Francisco José García Lara
Que un abogado interponga una tutela para modificar una política de salud pública es exótico, pero aún mas extraño es que un juez conceda el amparo.
En una democracia de verdad la rama judicial no se mete en los temas del ejecutivo y las políticas de estado en salud pública no se modifican desde una simple concepción jurídica puesto que requieren de conocimiento y experticia en el área.
Recordemos que en la historia reciente la rama judicial ha determinado políticas de estado en salud como por ejemplo en la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, en la cual se le dieron directrices y se fijaron tiempos al gobierno nacional para tomar medidas encaminadas a garantizar el derecho fundamental a la salud.
Las dos situaciones aparentemente son similares, pero en realidad son diametralmente diferentes, en la primera hubo una orden al ejecutivo para modificar una política de salud publica y volver a solicitar las pruebas PCR a viajeros internacionales, las cuales no impiden la entrada de nuevos contagiados al país, ni mucho menos frenan el crecimiento de casos en la pandemia porque hace rato la tenemos diseminándose entre nosotros.
La segunda, obligó al gobierno a tomar decisiones de salud publica pero sin decirle como hacerlo, la corte entendió que su conocimiento no incluía ese campo y le dio unos plazos al ejecutivo para que modificara aspectos sustanciales de tal modo que se garantizara el derecho a la salud.
Entonces, la intervención de la rama judicial no es per se buena o mala para ordenar que se establezcan políticas públicas, lo fundamental es la manera como lo hace y para que se hace, una cosa es dar plazos para que se garantice el derecho, y otra, muy diferente, es revocar una medida de salud pública mediante una tutela.
En todo caso, es evidente que nos falta información y conocimiento sobre el sistema de salud para comprender por ejemplo que no es igual a hospitales, o conocer cómo opera el sistema y la manera en que se toman y fluyen las decisiones, si el abogado que interpuso la tutela hubiese tenido esos conocimientos básicos no habría acudido a ella, y el juez no hubiese fallado de esa manera.
La función de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre los temas de salud corresponde al ejecutivo y no se han hecho mayores esfuerzos para cumplirla, por esa razón seguiremos teniendo fallos como el que se ha mencionado y el gobierno nacional seguirá siendo un perplejo espectador de lo que su propia incompetencia provoca.
garcia.francisco@javeriana.edu.co