Con la reforma tributaria del presidente Santos en trámite ante el Congreso, aspira a recaudar a partir de 2015 a 2018 $53.1 billones, un promedio anual de $13.3 billones, con estos recursos pretende cubrir el déficit fiscal del próximo año de $12.5 billones.
Muy preocupados se encuentra los empresarios por el anuncio del gobierno, del cambio de ropaje al impuesto de patrimonio por el denominado impuesto a la riqueza, el cual es considerado un desestimulo a la inversión, voceros reconocidos del sector privado prefieren mejor una sobre tasa al impuesto a la renta.
Los contribuyentes deben comenzar repensar la planeación tributaria, quienes tengan un patrimonio entre $1.000 y $2.000 millones pagaran una tarifa de 0,2%; de $2.001 a $3.000 millones la tasa impositiva será de 0,35%; los bienes de $3.001 a $5.000 millones 0,75% y para capitales superiores a los $5.001 millones pagarán el 1,5%. Este impuesto se causará a partir del Enero 1 de 2015, como quien dice con el patrimonio líquido al cierre del ejercicio contable a diciembre 31 de 2014, se causa una sola vez y se pagará por cuotas. El recaudo en el año 2015 se ubicará en $6.2 billones, para cubrir con este impuesto el 50% del hueco fiscal; la sobretasa al “cree” aporta $2.5 billones y el impuesto del cuatro por mil ayudará al desbalance de las finanzas del estado $3.4 billones.
En Colombia ha hecho carrera la famosa frase, que “nada más permanente que los impuestos temporales”, con ese cuento la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad “cree” de 3%, lo pagarán las empresas con utilidades superiores a los $1.000 millones, cuando las utilidades exceda dicho valor solo se aplicará a aquellos valores que excedan ese monto.
En el proyecto de reforma se tiene previsto disposiciones de normalización tributaria, donde sin dar muchas explicaciones los contribuyentes podrán declarar los activos omitidos en el país o en el exterior, en cuantía igual o superior a $8000 millones, cancelando un impuesto de 10%, también se tiene previsto a los evasores una pena de prisión entre cuatro a nueve años.
Los contribuyentes permanentemente se quejan de la “dictadura tributaria de la Dian”, contra los ciudadanos cumplidores de sus obligaciones fiscales, mientras existen sectores evasores que no figuran con los registros de las autoridades tributarias, sobre los cuales no aplica la misma mano dura, falta más control a la corrupción.