Los organismos de control declararon una nueva alerta sobre la proliferación de ‘fundaciones fantasmas’ dedicadas a apropiarse de recursos públicos.
Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia afirmó que bandas de contratistas de papel vienen operando en distintas regiones del país con la complicidad de servidores públicos para asaltar las finanzas públicas. El tema fue examinado en una mesa nacional de moralización.
En su opinión, estas ‘fundaciones fantasma’ suscriben contratos con el Estado, pero que en realidad son “fachadas para apropiarse de recursos de manera ilegal, que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción anunció que diseñará un nuevo régimen de vigilancia y control sobre la contratación directa, uno de los principales eslabones para eludir la licitación pública. Lo mismo ocurre con los contratos interadministrativos, utilizados para desviar recursos y direccionar la contratación estatal, sin garantizar la ejecución de los recursos.
Las fundaciones piratas para la ejecución de obras públicas como ha ocurrido en Aipe, Palermo, Yaguará y en la mayoría de los municipios del Huila han terminado en el bolsillo de los “mercaderes de la democracia”, como los llamó Encizo. Y aunque están determinados y cuantificados los detrimentos no ha sido posible que se recuperen los dineros públicos.
La culminación de los mandatos y los preparativos electorales alimentan las posibilidades de incrementar este tipo de prácticas. El uso indebido de los recursos públicos para la financiación secreta de las campañas, el favorecimiento de contratistas, la contratación de obras como cementación de calles, son recurrentes para promocionar candidaturas. Estos mecanismos son comunes en todos los gobiernos y se realizan desconociendo las restricciones impuestas por la ‘Ley de Garantías’ que nadie cumple.
Esos son los verdaderos riesgos en esta época electoral. En muchas localidades alcaldes, gobernadores y servidores públicos ofician como jefes de debate en la sombra de candidatos a sucederlos, pero también para aspirantes a diputados, concejales o ediles.
Las comisiones regionales de moralización que se proponen deberían ya estar operando en coordinación con los organismos de control.
“Bandas de contratistas de papel vienen operando en distintas regiones del país con la complicidad de servidores públicos para asaltar las finanzas públicas”.
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