvo que los comandantes guerrilleros debían ser condenados en calidad de coautores del delito de desplazamiento forzado. “La víctima, John Jairo Martínez, manifestó que su desplazamiento fue ordenado por alias ‘Genaro’ y alias ‘El Paisa’”. Entre tanto, los abogados defensores de los jefes subversivos solicitaron que sus prohijados fueran absueltos, al manifestar que la Fiscalía no aportó pruebas. “No hay una prueba distinta a la denuncia de la víctima… el proceso carece de pruebas para condenar”, manifestó el abogado de ‘El Paisa’. En el mismo sentido se pronunció la defensa de alias ‘Genaro’. “No existen elementos materiales probatorios, evidencia física”. Mientras que alias ‘Genaro’ sostuvo que las Farc no tienen tierras de la población civil. “No le vamos a quitar la tierra a la población para nosotros. En la organización nunca se ha dicho que se debe desplazar a la población”, manifestó el subversivo. El desplazamiento Según las autoridades, los jefes guerrilleros habrían ordenado a John Jairo Martínez Cataño abandonar, junto con su esposa e hija, la finca donde vivía en la vereda Quebradón Sur. Las investigaciones permitieron establecer que los insurgentes dieron a la familia un ultimátum de 24 horas para salir de la propiedad “so pena de ser asesinados”, señaló la Fiscalía. El ente acusador manifestó que la intimidación se originó porque la familia se negó en dar alojamiento en su casa a guerrilleros. “Se negaron además a dar información de la presencia del Ejército y traficar con armas de fuego”. El juez de oficio ordenó como pruebas testimoniales la ampliación de las declaraciones de la familia afectada.
