RICARDO AREIZA
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A pesar de los logros obtenidos por el Programa de Reactivación Cafetera (PRC), diseñado hace dos años para enfrentar los estragos ocasionados por el fenómeno de El Niño, la iniciativa presenta graves falencias.
Una auditoría financiera, realizada por la Contraloría General de la República, puso en evidencia, la improvisación, la ausencia de parámetros para medir el impacto y la inequidad a la hora de asignar y distribuir los subsidios.
La iniciativa gubernamental fue implementada en el 2016 como una medida para mitigar los efectos adversos en producción del grano. Ahora, cuando se advierte impredecibles variaciones agroclimáticas, las deficiencias persisten.
Según el Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafe), el fenómeno de El Niño afectó a 481 municipios cafeteros del país, 563 mil fincas y 693 mil hectáreas de las 930 mil hectáreas del parque cafetero donde se cultivan cerca de cinco millones de cargas.
La afectación incluyó cultivos tecnificados jóvenes que representaban el 82% del área sembrada nacional.
En el Huila, según el estudio de Cenicafé, la afectación fue del 18,6%, en 19 municipios. Abarcó 29.354 hectáreas donde se producen 494.264 cargas. El volumen estimado de afectación corresponde a 36.867 cargas. La sequía afectó el 18,6 % de la zona cafetera huilense.
El parque cafetero fue afectado severamente por la variabilidad climática que determinó condiciones extremas de baja precipitación y alto brillo solar, lo que generó una fuerte sequía. El déficit hídrico impactó duramente la cosecha cafetera y originó medidas de choque. El Huila, primer productor nacional del grano, fue uno de los grandes beneficiados.
La estrategia
El programa contemplaba el otorgamiento de subsidios para la recuperación y la reactivación de los cafetales impactados por el fenómeno climático que se reflejó en la reducción de la producción, en la menor calidad del grano y la disminución de los ingresos de los cultivadores.
El proyecto de reactivación sirvió además para intensificar la renovación de los cafetales (reemplazar árboles viejos por nuevos, más resistentes)
El Ministerio de Agricultura aportó 10.000 millones, otros 30.000 millones los aportó la Federación Nacional de Cafeteros. Sin embargo, resultaron insuficientes.
Los recursos se destinaron sólo a los municipios cafeteros con declaratoria de calamidad, sin dimensionar los grados de vulnerabilidad ni considerar estrictamente la ‘regla de oro’ según la producción y fincas cafeteras.
La ejecución estaba sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestales asignados a cada municipio productor a través de los comités de cafeteros, sin dimensionar niveles de pobreza ni el impacto de la afectación.
Inequidad
La distribución de los recursos por concepto de subsidios fue inequitativa. El 67,4% de los recursos fueron asignados en cinco regiones del país, donde el Huila ocupa el primer lugar (17,3%), seguido de Antioquia (16.4%), Caldas (14%), Tolima (12.2%) y Risaralda (7,5%).
En el Huila, que conserva desde hace diez años el primer lugar en producción cafetera, el mayor porcentaje de los subsidios se otorgó a los pequeños productores (14.6%).
Otros departamentos como Valle, Cauca, Nariño, Santander y Cundinamarca recibieron entre el 6 y el 3% de las ayudas.
A nivel nacional, los subsidios en especie beneficiaron especialmente a pequeños cultivadores (63,3%), el 12,2% a medianos productores y el 24,5% a los grandes cafeteros.
Las ayudas llegaron a 523 municipios de 15 departamentos. Los municipios más pobres fueron los más beneficiados. Se atendió el 27,1% del área sembrada en café. En cambio, fueron los que recibieron los montos más bajos en materia de subsidios.
Otros lunares
Los subsidios se otorgaron sin que existieran indicadores sobre el grado de vulnerabilidad socioeconómica de los productores afectados por el fenómeno climático y que además sirvieran de guía para la asignación de los subsidios. Esos indicadores de asignación de recursos están contemplados en la normatividad pero, en estos casos, no se aplican.
Además, los subsidios en especie (fertilizantes) no se incluyen dentro de la estructura de costos de los cultivadores, lo que dificulta la medición real.
De los 37.700 millones que se invirtieron en el proyecto, el 14% de los recursos se destinaron para cubrir actividades de renovación por zoca con variedades no resistentes o con baja resistencia a la roya.
Igualmente, según el reporte fiscal, se asignaron subsidios en especie a 442 grandes caficultores, “lo que demuestra que no se cumplieron con las condiciones de focalización en pequeños y medianos productores”, aseguró Andrés Bernal Morales, contralor Delegado para el sector agropecuario.
“Lo anterior-precisó- afectó el principio de equidad, dejando de atender 6.7 millones de árboles de pequeños caficultores”, afirmó.
Improvisación
La multiplicidad de criterios para la asignación de subsidios afecta la eficacia de estos apoyos para los caficultores más vulnerables.
El programa, sin embargo, cumplió parcialmente con el objetivo, sometido a los vaivenes de la improvisación y la falta de planeación.
El programa se enfocó en la renovación ordinaria de cafetales y no, como era el objetivo, en la efectiva recuperación de los cultivos afectados por la sequía, precisó el organismo fiscalizador.
La cantidad de gestores que participaron en la administración del proyecto, disminuyeron la eficiencia en la ejecución de los recursos, lo que dificultó una mayor cobertura en materia de beneficiarios.
Disparidades
Las disparidades para clasificar a los pequeños productores y la dispersa normatividad han generado dificultades para la programación, ejecución y seguimiento de los subsidios.
Según el dictamen final, la demanda de los cultivadores debidamente inscritos ascendió 324 millones de árboles a renovar (nueva siembra o zoca) con un costo cercano a los 72.000 millones de pesos. Los recursos fueron inferiores. Además, el Ministerio no aportó todos los recursos a los que se comprometió.
Según la evaluación, el Ministerio de Agricultura, no giró cerca de 7.000 millones, que se sumaban a otros 10.000 millones para atender los efectos del intenso verano. Los recursos fueron tramitados la finalizar el año, afectando el principio de anualidad y por lo tanto, generando demoras y pérdida de recursos.
Además, hubo deficiencias y una permanente improvisación en estos programas esenciales para la reconversión de la caficultura.
“Deben existir una mayor articulación entre el Gobierno Nacional y el gremio cafetero en la formulación de una política de renovación, que debe inscribirse como proyectos plurianuales para evitar reajustes anuales que dificultan una eficiente y eficaz ejecución de los recursos”, afirmó el Contralor Delegado para el sector agropecuario.
“Esta política de renovación no debe ser sólo actos de buena voluntad”, sino como una política pública que garantice la sostenibilidad y financiación permanente.
Seguro agropecuario
La actividad agropecuaria es una actividad altamente riesgosa. Por esta razón, el organismo fiscalizador insistió en la implementación de los seguros de cosecha, permanente reclamo de los cultivadores. “En la práctica existe un modelo de seguros agrícolas indexados que podría ser adoptado por el gremio cafetero”, afirmó el funcionario.
Sin embargo no ha sido fácil. El mercado de los seguros agrícolas por riesgos climáticos no ha sido homogéneo para los cultivos seleccionados y genera serias dificultades para la determinación de los pagos del siniestro confiables. Además, en la actualidad es inviable por los altos costos y la incertidumbre en materia de cobertura.
