La Defensoría del Pueblo advirtió que todos los municipios del Huila presentan algún tipo de alerta para los defensores de derechos humanos, reveló cuáles son los grupos al margen de ley que más asedian, y las cifras de conductas vulneratorias como amenazas y homicidios, entre otras, contra este grupo poblacional.
CATERIN MANCHOLA
En cinco municipios del Huila el riesgo es extremo y en otros ocho es alto para que personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos lleven a cabo su labor.
El nivel de riesgo va desde bajo hasta extremo y mide la potencial materialización de hechos de violencia con afectaciones a la vida, integridad y libertad personal; en Huila todas las localidades cuentan con algún grado de advertencia.
Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana nacional de riesgo número 019 de 2023 donde la entidad realizó un proceso de monitoreo, análisis, valoración y advertencia para las acciones que desarrollaron estos grupos de personas en el país durante 42 meses.
Algeciras, Íquira, La Plata, Nátaga y Neiva fueron catalogados con riesgo extremo y esto significa que allí es inminente la ocurrencia de hechos de violencia con afectaciones graves a la vida, integridad y libertad personal contra dichos activistas. Además, se han registrado acciones de violencia por parte de grupos armados al margen de la ley o grupos de crimen organizado y fueron consumados los riesgos advertidos en otras alertas tempranas de la Defensoría.
“Estos riesgos se expresan en homicidios, amenazas contra la vida y la integridad personal; atentados; presiones o actos de constreñimiento a líderes; y control territorial y poblacional, lo que puede traer como consecuencia desplazamientos forzados, confinamientos o restricciones a la circulación”.
A su vez el riesgo es alto en Aipe, Baraya, Isnos, La Argentina, Palermo, Pitalito, San Agustín y Tello, donde hay probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia cometidos por grupos armados ilegales y se registró la consumación de hechos de amenaza.
En los restantes 24 es medio (6) o bajo (18). En el primero hay indicios de la presencia, acción, tránsito o confrontación de grupos armados ilegales y grupos crimen organizado y se han anunciado ataques, se desarrollan determinadas acciones ilegales y utilizan el territorio como escenario de disputa, corredor de movilidad o zona de refugio y avituallamiento. En tanto que en el segundo hay indicios de la presencia pero no ocurrieron hechos de violencia.
Las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’ es el grupo al margen de la ley con mayor presencia en el departamento, con indicios en el norte, centro y sur. En detalle los grupos al margen de la ley que tienen en algún nivel riesgo a todos los municipios del Huila son:
- Ejército de Liberación Nacional (Eln): Baraya, Tello, Neiva.
- ‘Iván Mordisco’ (disidencia Farc): Neiva, Santa María, Teruel, Íquira, Nátaga, Tesalia, La Plata, Algeciras, Paicol, Palermo, Campoalegre, Aipe, Acevedo, Palestina, San Agustín e Isnos.
- Segunda Marquetalia: Neiva, Baraya, Tello, Colombia, Aipe, Villavieja.
- Grupos de crimen organizado pos Epl: Pitalito
Más de 3 años de estudio
Es importante precisar que el estudio en cuestión comprende más de tres años, iniciando en septiembre del 2019 y finalizando en diciembre del 2022, en total se analizaron 42 meses seguidos. En sus más de 150 páginas da cuenta al Gobierno Nacional de la evolución del escenario de riesgo en todo el país, en uno de sus apartados subraya que durante estos años ocurrieron importantes hechos de impacto nacional y territorial como lo fue la pandemia covid-19, el estallido social en el 2021, las Elecciones de 2022, entre otras y hace un análisis a cada uno. La última vez que se emitió este tipo de alertas de carácter nacional fue en agosto del año 2019 (mediante AT 026- 18 en 2019); así pues, se trata de una actualización.
Entre los hallazgos muestra que “hay una exacerbación del conflicto o sostenimiento de la violencia armada” y los insurgentes se han fortalecido, existe “un agravante: el incremento de los cultivos de uso ilícito, el tráfico de drogas ilícitas y la injerencia de actores internacionales del narcotráfico y el crimen organizado, han impulsado además de las acciones tradicionales de violencia producto del conflicto armado interno, un incremento de la capacidad bélica”.
En cifras concretas en el país se han registrado 2.974 conductas vulneratorias de las cuales 2.851 son de carácter individual y ocurrieron contra personas defensoras y líderes sociales; así como 123 de ellas son de carácter colectivo y fueron contra organizaciones sociales o defensoras de los derechos humanos y pueden suponer violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior tuvo lugar en 510 municipios y en todos los departamentos del país, pero la entidad también deja claro que existe un subregistro de eventos adversos en gran parte del territorio nacional.
De los mencionados hechos en Huila se han reportado 37 casos de amenazas, 18 homicidios y 3 atentados contra quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. Pero no figuran casos de desplazamiento forzado, lo cual es extraño pues es ampliamente conocido que entidades como Personerías Municipales de Algeciras y Neiva han reportado hechos y alertas. Tampoco se registraron extorsiones, sin embargo, este delito también cuenta con víctimas en el departamento.
De acuerdo con la Defensoría cualquier acción violenta contra los derechos de estas personas “tiene un impacto negativo para las comunidades y la sociedad en general, pues genera daños profundos para el tejido social. De ahí que cuando se quiere acallar a una colectividad que busca cambios o mejoría en el acceso a sus derechos, y esto afecta intereses de diversos sectores, el mensaje más contundente, es atacar a una persona defensora de derechos humanos o líder social y en el peor de los casos, cegar la vida de estos activistas”.
Uno de los aspectos que llama la atención tiene que ver con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues para la Defensoría esta “es una de las mayores capacidades que tiene el Estado colombiano para contener los efectos de la violencia física y material” y que cuenta además con “un enorme presupuesto, pero que después de 12 años de funcionamiento debe ser intervenida integralmente para garantizar que haga su trabajo con eficiencia y transparencia”.
El documento precisa que el riesgo de vulneraciones no está explicado únicamente por el accionar de grupos armados ilegales y grupos criminales, pues, dicha probabilidad de violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario también se exacerba y posibilita en contextos “con marcada ausencia o presencia diferenciada del Estado”.
Finalmente, es importante resaltar que la alerta también tiene como propósito promover la adopción de medidas de prevención, atención y protección por parte de las autoridades competentes.
Niveles de riesgo en Huila
