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Iglesia católica, empresa del crimen organizado transnacional  

Iglesia católica, empresa del crimen organizado transnacional    1 14 agosto, 2020

Juan Pablo Barrientos

Periodista de Vorágine y autor del libro Dejad que los niños vengan a mí

 

En Estados Unidos investigaron a la Iglesia católica bajo esta figura, la de empresa del crimen organizado, y encontraron que actúa igual que las mafias, con el agravante de que es legal y socialmente aceptada.

En Colombia, esta Iglesia se escuda en el fervor de un país mayoritariamente católico y en la protección del Estado mediante el Concordato, tratado internacional de 1973, existente en poco más de veinte países, casi todos del tercer mundo, el cual da beneficios penales a los curas denunciados por cualquier delito.

Las curias se ufanan de tener archivos secretos donde reposan miles de historias de agresiones sexuales contra menores que nunca llegaron al escritorio de un fiscal colombiano, pero sí a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como la fiscalía del Vaticano, la cual decide si absuelve, suspende o condena al sacerdote acusado. La “condena” por abusar sexualmente de un menor es la expulsión del sacerdocio y una vida en oración y penitencia.

Estamos ante un Estado, el más pequeño del mundo (Ciudad del Vaticano, 0,44 km2, 800 habitantes), que imparte justicia en otro (Colombia). Más que una institución religiosa, la Iglesia es una institución política, con un jefe de Estado (el papa), un banco central (Banco Vaticano), su propio sistema jurídico (derecho canónico), ejercido por sus propios abogados (abogados canónicos) en sus tribunales (tribunales eclesiásticos) y con diplomáticos en todo el mundo (nunciaturas).

Es la Iglesia como estructura —porque no son casos aislados ni manzanas podridas— la que ha protegido y encubierto a cientos de miles de criminales escondidos bajo una sotana para violar a menores. La plataforma es perfecta: 250.000 parroquias en todo el mundo para trasladarlos cuando se enteran de un abuso. Recientes cifras muestran, al menos, 100.000 denuncias por pederastia, pero los casos no denunciados pueden ser cinco veces mayores. Décadas de impunidad para protegerse de pagar indemnizaciones por abuso sexual a menores, que pueden ser multimillonarias cuando las ordena un juez. Como la mayoría de las víctimas son pobres, las despachan con cualquier miseria.

Basta ver la cúpula colombiana para entender que no somos ajenos al problema: el cardenal y saliente arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, junto a su Tribunal Eclesiástico, presidido por los curas Pedro Mercado, su compinche de toda la vida, y Mauricio Uribe, exconjuez de la Corte Constitucional, capellán y decano de la Universidad Sergio Arboleda, pisotearon durante años la dignidad de las víctimas.

Ni hablar de Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Villavicencio. Pronto se conocerá cómo manejó el caso de los más de treinta curas que abusaron de un hombre desde sus 13 años. Y el vicepresidente y arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, quien ha encubierto abusos desde 2003. Ellos dos eran los más seguros sucesores de Salazar en Bogotá, pero el nada ingenuo papa Francisco los dejó viendo un chispero.

La ONU define el crimen organizado como “un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha existido por un periodo de tiempo; actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible; con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material”. Y el delito no solo es el abuso sexual a menores, como lo demuestra el caso de Villavicencio, sino también el encubrimiento.

La Iglesia, al operar en varios países, es entonces una empresa del crimen organizado transnacional. Una empresa que también es un Estado.