Los estudiantes indígenas del Centro Educativo Eustasio, un internado en Puerto Gaitán (Meta), le contaron a la justicia los tratos inhumanos y degradantes que ahí recibían por parte de los profesores. En una acción de tutela, los papás de Yiredo, Turé, Hahio, Mapikoro, Koenomu, Borikako, Bedebukɨko, Hɨrɨko, Hehenako, Bɨye y Ñareb relataron que a sus hijos los amenazaban con desnudarlos si desobedecían las órdenes, que los obligaban a meter las manos en los inodoros sucios y a tragar hojas de cuaderno, como castigo por no saber las tablas de multiplicar
Los padres de los alumnos consideraron que los derechos fundamentales de sus hijos a la vida, integridad física, salud, alimentación y educación estaban siendo violados. Así que acudieron ante un juez para exigir su protección. Este martes, se conoció una sentencia en la que la Corte Constitucional les da la razón.
El Centro Educativo Eustasio fue creado en 2017 y está conformado por cinco sedes, entre ellas la de la vereda El Porvenir. En ésta se presta servicio de hospedaje, alimentación y acompañamiento académico a 30 estudiantes (19 niñas y 11 niños) de los 94 matriculados. El 43% de éstos pertenece a comunidades indígenas, sobre todo a la Cubeo-Sikuani, y fueron ellos quienes interpusieron la acción de tutela.
Los menores revelaron también que un sacerdote los golpeaba constantemente y que en una ocasión utilizó una varilla de hierro para agredirlos. Estos fueron otros de los testimonios de los estudiantes:
“A un compañero (…) él estaba acostado y el padre se le paró casi encima y le dio una patada para que se levantara, él no pudo decir nada”.
“El padre nos maltrata a todos y cuando es la hora de tarea si uno no llega rápido los deja sin la cena y por no aprenderse las tablas me echó el papel a la boca”.
“Cuando nos dejó solas en el internado, dijo sabe qué yo voy a dejar que todos chinos entren porque ustedes son prostitutas y regaladas porque ustedes son indígenas (…) nos trató de esa manera, y dijo ay! Ustedes son animales (…) nos vive tratando que las indígenas no se dejan respetar (…)”.
Aunque los señalados respondieron que sí castigaban a los niños, alegaron que esto se hacía en buenos términos y no abusando de su posición, “con el fin de que todos los niños se formen bien”. Agregaron que nunca se utilizaron métodos violentos.
No obstante, la Corte Constitucional les dio la razón a los jóvenes. El alto tribunal afirmó que las narraciones de los niños y de las niñas evidencian, “por un parte, el manejo del lenguaje discriminatorio en razón a su origen étnico y, por otra parte, la imposición de castigos desproporcionados y al margen de lo establecido en el Manual de Convivencia y abiertamente contrarios a la Constitución y la Ley”.
“El hecho de obligarlos a comerse el papel del cuaderno ante una equivocación de una lección, amenazarlos con pegarles, con amarrarlos, con desnudarlos o con quitarles la comida, reprenderlos untándolos de su propio excremento por no soltar el baño y expresar lenguaje despectivo y humillante en razón de su origen étnico, representa para la Sala una metodología educativa nada pedagógica, pues es una forma de imponer castigos, notoriamente contraria a la dignidad humana”, agregó la Corte.
Los magistrados aseguran que el uso de la fuerza “bruta” para sancionar a un niño o niña constituye una clara violación de sus derechos fundamentales y que “estas formas de represión generaron sentimientos de miedo que fueron plasmados por los relatos de los niños, quienes se sintieron humillados y avergonzados con los castigos impuestos”.
Los jueces recordaron que están prohibidos los castigos y las sanciones que implican la afectación física o psicología de los menores de edad. “Utilizar la violencia física y moral para imponer castigos genera en los niños y niñas un daño psicológico que funda un sentimiento de “inferioridad” y los invita a replicar estas conductas. Los maltratos no solo físicos, sino aquellas amenazas y humillaciones a las que fueron sujetos, también representan graves afectaciones a su desarrollo”, explicó la corte.
Y que, pese a que los profesores señalados por los estudiantes fueron despedidos, eso no implica necesariamente que el problema se superó. Por lo que la institución debió tomar medidas para que este caso no se repita.
Finalmente, el alto tribunal tuteló los derechos invocados y ordenó que el colegio debe realizar una campaña de concientización entre sus docentes, estudiantes, padres de familia o sus acudientes sobre el buen trato de los estudiantes. Una lección en defensa de la dignidad humana.
Tomado de El Espectador.