A propósito del gobierno de Gustavo Petro y su propuesta de implementar un nuevo sistema de salud, el médico Camilo Chilatra hace para LA NACIÓN un recuento de cómo surgieron las EPS. Habla de las estrategias que han adoptado para crecer económicamente.
Diego Camilo Chilatra Sánchez
Médico, especialista en Cirugía General, especialista en Gerencia y Auditoría de calidad en Salud. Aspirante a maestría en Administración Pública. Fundador del Colegio Médico del Huila.
Hay un sol naciente para la democracia colombiana con la posesión del nuevo Congreso y del nuevo Presidente de la República. Las promesas de reforma esbozadas durante las campañas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional comienzan su trámite legislativo y ejecutivo para cumplir con el mandato popular de cerca de 11 millones de colombianos que decidieron confiarles la solución a los innumerables problemas que los afecta.
Uno de los pilares de la transformación que propusieron el entonces candidato Gustavo Petro y el Pacto Histórico, a través de las recomendaciones de muchas organizaciones gremiales como la Federación Médica Colombiana, Asmedas, Anec, entre otras, fue la de transformar el sistema de salud, eliminando la innecesaria e ineficiente intermediación que representan las EPS y priorizando la medicina preventiva.
En 1993 nació la ley 100, creando el sistema general de seguridad social integral, siendo la salud, uno de sus cuatro componentes dentro del marco jurisprudencial que introdujo en todos los países de Sudamérica los preceptos del neoliberalismo. Los hospitales de todo el país se transformaron en “ESE” -Empresas Sociales del Estado-, y sus antiguos “Directores”, se convirtieron en “Gerentes”, con la intención de que compitieran con el sector privado por los recursos billonarios que el Estado ponía en circulación a través de unas intermediarias denominadas EPS -Empresas Promotoras de Servicios de Salud-.
Así nacieron Saludcoop, Coomeva, Sanitas, Nueva EPS, Comfamiliar, Salud Total, Solsalud, entre otras, que se repartieron por todo el territorio nacional la gestión de la atención de millones de colombianos y sus familias en dos regímenes principales: uno pequeño en número de afiliados denominado “contributivo” dirigido a los aportantes obligatorios que tenían algún tipo de relación laboral contractual pública o privada, y un inmenso régimen “subsidiado” que cubría a la gran mayoría de colombianos que se encontraban desempleados o en la informalidad laboral urbana y rural. Estos dos regímenes tenían “planes de beneficios” diferentes y excluyentes, existiendo en apariencia mejores servicios para quienes contribuían económicamente al sistema, en contraste con los subsidiados, quienes se veían sometidos a condiciones de discriminación y menor cobertura. Esta diferencia fue desapareciendo paulatinamente con la unificación de los “planes de beneficios” luego de sendas confrontaciones legales y de movilización social durante más de dos décadas.
Las EPS, al ver que el Estado religiosamente les giraba billonarias sumas de acuerdo a la cantidad de afiliados a través de una figura denominada UPC (unidad de pago por capitación), comenzaron a crecer económicamente aplicando la primera de sus estrategias: evitar que sus afiliados accedieran a los servicios de salud ofrecidos por consultorios, clínicas y hospitales a través de un mecanismo tan arbitrario como la “autorización de servicios”, en la cual, un funcionario de la EPS con formación de auxiliar administrativa, “autorizaba” o no, las órdenes de un médico general o especialista. De esta manera se hacían largas filas desde la madrugada a las puertas de las EPS para gestionar un examen, una remisión o un procedimiento con el subsecuente desánimo de la población ante la constante “no autorización”, lo cual provocó a su vez el colapso de los servicios de urgencias.
Cuando los pacientes lograban por fin acceder a las clínicas u hospitales, las EPS aplicaban su segunda estrategia: la de evitar pagar a través de un mecanismo de control del gasto que denominaron “glosas”; estas consistían en desconocer el pago de un servicio (cirugía, examen, consulta), aduciendo cualquier pretexto, para lo cual entrenaron auditores, que usualmente eran médicos generales, hábiles en controvertir las decisiones de sus colegas médicos para justificar el no pago de miles de millones a clínicas y hospitales.
De esa manera, reconocidas EPS como Saludcoop, pudieron desarrollar su tercera estrategia de crecimiento: crear sus propias clínicas o IPS, situación denominada integración vertical, donde percibían recursos aún más gigantescos por ser tanto aseguradores como prestadores de servicios, ubicándose en una posición dominante que les permitió no solo constreñir la autonomía médica limitando la formulación de medicamentos, exámenes o procedimientos, sino reducir tarifas, salarios y garantías so pena de despido laboral.
Con las billonarias ganancias, pudieron incursionar en negocios de la construcción, resorts, y complejos de entretenimiento (para lo cual no estaban legalmente autorizadas), mientras desaparecía la industria farmacéutica nacional, entraban en quiebra cientos de hospitales emblemáticos como el San Juan de Dios de Bogotá, se pauperizaba la condición laboral de los trabajadores de la salud y miles de colombianos morían en sus casas esperando una cirugía, o a las puertas de un hospital en el “llamado paseo de la muerte”.