La decisión fue anunciada ayer por el Fiscal 20 Seccional de Neiva de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, ante el Juez Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Garantías.
El delegado fiscal imputó a la mandataria los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por acción, por adelantar el proceso de licitación para la concesión del alumbrado público sin tener en cuenta los sustentos técnicos, financieros y sociales que implicaba el comprometer vigencias futuras por 8.000 millones de pesos.
El funcionario judicial agregó que imputó el delito de peculado por acción a los concejales Henry Castillo Casas, Milton Gerardo Cortés Cuéllar, Henry Cuéllar Almario, Lady Nelcy Lizcano Quintero, Reinado Polanía Losada, Ligia Esperanza Quintero Polo, Mercedes Ramírez Montenegro y Hernando Rodríguez Polanía.
El grupo de servidores aprobó y sancionó en dos sesiones de junio de 2012 el Acuerdo Municipal 012, que facultó a la Alcaldesa para comprometer vigencias futuras y entregar en concesión por 20 años el sistema de alumbrado público.
Según las pesquisas, los concejales y la alcaldesa Triviño habrían incumplido requisitos legales establecidos para comprometer vigencias futuras excepcionales.
Las investigaciones establecieron que los servidores públicos habrían dado facultades a la Alcaldesa para que adelantara el proceso de licitación “sin tener en cuenta los sustentos técnicos, financieros y sociales que implicaba el comprometer vigencias futuras por 8.000 millones de pesos y por un periodo de 20 años”.
Las facultades dadas a la mandataria por los concejales se dieron pese a que el Tribunal Administrativo del Huila había declarado inválido el acuerdo municipal para comprometer las vigencias futuras y entregar en concesión el alumbrado público.
