El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, habla con LA NACIÓN y revela el dramático impacto que tendría frenar la industria petrolera como lo plantea el candidato presidencial Gustavo Petro. Advierte que se reducirían los recursos para regiones como el Huila y que se encarecería el gas en los hogares, la electricidad y el transporte.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Si se frena la industria petrolera, habría una reducción automática de ingresos al país y las regiones. Habría menos regalías. Entre 2022 y 2026, se desplomaría la producción de petróleo en 47% y en 27% la de gas. Colombia tendría que importar gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028. Se desfinanciarían programas gubernamentales para la superación de la pobreza. Y el país quedaría expuesto a tensiones políticas y de mercados internacionales que encarecerían el gas de los hogares, la electricidad y el transporte. Este es el panorama que expone el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Francisco Lloreda, cuando se le pregunta por las implicaciones de frenar el sector de hidrocarburos como lo plantea el candidato presidencial Gustavo Petro.
Aquí está el diálogo del dirigente gremial con LA NACIÓN.
¿Cuál es la radiografía hoy de la industria del petróleo y gas en Colombia?
De acuerdo con los escenarios del Plan Energético Nacional 2020 – 2050, de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), un 62% del consumo final de energía del país corresponde a combustibles derivados del petróleo y gas; y la expectativa es que a 2050 estos energéticos continúen representando más del 50% del consumo final de energía. Es decir, los colombianos seguiremos demandando hidrocarburos por lo menos tres décadas más, la decisión que debe tomar el país es, si se dedica a producir estos recursos para el autoabastecimiento energético y además para la generación de recursos para la Nación que se traducen en inversiones y desarrollo para los colombianos, y en los aportes que se realizan a las regiones en contratación de bienes y servicios, inversión socioambiental, generación de empleo, entre otros. O, si importamos estos recursos para abastecer la demanda interna, y además de los costos que esto genera, se pierde la posibilidad de generar bienestar a todos los colombianos y sus regiones.
¿Qué tantos recursos produce? ¿Qué empleos genera? ¿Cuáles regiones del país sobresalen?
La industria del petróleo y gas es un aliado del país y del desarrollo regional. Se estima que durante el 2021, el sector de exploración y producción de hidrocarburos aportó a Colombia 25,6 billones de pesos entre regalías, derechos económicos, impuesto de renta, otros gravámenes y dividendos de Ecopetrol. Estos recursos que son recibidos por el Gobierno nacional, con excepción de las regalías que ingresan al Sistema General de Regalías para ser distribuidas entre las regiones productoras y no productoras de acuerdo con lo establecido en la Ley, sirven para financiar programas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Los departamentos Meta y Casanare son los que más regalías reciben al ser los de mayor producción de hidrocarburos del país. El Departamento del Huila por asignaciones directas recibió $13.379 millones de regalías en el 2020 y $36.148 millones en el 2021, además de lo que recibieron los municipios. El sector hidrocarburos en Colombia está compuesto por más de 500 empresas entre operadoras y contratistas de bienes servicios, con presencia en al menos 97 municipios y 19 departamentos con actividades de exploración y producción (E&P), genera el 20% del total de la inversión social del país (82% correspondiente a inversión voluntaria), cuenta con más de 95.000 empleos anuales y realiza compras en bienes y servicios a nivel nacional y regional por más $19,3 billones anuales.
Una de las críticas que más recibe la industria del petróleo y gas es su impacto ambiental, ¿Qué hechos concretos ha desarrollado para la prevención y adaptación del cambio climático?
Esto es muy importante. A la industria de hidrocarburos también le preocupa el cambio climático y es consciente de que todos estamos llamados a contribuir para que no empeore. Por eso, el sector de hidrocarburos está comprometido con contribuir a que el planeta siga siendo sostenible, lo cual es un gran desafío si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico y la demanda energética. Esta industria cuenta con una estrategia de sostenibilidad y es aliada del Gobierno para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas que el país ha adoptado, por ejemplo, en materia de neutralidad de carbono, reforestación, eficiencia energética y economía circular, entre otras que permitan a Colombia avanzar hacia una transición de manera responsable, justa y coherente con la realidad y el potencial del país. Como sector minero-energético fuimos el primer sector productivo en adoptar un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático. La transición energética necesita un mundo funcionando, generando, transportando y consumiendo energía e hidrocarburos, pues de lo contrario, no será posible desarrollar las energías renovables que implican grandes inversiones. Un ejemplo es Europa, hoy en crisis por su dependencia energética de Rusia; esta coyuntura nos ha demostrado que el mundo seguirá necesitando el petróleo y el gas, en mayor o menor proporción por muchas más décadas.
El candidato presidencial Gustavo Petro ha dicho que el carbón y el petróleo son más peligrosos que la cocaína, ¿Qué opina? ¿Es esto cierto? ¿Qué tan preocupados o nerviosos están los empresarios del sector frente a todo lo que se está diciendo en medio de este proceso electoral?
Nuestra intención no es hacer referencia a un candidato, para nosotros lo importante es que el país comprenda las consecuencias que tienen las decisiones en política energética para todos. Aunque Colombia no es un país petrolero, este energético sí es muy importante para Colombia, así como no somos una potencia en gas pero este es muy importante para el país. Frenar la industria petrolera no solo representaría la pérdida de autosuficiencia energética sino que se reflejaría en la reducción de ingresos al país y las regiones, menos regalías por ejemplo, recursos que son fundamentales para el financiamiento de programas socioambientales. De manera que, condenar a la industria del petróleo y gas a languidecer es condenar al país a la pauperización, más cuando este sector es uno de los principales aliados del desarrollo de las regiones, y el llamado debería ser al trabajo conjunto y la suma de esfuerzos en beneficio del desarrollo sostenible del país, objetivo que comparte este sector. Nuestro llamado es a no politizar la industria, pues según lo estipula el objetivo número 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cada ciudadano tiene derecho a tener acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, y este sector es fundamental para avanzar en su cumplimiento.
¿Qué escenario vislumbra para Colombia si se acaba la industria petrolera y gas? ¿Qué pasaría en el país si Ecopetrol desaparece o es reducida a su mínima expresión?
La coyuntura energética actual, derivada de la guerra Rusia – Ucrania ha demostrado lo importante que es para un país no depender de fuentes para satisfacer su demanda energética. Es necesario tener en cuenta que una política energética que debilite la exploración y producción de hidrocarburos tendría importantes consecuencias para la autosuficiencia energética del país, económicas, sociales y ambientales para todos los colombianos. Por ejemplo, entre 2022 y 2026, implicaría el desplome de la producción de petróleo en 47% y en 27% la de gas, y con ello, la pérdida anticipada de la autosuficiencia energética, por lo que el país tendría que importar gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028, con los sobrecostos y logística que ello implica.
En cifras, ¿qué más significaría debilitar el sector de hidrocarburos?
Representaría, además, una pérdida de $18 billones de aportes fiscales y regalías de las empresas del sector a la Nación y las regiones, lo que por ejemplo, podría llevar a que se desfinancien programas gubernamentales para la superación de la pobreza, afectar el desarrollo socioeconómico regional, la transformación productiva y energética del país, impactando así a millones de colombianos. Implicaría también una reducción de las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en $21 billones, que afectaría el empleo y las oportunidades de contratación de bienes y servicios en las regiones. Incluso las inversiones socioambientales se verían afectadas, en cerca de $1,3 billones que se dejarían de invertir por parte de empresas del sector, tanto voluntarias como obligatorias. El país quedaría expuesto a tensiones políticas y de mercados internacionales que encarecerían el gas de los hogares, la electricidad, el transporte y el respaldo para las fuentes renovables en el contexto de transición energética.
En otros países, ¿Qué tratamiento se le da a la industria del petróleo?
Estados Unidos, Canadá, Rusia, Emiratos Árabes, entre otros, son orgullosos de ser potencias en hidrocarburos, por lo que esta industria representa en autosuficiencia energética y en favor equilibrio fiscal y macroeconómico de los países. En ese contexto, diversos países atraen y promueven la inversión de la industria con apoyo gubernamental, menores impuestos, estabilidad jurídica y regulatoria, entre otros factores.
¿Qué le dice a quienes se oponen al ‘fracking’?
Que le den la oportunidad a la ciencia, que permitan que los Proyectos Piloto de Investigación Integral-PPII, a través de la ciencia y la tecnología, respondan todas las inquietudes y prueben si el desarrollo de los recursos en los yacimientos no convencionales, que son fundamentales para el presente y el futuro energético de Colombia es viable o no. Estos recursos representan la oportunidad para el país de garantizar su autosuficiencia energética a mediano plazo a partir de hidrocarburos. Así que es incomprensible que, en una situación tan angustiante desde el punto de vista energético, alguien se oponga a que la ciencia hable.