A propósito de la propuesta del representante huilense, Víctor Tovar, sobre “porte de armas sí, pero con controles”; la Fundación Pares alertó sobre las cifras que tiene el país en homicidios cometidos mediante armas de fuego. En Huila, 106 se han perpetrado con este tipo de medios.
CATERIN MANCHOLA
En su informe ‘violencia homicida en Colombia 2021 – 2022’, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), identificó una tendencia relacionada con la preponderancia del uso de armas de fuego para cometer homicidios en el país, además, pidió que se priorice en la agenda la regulación de estas.
De acuerdo con Pares, durante el 2021 hubo 13.709 homicidios en Colombia, de los cuales el 75,23% (10.437) se perpetraron empleando estas armas, mientras que en 2022 a julio, corresponde al 76,6% (5.996 de 7.827 homicidios).
El Huila no se queda atrás en este fenómeno. Cifras de la Policía Nacional demuestran que, de los 169 homicidios ocurridos en el departamento entre enero y agosto, en total 106 han sido perpetrados mediante este tipo de objetos.
Para la Fundación, lo anterior “es un indicador de un grave problema asociado a la violencia homicida en el país: el porte de armas. No solo porque demuestra un alto grado de violencia con el que se comete este delito, sino porque da cuenta de lo urgente que es la regulación en la materia como una medida de prevención frente a este fenómeno”.
Y es que, si bien en Colombia el porte de armas está reglamentado por el Decreto 2535 de 1993, en cuyas disposiciones señala que solamente el Gobierno Nacional puede importar, exportar, fabricar y comercializar armas; y también, que tiene el control sobre la producción y comercialización de estas. Además, que el porte y tenencia legal puede ser posible para quien cumpla ciertas condiciones determinadas en procesos de análisis y evaluación, esto, bajo el principio de que el Estado tiene el monopolio en el uso y control de las armas.
Lo cierto es que el conflicto armado y los mercados ilegales ponen en evidencia que dicho monopolio es solamente una figura legal, ya que la realidad es otra. Según el informe, la disponibilidad de armas de todo tipo en los municipios del país da cuenta de un mercado ilegal consolidado que ofrece pistolas, escopetas, revólveres e incluso armas de largo alcance, como cualquier mercancía.
El mercado
Pares realizó un seguimiento a la compraventa y el alquiler de armas en grandes ciudades y encontró que este es un mercado que se ha venido consolidando en los últimos 5 años. Explica que ello responde a una necesidad de la delincuencia organizada y común frente a la comisión de delitos por medio del empleo de estas. Y advierte que, a pesar de la pandemia, actualmente el mercado se sostiene y genera rentas multimillonarias.
En el documento, la fundación detalla cómo está la venta. Indica que varía según el tipo: las de corto alcance pueden costar entre $300.000COP y $4.800.000COP, alquiladas entre $60.000COP y $600.000COP, según fuentes de Pares. Las de largo alcance tienen precios desde los $20.000.000COP y pueden ser fusiles, rifles, lanza granadas, entre otras.
Adicionalmente, señala el estudio que un tipo de arma que se ha venido popularizando para la comisión de hurtos son las de fogueo, las cuales disparan balines o balas de caucho. Estas se han modificado en muchos casos para generar mayor daño y son usadas en gran medida por la delincuencia común en el hurto a personas, a comercio y vehículos. Cuestan desde $400.000COP en adelante y pueden ser alquiladas por hora.
La delincuencia
Aunque por ahora no hay un camino detallado a seguir frente al tema, el presidente de Colombia, Gustavo Petro sí ha anunciado un ‘plan desarme’ drástico, que elimine incluso el permiso especial.
Pero otros consideran que al fuego se le responde con más fuego. Precisamente para prevenirse de la delincuencia, el presentante a la Cámara por el Huila, Víctor Andrés Tovar está entre el grupo de congresistas que rechazan lo apenas anunciado por el Presidente. “A quienes hay que desarmar es a los delincuentes y no a los buenos ciudadanos. Porte de armas sí, pero con estrictos controles”.
Para el congresista, el derecho legítimo a la defensa debe tener la posibilidad de ser real y efectiva, lo cual se logra según él, si continúa la autorización de porte de armas para civiles.
“No oponemos a que la población civil sea desarmada completamente”, dijo, y anotó que son centenares los casos de robos a manos de los delincuentes en los que la víctima no tiene ni la mínima posibilidad de defenderse.
La discusión continuará dándose a medida en que el gobierno entregue más detalles de su ‘plan desarme’.