Los colombianos no logramos salir de la dolorosa escena del entierro colectivo de las víctimas de Salgar –tragedia que, se afirma, se preveía–, cuando terminamos la semana frente a dos hechos que impiden que levantemos cabeza: nuevamente guerra, porque esa es la consecuencia de la suspensión por parte de las Farc del fuego unilateral, y para completar, la presentación del oportuno informe de Transparencia por Colombia, que nos muestra de manera clara y contundente, cómo nos devora la corrupción política. ¿Habrá un coctel más explosivo para un país? Difícil encontrar uno peor.
Como todas las guerras de Colombia, país que sale de una para entrar en otra, los muertos los ponen los pobres; y con la insolidaridad que caracteriza a los sectores poderosos de este país –obvio, con valiosas excepciones–, es muy posible que la clase privilegiada no vea esto como una amenaza y menos si, como parece, nuestra economía ya está vacunada contra ese flagelo. Los costos del conflicto ya son parte de las cuentas del empresariado nacional e internacional, en eso no se equivoquen. Pero la realidad es que nuestros soldados, la mayoría de origen campesino; nuestros militares y policías, muchos de clase media, más la población rural, porque allí seguirán las confrontaciones, pondrán una nueva dosis de sangre. ¿Hasta cuándo?, es la pregunta del millón, pero la verdad es que ahora el panorama de la paz no se ve nada claro aunque siguen sentados en la mesa en La Habana tanto las Farc como el Gobierno.
Pero por lo menos en el tema de la paz no se han perdido todas las esperanzas, en el sentido de que, en medio de tantas dificultades, se llegue al fin de este conflicto no solo con las FARC sino con el Eln. Pero el tema de la corrupción política es realmente demoledor por varias razones, sin duda la más grave, es que no se vislumbra ningún cambio sino, por el contrario, lo evidente, es el total descaro de los líderes políticos. No les produce ni frío ni calor darle el aval a personas con historias que las asocian con delincuentes. Así de claro. El argumento de Arturo Char sobre la luz verde para que Omaira Pinto sea la candidata de su partido, Cambio Radical, a la gobernación de la Guajira, solo muestra una completa burla a los principios básicos que deberían guiar la política. No es sino darle un vistazo a los indicadores sociales de este departamento, que ha recibido en promedio el 7% de las regalías del país, para entender cómo se mueve 'la cosa política' en esa parte del país.
Ahora, la historia no termina en Antioquia, Guajira y Valle sino que se repetirá en casi todos los departamentos del país. No es sino mirar el Informe de Transparencia. Las alcaldías y gobernaciones además de los Consejos municipales están cooptados por esas mafias políticas locales apoyadas por sectores poderosos que han encontrado en la política sus negocios más rentables. Sin que sea Bogotá la excepción, ni mucho menos, preocupa realmente cómo este país se está convirtiendo en una serie de regiones cuyos dirigentes hacen lo que les place con un gobierno central incapaz de enfrentar esta realidad. Peor aún, es muy posible que algunos de estos empresarios de la política regionales invadan aún más los espacios de poder en otras regiones y lleguen finalmente a dirigir el país.
Corrupción y guerra es más de lo que una sociedad puede soportar. Estamos a tiempo para que se dé una reacción de la sociedad colombiana que, hasta ahora en silencio, ha rechazado estos comportamientos pero que le llegó la hora de reaccionar. Tal como están las cosas, parecería más fácil acabar la guerra que la corrupción. Qué horror.
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