La procuraduría y la fiscalía han tratado con diferente rasero casos similares a los que generaron la suspensión del canciller y el allanamiento de la sede de Fecode, pero eso no justifica la asonada que promovió el gobierno contra la corte suprema.
Estamos presididos por un inepto rodeado de otros incompetentes, quienes para cubrir su incapacidad se victimizan y consideran perseguidos, en lugar de asumir la responsabilidad por no poder implementar el cambio que le ofrecieron al país.
Lo que vimos el jueves pasado es una muestra de ello, un presidente locuaz, con un rabo de paja enorme por la financiación de su campaña, que calla a quienes pueden hundirlo con embajadas, quien sintiéndose acorralado por su propia incompetencia encuentra como salida encender el país antes que gobernarlo.
Lo sigue una turba que no escucha razones, que se come entero el cuento de la persecución y sale a las calles para respaldar este gobierno cañinque, alentada por el sindicato de educadores que como financiador de la campaña recibe favores del ejecutivo, es decir, al mismo nivel de algunos grupos económicos que ponen plata para elegir presidente con la intención de obtener beneficios del gobierno.
Entonces pasó lo que tenía que pasar, la marcha en Bogotá se desbocó, llegando al extremo de bloquear las puertas del palacio de justicia, una verdadera afrenta que requirió la intervención de la policía para permitir la salida de los magistrados.
Lo que siguió fue peor, el gobierno y sus seguidores pretendieron justificar lo injustificable, minimizaron los hechos, aplaudieron el ataque forjado por ellos mismos contra la institucionalidad, pasándose por la faja los valores democráticos fundamentales que vehementemente defendían en el pasado.
Se pusieron al mismo nivel de la extrema derecha cuando compró la reelección, esta vez convocando marchas para presionar a la corte suprema en la elección inmediata de la fiscal general, que ojalá no sea de bolsillo y combata la impunidad en casos de corrupción que rodean al gobierno, como el proceso por enriquecimiento ilícito contra el hijo del primer mandatario.
Está claro que a los petristas, al igual que a los uribistas en el pasado, les incomoda que existan instituciones como contrapesos establecidos constitucionalmente, precisamente para impedir que una rama del poder público se extralimite y se imponga sobre otra, manteniendo el esencial equilibrio en la democracia, o sea, lo contrario a la autocracia.
En la historia reciente tres colombianos han intentado amedrentar a la corte suprema: Pablo Escobar, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, puede parecer extrema o injusta, pero es una comparación real que demuestra lo bajo que hemos caído.