La negociación y trámite de proyectos de ley, de planes y proyectos de desarrollo y la defensa La negociación y trámite de proyectos de ley, de planes y proyectos de desarrollo y la defensa y guarda de lo público, como se ha podido constatar en los últimos años, demuestran absoluta irresponsabilidad política, del gobierno y del Congreso y la sumisión a los instrumentos de poder del capital transnacional y nacional. La percepción de corrupción, vista por Transparencia Internacional, sigue creciendo. Sigue siendo Colombia el país más inequitativo del hemisferio. El índice GINI sigue creciendo. Para reducir los índices de miseria, de pobreza y desempleo, el estado (gobierno) tiene su Dane y sus áulicos. Los compromisos adquiridos, los intereses del poder y de las élites, se imponen sobre reposados y sesudos razonamientos y objetivas demostraciones. Lo acabamos de comprobar con la ampliación del Fuero Militar o de Impunidad Militar. Organismos internacionales, incluida la ONU, fijaron y demostraron su posición, con sólidos argumentos. Prevalecieron los oídos sordos. La Corte Constitucional, debe proteger a la sociedad colombiana, de la amenaza que significa ese fuero de impunidad. Se dice que quien no quiere ver sus mulas muertas no las manda a viaje. Para que los militares no tengan problemas con la justicia, simplemente deben respetar los derechos humanos y no hacer causa común con la extrema derecha. El proyecto de reforma tributaria, la bancada de la Unanimidad, lo aprobará, siendo contrario a los intereses de las mayorías. Les rebaja de 33% a 25% el impuesto de renta a los ricos y los exonera de los parafiscales. No toca las deducciones y exenciones de los ricos y de la gran empresa, nacional e internacional. En cambio, fija impuesto de IVA al corrientazo y a las comunicaciones por celular y otros. Es aberrante. De 46 millones de colombianos, solo 1.3 millones presentan declaración de renta (un indicador de pobreza). 100 empresas acaparan el 89% de las utilidades comerciales e industriales, las mismas que resultarán beneficiadas con la rebaja de impuestos y exención de parafiscales. La ley de flexibilización laboral, del gobierno del nefasto Uribe, la aprobaron con el pretexto de generar empleo. El resultado fue nulo, en empleo. Benéfico para los ricos y grandes empresas (en términos de billones/año). El Congreso hace oídos sordos. No la deroga. Por lo expresado por el Director de la ANI, el gobierno se manifiesta damnificado por la nulidad judicial del Contrato de Concesión Bogotá-Girardot. Ese que es un contrato celebrado con delincuentes y que la Procuraduría, en 2004, conceptuó la inconveniencia de la adjudicación. Problemas similares envuelven a 24 concesiones viales, pero no hay poder para intervenirlas y rectificar. Pero la ANI, se alista a ordenar la instalación de peajes, cada 40 kilómetros. Entre Neiva y Bogotá quedarían 8 y no cinco como hoy. Además, el costo de las obras públicas, ha alcanzado techos exorbitantes. El valor del contrato debe alcanzar para cubrir todo tipo de coimas y mucho delincuente sigue suelto. La impunidad y la corrupción se generalizaron.