La Contraloría General de la República evaluó como desfavorable la gestión realizada por el gobierno departamental en el manejo de regalías petroleras. La Contraloría General de la República evaluó como desfavorable la gestión realizada por el gobierno departamental en el manejo de regalías petroleras. Crítico panorama en programas bandera con un posible detrimento patrimonial de $2.514 millones. Ricardo Areiza LA NACIÓN, Neiva Por un deficiente manejo de regalías petroleras, la Contraloría General de la República descalificó la gestión realizada por la Gobernación del Huila en varios de los proyectos bandera ejecutados durante la anterior administración. Las anomalías fueron detectadas durante una auditoría realizada por la entidad fiscalizadora, revelada por la titular del organismo Sandra Morelli y por el equipo investigador orientado por la gerente regional Cecilia Quimbayo Carvajal. El informe exclusivo conocido por LA NACIÓN cuestiona la ejecución de los megacolegios, los programas de restaurantes escolares ejecutados especialmente con el Comité de Cafeteros y algunos hospitales. Además, el estado de algunas vías, que registran deterioro prematuro. La mayoría de las obras examinadas registran retrasos, falta planeación Baja calificación La calificación de la gestión fiscal correspondiente a la vigencia del 2010 fue desfavorable. La calificación final fue 55.08 puntos, lo que significa que no pasó el examen. Según la contralora delegada de Minas y Energía Gladys Becerra Camargo la gestión registró serias deficiencias en el cumplimiento de los distintos proyectos, desconoció el impacto de los programas y no hubo el control y seguimiento debido lo que generó algunas anomalías. Igualmente determinó un presunto detrimento al patrimonio público por $ 2.512 millones, ocasionados por deficiencias en el proceso contractual, sobrecostos y falencias de planeación, control y supervisión. El organismo de control reiteró deficiencias en el sistema de planificación, así como el incumplimiento de los planes de inversiones. La auditoría encontró 45 hallazgos administrativos, de los cuales 21 corresponden a hallazgos con alcance fiscal, en cuantía de $2.481.36 millones y 31 con alcance disciplinario. Como producto de la auditoría se profirieron dos funciones de advertencia relacionadas con el macroproyecto de vivienda Bosques de San Luis de Neiva y la ESE Corregimiento de Bruselas de Pitalito. Alcances De la contratación celebrada por la gobernación, se examinaron 86 contratos y convenios de un total de 787, que representan el 11% del total de los contratos suscritos. La muestra seleccionada suma un total de $107.125 millones, que representa un 47.14% del valor total contratado. Los proyectos de acuerdo con el estudio, no tienen el respectivo seguimiento por parte de banco de programas y proyectos, evidenciándose que muchos de ellos no se desarrollaron en los plazos establecidos, con un impacto desfavorable sobre las necesidades de la población. Con recursos de regalías para la vigencia 2010 se asignaron $216.806.32 millones siendo ejecutados a 31 de diciembre, $184.550.69 millones, presentando un nivel de cumplimiento del 85.12%, respecto de la asignación presupuestal, quedando pendientes por ejecutar $32.255.63 millones. El organismo fiscalizador señaló que faltó efectividad en la ejecución por parte de la administración departamental, que conlleva a que no se suministren la totalidad de los bienes y servicios requeridos por la comunidad, incumpliendo los fines esenciales del estado, teniéndose los recursos para ello. Restaurantes escolares El organismo de control detectó graves deficiencias en los programas de restaurantes escolares ejecutados en convenio con el Comité de Cafeteros. El programa estaba destinado a brindar complementación alimentaria mediante la modalidad de almuerzo (dos tiempos) en los establecimientos educativos oficiales de los 35 municipios no certificados del departamento del Huila y en Pitalito no cubiertos por el ICBF. La entidad fiscalizadora advirtió que el Comité de Cafeteros no tiene dentro de su objeto, la manipulación de alimentos, ni el suministro de raciones nutricionales y carece de idoneidad para la ejecución del objeto del convenio. El Comité Departamental de Cafeteros del Huila, en desarrollo del convenio 001 de 2010, sufragó como costos administrativos el pago de personal administrativo directivo, tales como coordinador proyecto, director ejecutivo, coordinador seccional, personal de apoyo, jurídica, psicóloga, contador, auxiliar contable, tesorero, secretaria, recepcionista, auxiliar administrativo, supervisores, personal de apoyo. “Se pagaron viáticos al coordinador del proyecto, servicios de fotocopias entre otros; gastos administrativos operativos y técnicos que no pueden ser cubiertos con recursos de regalías directas, toda vez que estas son de destinación especifica en inversión y no a funcionamiento, como se aplicó en gastos operativos del Comité Departamental de Cafeteros del Huila”, precisó el informe. Las anomalías a juicio del ente de control se presentó por deficiencias de seguimiento, supervisión y control en el proceso de aplicación de los recursos en el desarrollo del convenio, lo cual dio lugar a cubrir gastos administrativos no permitidos, que afectan el desarrollo de una mayor inversión y por ende el menor suministro de raciones y calidad alimenticia. Ello generó un presunto hallazgo fiscal que implica un monto de $ 1.161.2 millones. Transporte escolar En los convenios interadministrativos para apoyo del transporte escolar de los municipios de Garzón, Gigante, Agrado, Timaná y La Plata, respectivamente, se evidenció transporte de carga, sobrecupo y no acompañamiento en el transporte de estudiantes, no pago oportuno de los aportes de seguridad social de los conductores que realizan el transporte escolar. Según el dictamen, faltó control y vigilancia al transportador, no veló por el cabal y efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los municipios y la Gobernación del Huila. Esta situación puede generar posibles riesgos de accidentes, multas por no exigir el cumplimiento oportuno del pago de la seguridad social. Mega colegios el ojo del huracán La Contraloría puso en evidencia graves falencias en la construcción de los megacolegios ejecutados en el Huila en convenio con el Ministerio de Educación. El convenio de Asociación No.1620 de 2009 firmado con la Federación Nacional de Cafeteros por $23.803 millones estuvo destinado a ejecutar proyectos de infraestructura educativa contemplaba la construcción de colegios en Gallardo de Suaza, Santa Lucía de la Plata, Luis Calixto Leiva de Garzón, La Gaitana de Timaná, Antonio Baraya de Baraya; La Asunción de Tello, Misael Pastrana Borrero de Teruel, Megacolegio en el Municipio de Neiva, donde presentaron serias deficiencias. En los estudios previos no se determina las instituciones educativas beneficiarias a las cuales se les va a situar recursos, ni el presupuesto asignado, no existe estudio de precios de mercado que justifique el presupuesto oficial de cada institución. Muchos de estas obras fueron entregadas al terminar el anterior gobierno. El convenio se inició el 29 de diciembre 2009 sin cumplir con el requisito de pago de publicación de gaceta y de contribución especial (impuestos de estampillas), incumpliendo el contratista la cláusula de legalización para la ejecución, el tesorero departamental certificó que el pago por dichos conceptos los efectuó el contratista el primero de diciembre de 2010 por valor de $398.9 millones, después de un año de iniciado. El convenio se pactó con un plazo inicial de 10 meses de acuerdo al cronograma propuesto y se prorrogó en 11 meses más hasta el 15 de diciembre de 2011. El contratista no cumplió con el cronograma propuesto Fase 1(estudios y diseños) Fase 2 (construcción de obra), y se evidenció demora en el inició de los contratos de obra, teniendo en cuenta que aparecen actas de inicio, suscritas entre 6 a 13 meses después de suscrito el convenio. La ejecución de las obras de los colegios presenta retrasos de más un año por demora en la entrega de los diseños, aprobación de los presupuestos, modificación de diseños, falta de asignación de interventores por parte del departamento, falta de licencia de construcción, retraso en las obras de adecuación, cambios de fechas de las actas de inicio, no garantizar el acceso de materiales a las obras, falta de conexión red eléctricas y dotación de bomba hidroneumático. Los presupuestos de las ocho obras fueron presentados para aprobación en el mes de mayo de 2010, los cuales presentan un incremento del 10% como imprevisto que ascienden a la suma de $1.267.08 millones. Del total del convenio por $23.803.3 millones, al 19 de octubre de 2011, se pagaron por anticipo y actas parciales $16.205.3 millones, que corresponden al 68%. De éstos $5.109.9 millones fueron aportes del Ministerio de Educación y del Departamento del Huila, $11.095.4 millones. La Contraloría reportó que ningún colegio se encuentra en funcionamiento y están pendientes por amortizar $3.729.7 millones, que deben ser legalizados en la presente vigencia. Las anomalías se registraron según el dictamen fiscal por deficiencias de planificación en la estructuración de los proyectos y en la elaboración del estudio previo, falta de seguimiento por parte de la supervisión que conlleva a modificación de los diseños, atrasos en las obras, afectando el servicio a la población estudiantil y generación de posibles sobrecostos. Otros colegios Asimismo detectó otras irregularidades en la ejecución de varios contratos para el sector educativo. Entre ellos figura el contrato No. 867 de 2010 para la construcción de un laboratorio de idiomas en la Institución Educativa Zuluaga del Municipio de Garzón por valor de $138.35 millones. En el contrato se pagaron gastos de imprevistos correspondientes al 10%, del valor de los costos directos, sin ningún soporte ni justificación por deficiencias de gestión que conllevan a un presunto detrimento por $11.06 millones. La misma situación se detectó en el Contrato No. 1396 de 2009 para la construcción del cerramiento perimetral e interno de la Institución educativa Simón Bolívar de Garzón por valor de $385 millones generando un presunto detrimento por $30.80 millones. Además, se efectúa reconocimiento de ítem nuevo, cerramiento en fibra de polipropileno verde, provisional, por $5.08 millones, incluido en los costos indirectos de administración. El hallazgo fiscal ocasionado es por valor total de $ 35.88 millones, generado por doble pago de nuevo ítem por $ 5.08 millones y pagos de imprevistos sin justificación de $30.80 millones. Asimismo detectó anomalías en la ejecución del contrato No. 1531 de 2009, para la construcción de la segunda fase del megacolegio Montessori de Pitalito por valor de $1.312 millones. El contrato se ejecutó una mayor cantidad de obra, sin contarse con el respaldo presupuestal por $32.79 millones. En el contrato se pagaron gastos de imprevistos sin ningún soporte ni justificación, que generaría un presunto detrimento por $104.94 millones. Vías deterioradas Entre los contratos cuestionados figura el No. 444 de 2010 para el mejoramiento de la vía Neiva – Cruce Juncal por valor de $834.309.071 y adición por $415.206.906 para un total de $1.249.515.977. La obra presenta deterioro prematuro, consistente en la aparición de baches, fisuras y piel de cocodrilo de los parches intervenidos. Además, en la vía fuera de las áreas intervenidas se presentan, piel de cocodrilo, baches y fisuras, situación que afecta los parches construidos. Las fallas a juicio del organismo fiscalizador se generan por deficiencias de interventoría, que da lugar a mala calidad de las obras. De los anteriores daños se estima un costo por deficiencias de calidad de $1.16 millones. Las obras construidas mejoraron las condiciones de servicio de la vía en el corto plazo; sin embargo ya se presenta deterioro prematuro de las zonas intervenidas y del pavimento antiguo, debido al tipo de vehículos pesados que transitan por ella, que exceden las especificaciones técnicas de esta vía secundaria, con llevando a la inversión de recursos para el mejoramiento temporal de la vía que no garantiza la estabilidad permanente de la misma. En el contrato se pagaron gastos de imprevistos según los análisis de precios unitarios correspondientes al 5%, del valor de los costos directos, sin ningún soporte ni justificación, esto se presenta por deficiencias de gestión que conllevan a un presunto detrimento por $62.47 millones. El hallazgo fiscal ocasionado es por valor total de $ 63.63 millones, generado por deficiencias en calidad por $ 1.16 millones y pagos de imprevistos sin justificación de $62.47 millones. La misma situación se registra en el Contrato No. 989 de 2009, para la construcción en pavimento flexible de la vía Guacacayo – Oritoguaz, hasta el cruce Oporapa – Saladoblanco por valor de $8.907 millones. En el contrato se pagaron gastos de imprevistos según el contrato, correspondientes al 10%, del valor de los costos directos, sin ningún soporte ni justificación por deficiencias de gestión que conllevan a un presunto detrimento por $712.67 millones. La auditoría detectó fisuras longitudinales, en un área de ocho metros cuadrados y en el reductor de velocidad, por deficiencias constructivas en la ejecución de la obra, que constituyen un presunto detrimento por deficiencias de calidad por $2.1 millones. El hallazgo fiscal ocasionado fue estimado en $ 714.77 millones, generado por deficiencias en calidad por $ 2.1 millones y pagos de imprevistos sin justificación de $712.67 millones. El mismo deterioro prematuro fue detectado en el Contrato No. 467 del 30 de junio 2010, para el parcheo y restitución de pavimento en la vía Cucará-Villavieja, en una longitud de 21kilómetros por valor de $796.259.150 y adición por $391.602.625. El costo por deficiencias de interventoría que se expresan en la mala calidad de obras fie estimado en $1.26 millones En este contrato se pagaron gastos de imprevistos según los análisis de precios unitarios correspondientes al 5%, del valor de los costos directos, sin ningún soporte ni justificación por deficiencias de gestión que conllevan a un presunto detrimento por $59.25 millones. El hallazgo fiscal ocasionado es por valor total de $ 60.51 millones, generado por deficiencias en calidad por $ 1.26 millones y pagos de imprevistos sin justificación de $59,25 millones. Los pagos de imprevistos sin soportes se detectaron en otros nueve contratos generando un posible detrimento patrimonial por $178,78 millones. Pagos injustificados La deficiente gestión en el manejo de regalías petroleras también incluyó a otros hospitales regionales. Según el informe conocido por LA NACIÓN, en el convenio No. 080 de 2010 para realizar los estudios y diseños de una nueva edificación para el área operativa de la ESE María Auxiliadora de Garzón se realizaron dobles pagos sin justificación. En el cálculo del factor multiplicador, el Consorcio Z consideró el componente del sueldo básico del personal y en la propuesta económica nuevamente incluye el sueldo básico del personal, situación que constituye un doble pago del costo del personal del contratista, ocasionado por deficiencias en el análisis de las propuestas en la fase precontractual que da lugar a u sobrecostos en el desarrollo del contrato. En opinión de la Contraloría se constituyó un presunto detrimento al patrimonio del Estado por $79.1 millones. ESE Bruselas También se presentaron fallas en la ejecución del Contrato No. 0488 de 2010 para construcción de la sede ESE en el Corregimiento de Bruselas en Pitalito, correspondiente a la I fase de las cuatro proyectadas. Las obras ejecutadas corresponden a la Fase I en la cual fue suprimido el componente de acometida eléctrica por $31.45 millones, debido a mayores cantidades de obra y creación de ítems nuevos, situación que impide que una vez terminada esta fase no pueda entrar en funcionamiento, esto se presenta por deficiencias de planeación que ocasiona que la obra construida no cumpla los fines del Estado. De no asumirse la realización de la acometida eléctrica en la segunda fase, que permita el funcionamiento de las obras construidas, se constituirá en un hallazgo fiscal, por el valor de las obras no realizadas que corresponden al monto de $ 31.45 millones. La Contraloría General de la Republica emitirá por esta razón una función de advertencia.