La crisis financiera de los hospitales en el departamento del Huila no es nueva. Según el secretario de Salud Departamental, Carlos Daniel Mazabel, la alarma fue prendida en 2012 como resultado del seguimiento que los ministerios de Hacienda y el entonces de la Protección Social venían haciéndole a todas las ESE del país.
Fue así como se estableció que al menos 600 empresas sociales del Estado tenían problemas financieros y fiscales, entre ellas 21 del departamento del Huila. Ellas fueron catalogadas en riesgo medio y alto.
Para el caso del departamento del Huila, específicamente el panorama preocupante se centra en todas las ESE de primer nivel.
Sin embargo, como parte de la búsqueda de una salida, el Gobierno Nacional ha ordenado a los entes territoriales que comiencen a darle forma a una especie de tabla de salvación que permita sacar del apuro a estas entidades de salud.
¿Qué pasa?
De acuerdo con el informe, las entidades en riesgo medio o alto, lo están por varias razones.
En primer lugar, debido a inconvenientes administrativos de gestión, por flujo de recursos como consecuencia de una cartera que está perdida en EPS en liquidación, y que de paso no garantizaron los suficientes recursos.
Pero eso no es todo. También hay que decir que en muchos de los casos de crisis en algunas de las ESE no contaron con una dirección adecuada, es decir hubo muchas debilidades y desaciertos de tipo gerencial.
Esto, por supuesto terminó llevando a varias entidades a enfrentar dificultades fiscales y financieras.
También sucedió con algunas ESE como la del municipio de Altamira donde por su número de usuarios no pudo garantizar sus sostenibilidad de toda la institución.
“Desafortunadamente los 37 municipios del departamento del Huila está descentralizado, es decir es obligación el ente territorial del orden municipal, direccionar su prestación de servicio. Hoy, tenemos inconvenientes, y se sabe que hay varios municipios que van a estar en problemas financieros y van a estar en riesgo medio –alto”, asegura Mazabel.
Precisamente uno de esos municipios que presentan esta clase de situaciones es el de Elías en donde la ESE municipal como plan de contingencia, ha tenido que disminuir la prestación de servicios.
Ahora, éstos se están prestando a través de la ESE del municipio de Timaná, con el fin de garantizar sus sostenibilidad y de paso la prestación del servicio a sus pacientes.
“Pero no es el único municipio, es solo un ejemplo, porque a pesar del trabajo gerencial, siempre van a tener inconvenientes financieros”, explica el Secretario de Salud Departamental.
Tabla de salvación
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda y de la Protección Social ordenaron presentar un plan de salvamento fiscal y financiero.
Es decir, el objetivo es que se diseñe un plan de gestión. Y en primera instancia, según Mazabel, el Gobierno Departamental optó por no comprometerse a liquidar ninguna de esas 21 instituciones en líos fiscales y financieros.
Todo ello, pese a que la orden del Gobierno es comenzar a liquidar toda ESE que no dé resultados. Pero para la Secretaría de Salud, esa no es la salida.
Por eso, para Mazabel, lo que hay que hacer es buscar fórmulas salvadoras del orden nacional. Y lo primero que a su juicio es lo que debería suceder es establecer un mecanismo normativo que termine en la sostenibilidad de estas instituciones pero con cofinanciación del Ministerio.
Quiere decir, que lo que se propone es que su recurso humano se pueda sostener a través de un giro directo, que en este mismo instante no se da.
“Pero además, que para estas instituciones haya un ordenamiento porque los municipios fueron creados desde el orden nacional y se haga el ordenamiento. Es q ue es imposible que nosotros desde el proceso de descentralización poder llevar a centralizar este proceso de servicio”, advierte el funcionario.
Planes de saneamiento
En el caso las 21 ESE huilenses en problemas financieros y catalogadas en riesgo medio-alto, éstas presentaron los planes de saneamiento fiscal y financiero exigidos por el Ministerio de Hacienda, de los cuales 18 fueron aprobados.
Por un valor de $8.300 millones en pasivos sumado a otros componentes de tipo gerencial para poder salir de la crisis.
Las tres ESE cuyos planes de saneamiento no fueron aceptados pertenecen a los municipios de Nátaga, Íquira y Paicol, aunque en su caso la Superintendencia Salud aprobó el suyo esta semana como parte de los resultados del seguimiento que se les viene haciendo por parte de esta entidad.
Siguen pendientes Nátaga e Íquira que de todas maneras siguen en observación. “Entonces, esos $8.300 millones, lo que se planteó es que se debe terminar con esos pasivos a través de la cofinanciación del Municipio por cuentas maestras y esfuerzo propio en el cual el valor es de $3.180 millones, y por esfuerzo propio, $1.345 millones. Es decir, municipios que hacen esfuerzos para hacer un crédito para poder posibilitar el salvamento de la institución por recursos del Departamento que están por el orden de los $2.200 millones y por recursos que nos quedarán de la Nación, por alrededor de $900 millones para hacer esa cofinanciación”, explica Mazabel.
La buena noticia es que los convenios de cofinanciación ya se comenzaron a realizar por parte de los municipios a través de cuentas maestras y esfuerzo propio.
De hecho, el año pasado se hicieron convenios con la ESE de Teruel, Suaza, Elías, y Baraya. Por un total de $433 millones.
Siguen pendientes otros por un valor de $1.657 millones para este año, los cuales ya se están adelantando, según revela Mazabel.
Además, se está buscando recursos del orden nacional para otros municipios como Hobo, La Argentina y Timaná.
“En esos estamos trabajando, ya los recursos por parte del Departamento y la Nación están, sin embargo, la normatividad y la reglamentación nacional no es tan expedita para la realización de los convenios y estamos en este momento en proceso de inducción para volver a plantear esos pasivos y hacer los convenios respectivos”.
Panorama preocupante
Así las cosas, lo que se espera es que al 31 de diciembre esos acuerdos estén ya listos para que las entidades con problemas financieros hayan logrado disminuir sus pasivos a cero.
No obstante, es pertinente señalar que una vez una ESE es catalogada con riesgo fiscal y financiero medio-alto, el Ministerio no la saca hasta cinco años después de su ‘lista negra’, aunque haya logrado sanearse.
A ello hay que sumarle, según Mazabel, que sin duda la situación seguirá repitiéndose de manera continua, pues para empezar el Departamento no cuenta con fuentes de financiación, y en algunas de las ESE no hay suficientes recursos para poder garantizar la funcionalidad.
Como si fuera poco, la liquidez de las empresas sociales del Estado depende del flujo de recursos, y el problema es que aún no se ha determinado cómo se garantizará que eso suceda con las ESE y las IPS.
Para completar, estas entidades cargan con el lastre de una cartera casi incobrable por parte de las EPS que han sido liquidadas.
Es decir, esa plata está casi perdida y sería iluso contar con ella. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que esa cartera alcanza alrededor de los $150.000 millones, principalmente representada en las ESE departamentales.
Tampoco se ha reglamentado o dicho nada por parte del Ministerio, de las ESE creadas cuya sostenibilidad financiera no está garantizada por el número de usuarios.
Caso Altamira
Al llegar la administración del gobernador Carlos Mauricio Iriarte, se encontró a la ESE de Altamira totalmente liquidada, sin posibilidad alguna de que se salvara.
Es que para empezar no tenía ni gerente, y mucho menos recursos para pagar unas deudas que superaban la posibilidad de pago.
“Eso fue en el primer semestre de 2013 y desde ahí hemos venido trabajando con el Ministerio de la Protección Social, el municipio de Altamira y el Departamento, elaborando una propuesta para posibilitar la liquidación administrativa, es decir, la terminación de esa entidad que estaba totalmente afuncional y obsoleta”, subraya el secretario de Salud Departamental, Carlos Daniel Mazabel.
A finales del 2014, se dio paso a la entrega de recursos del orden nacional lo que ha permitido que a mayo de este año, ya se han realizado convenios de cofinanciación con el Municipio de Altamira para desarrollar el proceso de liquidación.
Su valor es de $2.150 millones, de los cuales $1.200 millones serán cubiertos por el Gobierno Nacional y lo que resta, corre por cuenta del Departamento.
Eso sí, se garantiza la prestación del servicio a través de una ESE alterna que es la del municipio de Guadalupe, de primer nivel.
De 4.000 usuarios que aproximadamente tiene el municipio de Altamira, solo hay contratados con Guadalupe, 2.100. “Pero el compromiso que existe con la ESE que va a operar la prestación del servicio es que tan pronto se inicie el servicio de liquidación, el alcalde entrega en contrato de uso la estructura de la ESE y allí va a prestar el servicio en todo lo que tiene que ver con la parte ambulatoria”, precisa Mazabel.
Además, se dispondrá de una red de referencia con ambulancia con el fin de posibilitar la atención de eventuales urgencias en horas no hábiles.
Y una vez vayan ingresando los usuarios cuyo número está calculado, la prestación del servicio se prestará durante las 24 horas en Altamira. Es decir, se sigue atendiendo pacientes porque lo que se acabó fue la institución como tal.
Sin embargo, ese número de usuarios que se espera completar no tiene nada que ver con los que llegarán como consecuencia de la construcción de la represa El Quimbo, afirma Mazabel.
Se trata de población del régimen contributivo e incluso del subsidiado, que desde antes de 2013 se retiró de la ESE de Altamira por el mal servicio prestado, y se fue a otras localidades como Garzón, Guadalupe y Tarqui.
Las ESEs en riesgo medio-alto
Municipio
Colombia
Hobo
Íquira
La Argentina
Nátaga
San Agustín
Tello
Teruel
Agrado
Algeciras
Campoalegre
Paicol
Suaza
Timaná
Baraya
Elías
Gigante
Isnos
Palestina
Saladoblanco
Villavieja
FOTO: Gracias a los planes de contingencia, las 21 ESEs municipales en riesgo alto-medio comienzan a recuperarse.