Con tres objetivos, con consecuencias disfrazadas para la seguridad ciudadana, el gobierno radicó en el Congreso el proyecto que “humaniza la política criminal y penitenciaria del país”, desatando voces a favor y en contra, como la mía en particular, que a continuación explicaré.
El primer propósito de la iniciativa, de 83 artículos, es disminuir el hacinamiento en las cárceles, disminuyendo penas y abriendo cuestionables beneficios a los condenados como poder cumplir la penalidad fuera de la prisión durante el día y regresar en la noche, lo que conlleva un potencial peligro para las víctimas y la seguridad ciudadana.
Pregunto: ¿En dónde queda el castigo constitucional de privar de la libertad a quien haya infringido la ley? ¿En dónde, la sanción punitiva al delincuente, elemento central del sistema penal en Colombia? ¿En dónde, la responsabilidad y consecuencias del daño causado a la sociedad, proporcional al delito? ¿Dónde queda el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación de los daños recibidos, al resarcimiento? ¿Quién le garantiza la protección del victimario libre?
Y es que este proyecto no ha sido convalidado por ninguna organización de víctimas. No hay estudios previos sobre el impacto en la seguridad ciudadana. Menos se conocen conceptos de los alcaldes por el posible incremento de la delincuencia callejera. Y se cuestiona si tiene el Inpec la capacidad de enfrentar tamaño desafío. No olvidemos los permanentes escándalos intramurales.
No podemos permitir que a un número masivo de delincuentes se les beneficie (no sabemos cuáles delitos serán cobijados) con una ley desarticulada, mientras los buenos siguen sin seguridad ni protección y ahora de repeso sin justicia. El ciudadano de a pie incrementa a diario las cifras de diversas modalidades de extorsión, atraco, hurto callejero de celulares y bicicletas, etc.
Compartimos el principio del respeto a la dignidad humana, la resocialización penal del infractor, una justicia restaurativa, un acuerdo entre la víctima y el procesado, soluciones a la crisis penitenciaria, con nuevas o ampliación de cárceles dignas, la reestructuración real del Inpec y disminuir la sobrepoblación carcelaria. Pero, reclamamos el derecho de las víctimas al resarcimiento, elemento vertebral del sistema penal colombiano. Y rechazamos que por el ‘premio’ de favores y libertades dentro de poco los delincuentes se paseen envalentonados por los barrios sin miedo a penas severas porque en la noche dormirán plácidos en la casa.
De otra parte, como madre, defensora de la familia, por el bien jurídico, la unidad de la sociedad y consideraciones religiosas me opongo a otro objetivo del proyecto: el que deroga varios delitos, como la inasistencia alimentaria y el incesto, “al considerar que no merecen un reproche penal, sino sanciones o cuestionamiento a través de otras disciplinas”. Qué tal eso.
Por todo lo anterior, tengo la esperanza de que los congresistas escuchen y atiendan las millones de voces en contra de esta polémica iniciativa que no humaniza el delito, sino que contribuye a la impunidad y humilla a la víctima.