En este nuevo artículo escrito para LA NACIÓN, el médico y especialista Camilo Chilatra analiza los abusos de las EPS, sus tentáculos, privilegios y negocios.
Diego Camilo Chilatra Sánchez
La semana anterior se esbozaron las tres estrategias fundamentales utilizadas por las EPS para lograr tener un papel no solo relevante, sino dominante dentro del sistema de salud, y finalizó la argumentación proponiendo para esta entrega explicar cómo se produjo su ocaso; sin embargo, antes de introducirnos en ese tema, considero pertinente explicar de qué se trató ese período hegemónico.
El marco constitucional y normativo de los años 90 del siglo XX, permitió la expansión política y cultural del principio neoliberal de que la mano invisible del mercado es capaz de regular de todos los procesos sociales, entre ellos la salud. De tal manera que esta se definió como un servicio susceptible de comercialización y no como un derecho fundamental, oportunidad de negocio aprovechada por el gran capital financiero para invertir en la constitución de cerca de 72 EPS distribuidas por todo el país para repartirse las ganancias que dieran el manejo creciente del gasto en salud, que para el año 2000 era del 4.31% del PIB, y para el 2020 el 7.07%.
Estos dueños del capital financiero (grupo Aval, grupo Sura…) comenzaron a financiar las campañas políticas de la inmensa mayoría de las castas regionales por todo el país para asegurar el blindaje legislativo necesario en el Congreso, a tal punto, que, para el intento de reforma a la salud del año 2013 – propuesto por el gobierno-, al menos 18 congresistas se declararon impedidos para votar en razón a las pruebas de entrega de dineros de las EPS para sus campañas, tener contratos directos con estas, o incluso ser sus socios accionistas (El Espectador, junio 2013).
Más negocios
Pero sus tentáculos no solo se limitaban al poder legislativo, sino que se demostraron negocios directos entre Saludcoop y el entonces fiscal Eduardo Montealegre por cerca de 5.000 millones de pesos, lo cual explicaría que fuese uno de los principales defensores de Carlos Palacino, expresidente de esa EPS, quien terminó condenado a 10 años de prisión por malversación de al menos 770 mil millones de pesos en gastos personales, al afirmar que Palacino “actuaba de buena fe” (Caracol 8 de mayo de 2019, RCN 9 de mayo de 2019). Hubo incluso información del Consejo Nacional Electoral en la que se señaló que el partido de la U ocupó el primer lugar como beneficiario de las EPS y entidades de salud, con $445.000.000 en el año 2010, que coincide con la campaña a Presidencia de Juan Manuel Santos (Revista Semana, nov 2013).
Todo lo anterior explica el gran peso político y administrativo de las EPS dentro del sistema de salud, llegando a determinar no solo el control financiero, la administración y gestión del riesgo en salud, la determinación de la asignación del gasto, sino evitando las eventuales propuestas de reforma al sistema que apenas se comenzaban a estructurar desde los sectores alternativos y la sociedad civil, en aras de mantener sus privilegios, que dicho sea de paso, les permitió dejar de pagar a las IPS (clínicas y hospitales) por servicios prestados a sus afiliados, hasta asfixiarlos y obligarlos a que adquirieran créditos bancarios (con los mismos bancos dueños de las EPS) para que pudieran pagar las obligaciones con sus trabajadores (personal de salud) y con sus proveedores, otorgándoles créditos blandos para que fueran canceladas en plazos de 15 ò 20 años (Revista Semana, sept 2016).
Fue tan abusivo el papel de las EPS como actor financiero en el sistema de salud, que para el 2020, cuando comenzó la pandemia por la covid-19, lograron que el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, y a pesar de su propia declaratoria de emergencia nacional en salud, les fueran girados cerca de 8.5 billones de pesos a los bancos, de los cuales, 3 billones fueron a parar las cuentas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) a través de Sura y Bancolombia, y 2 billones para Luis Carlos Sarmiento Angulo y su grupo Aval, en lugar de llegar a sanear las finanzas de los hospitales y clínicas del país a través de giros directos (La República, junio 2020).
No siendo suficiente lo anterior, las EPS que se declaraban en iliquidez recibieron prerrogativas económicas por parte del gobierno nacional para sanear sus finanzas en plazos extendidos de acuerdo a sus exigencias, ordenaron ajustes arbitrarios a la UPC, hicieron recobros ilegales al FOSYGA por medicamentos, servicios y procedimientos incluidos en el POS (plan obligatorio de salud) por más de 4 billones de pesos y financiaron con nuestros recursos gran parte de la violencia paramilitar en muchas regiones de nuestro país (El Tiempo, julio 2015).