Francisco José García Lara
Por el proceso electoral, pasó desapercibido el fallo de la corte constitucional sobre la entrega a Coomeva EPS de dineros que un juez había ordenado embargar.
Desde septiembre de 2021, como medida cautelar, la misma corte ordenó que se liberara el dinero. Ahora, en sentencia del presente mes, además de ratificar el desembargo, dispuso que la superintendencia financiera emitiera una circular informando a su vigilados el contenido de la sentencia, y que el consejo superior de la judicatura divulgue la jurisprudencia entre los despachos judiciales para que sea tenida en cuenta en los procesos que involucran dineros del sistema general de seguridad social en salud.
Tan aberrante decisión jamás debió llegar a la corte, por la simple y contundente razón de que por normas constitucionales, los mencionados dineros no pueden ser embargados. No obstante, el juez decidió desacatarlas y ordenó el inconstitucional embargo, de nada sirvieron las intervenciones de la procuraduría, el ministerio y la superintendencia de salud, los dineros quedaron congelados hasta tanto la corte expidió su fallo, dificultando la atención a los afiliados a Coomeva EPS, cuya liquidación fue ordenada en enero de este año por la superintendencia de salud, debido a que no garantizaba la mencionada atención.
Adicionalmente, a Coomeva EPS, el estado colombiano, la rama ejecutiva en este caso, le adeuda cuantiosos recursos por las intervenciones, dispositivos y medicamentos no incluidos en el plan de beneficios en salud (PBS), que hasta la fecha no han sido cancelados dentro del denominado acuerdo de punto final, cuya responsabilidad es de la administradora de los recursos de la seguridad social en salud (ADRES).
Cuestionémonos entonces: ¿el embargo ordenado desde la rama judicial y la deuda de la ADRES con Coomeva EPS fueron las causantes de las dificultades para la atención de los afilados en dicha EPS y su posterior liquidación?
Esa inquietud debería resolverla la superintendencia de salud, pero sabemos que por esos lares tal interrogante poco preocupa porque es mejor que el estado se haga pasito, no vaya a ser que los ciudadanos se den cuenta que los problemas financieros del sistema de salud colombiano tienen parte de su origen en el propio estado, que en lugar de cumplir, ordena embargos ilegales y no paga lo que debe, pero decide liquidar las EPS afectadas por esos incumplimientos, dejando a los colombianos convencidos que el asunto quedó arreglado.
Lo verdaderamente sorprendente es el silencio de las IPS y los proveedores, verdaderos perjudicados en esas liquidaciones, pareciera que les importa poco perder estos cuantiosos recursos por cuenta de los incumplimientos del estado.