A pocos meses de que la contralora Sandra Morelli declarara: “Colombia está al borde de un desastre ambiental” se creó el pasado 8 de enero A pocos meses de que la contralora Sandra Morelli declarara: “Colombia está al borde de un desastre ambiental” se creó el pasado 8 de enero, en medio de una aguda polémica entre empresas mineras y ambientalistas, el Parque Natural Regional Santurbán sobre un área de 11.700 hectáreas. La medida fue presentada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, como un logro que favorece el bosque alto andino y un importante río de la región. Sin desconocer los esfuerzos hechos, destacados dirigentes santandereanos manifestaron inconformidad debido a que la propuesta inicial contemplaba un área de 20.000 hectáreas de las 100.000 que es la extensión estimada del páramo. La multinacional canadiense “Eco Oro” cuenta ya con autorizaciones de explotación en un área mayor a 50.000 hectáreas. Un creciente desasosiego se apodera de ambientalistas y comunidades locales ante el anuncio del Gobierno de ofrecer en el segundo semestre de 2013 a inversores nacionales y extranjeros un área de 20.5 millones de hectáreas para exploración, que adjudicará a través de subasta. Voces de protesta a lo largo y ancho del territorio nacional se han hecho sentir, desde los hijos del venerable cacique Doima en la Cordillera Central en el Tolima enfrentados a la voracidad de la Anglogold Ashanti y el envenenamiento de sus aguas, hasta los tradicionales mineros de Marmato en el oriente de Caldas. Medios escritos afirman que más de 300.000 hectáreas del campesinado se entregarían a la explotación minera y que el auge minero-energético pondría en vilo el futuro de 563.000 familias cafeteras. Se advierte que 5.3 millones de campesinos en Colombia entrarían en conflicto con la minería a gran escala. Numerosos proyectos de minería, infraestructura, hidroeléctricas e incluso turismo, están en el ojo del huracán. Una novedosa “rebelión institucional” comienza a tener cuerpo. El propio gobernador Sergio Fajardo, habla de la necesidad de cuidar el suroeste antioqueño que bien podría quedar sepultado por una minería que no reconoce sus valores ambientales y culturales. La Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, no quiere saber de minería en los espacios rural o urbano del Distrito Capital. Los concejos municipales de Támesis, Urrao y el Jardín en Antioquia, han expedido acuerdos prohibiendo cualquier tipo de explotación minera en sus jurisdicciones. La definición de políticas inclusivas que involucren a los diversos actores sociales, la defensa de los intereses supremos de la Nación, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos sociales, así como la fijación de reglas claras para las multinacionales y la transparencia en sus operaciones, se colocan al orden del día en medio de una turbulencia social in crescendo.