Cinco años después de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Antonio José Lizarazo, advirtió que el país aún está en deuda para cumplirla.
El magistrado cuestionó las constantes críticas de diferentes sectores, desde el económico hasta el político, respecto a esa paz que se firmó hace cinco años y los hechos de violencia como el asesinato de líderes y lideresas sociales que sigue siendo una constante en el país
“Vemos diariamente noticias sobre la situación de violencia en algunos territorios, la afectación de derechos fundamentales donde todavía no ha sido posible hacer efectivas las garantías constitucionales”, dijo.
El magistrado dijo que no solo en esa firma de paz quedó claro que la paz es un derecho, sino que también está reconocida en la Constitución de 1991.
“Está reconocida no solo como un derecho, sino como un deber y como una finalidad de un estado social de derecho desde la convivencia pacífica y también es un deber de los colombianos contribuir a la consolidación de la paz”, dijo.
Lizarazo también señaló que “la Constitución protege el derecho a la vida, a la paz y la convivencia pacífica como un fin esencial del Estado, en consecuencia, cualquier hecho o acto de violencia que afecte la vida de cualquier colombiano es el más brutal acto de agresión de los derechos porque sin vida no hay más derechos”.
“Segar una vida no es solo afectar a su familia, sino impedirle a la sociedad conocer la verdad de esa persona, los relatos de los hechos que pueda conocer y eso afecta a las víctimas en general”, dijo el magistrado.
Las declaraciones del magistrado se dieron en el marco del XIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional promovido por la Universidad Libre de Cúcuta y la Corte Constitucional.
Con información de RCNradio.com