RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanación.com.co
El gobierno departamental debe acometer sin más dilaciones la rehabilitación y mantenimiento de la vía Íquira-Yaguará, severamente deteriorada después del colapso del puente ‘Paso El Colegio’. La crisis fue registrada hace ocho años por una imprevisión durante la construcción de la represa El Quimbo.
La construcción de un dique, la modificación no autorizada de las planicies de desborde y el cierre de uno de sus brazos del río Magdalena, cambió su cauce. Las aguas turbulentas debilitaron el estribo derecho del puente y provocó su colapso el 8 de agosto de 2011.
El Instituto Nacional de Vías ordenó, en consecuencia, el cierre total de la carretera por novena días. Luego extendió la medida por 16 meses adicionales. Insólitamente la reparación del viaducto duró cinco años. Desde entonces las comunidades soportan una verdadera pesadilla. El drama está a punto de concluir.
La carretera Íquira-Yaguará con una extensión de 18.7 kilómetros se convirtió en una vía alterna, por donde se movilizaban vehículos pesados, muchos de ellos, encargados de transportar el material para la construcción de la nueva represa. El paso de vehículos de carga pesada terminó con la carretera secundaria.
“Aunque fue pavimentada hace aproximadamente diez años, en la actualidad presenta un deterioro notable, ya que en varios tramos se ha perdido el asfalto, en otros se han formado verdaderos cráteres y desniveles que afectan la integridad y seguridad de los habitantes del sector”, argumentó el abogado Germán David Quintero Castro en una acción popular que instauró con el apoyo de la Defensoría Regional del Pueblo.
Primer fallo
El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva amparó, el 22 de septiembre de 2017, los derechos colectivos al goce del espacio público y a la prevención de desastres previsibles. El juez le ordenó a la Gobernación del Huila la rehabilitación de la vía en un plazo de seis meses. En este lapso debe iniciar y culminar las gestiones de carácter administrativo, financiero, presupuestal y contractual, para la rehabilitación y mantenimiento de la vía Íquira- Yaguará.
Además, le ordenó la implementación de un sistema de clasificación y planeación en el que se cataloguen los proyectos de intervención vial, indicando los factores de carácter técnico, jurídico, presupuestal, impacto social, y demás que vayan a ser tenidos en cuenta para su aprobación, durante el periodo a cumplir este fallo.
Las dilaciones
El actual secretario de Vías e Infraestructura, Henry Liscano Parra no atendió adecuadamente los requerimientos del despacho judicial. Primero se limitó a remitir las inversiones proyectadas para toda la red vial, información incoherente y contradictora, según el juez administrativo.
Después anunció que la vía había sido objeto de mantenimiento, “consistente en relleno a los baches quedando en condiciones de transitabilidad”. Sin embargo, el juez no le creyó. “Éste hecho no fue debidamente demostrado”, alegó el togado.
Atendiendo un nuevo requerimiento que le hiciera juez, Liscano Parra, advirtió que “es imposible atender la pretensión de rehabilitar y realzar el mantenimiento de la vía, porque “en gran medida, ello depende de que la empresa constructora de la hidroeléctrica El Quimbo asuma su responsabilidad y repare el deterioro causado al carreteable; el cual, ha sido cuantificado en veinte mil millones de pesos”.
El cierre total de la vía, según el gobierno seccional, obligó que el tránsito vehicular se viera atraído por este sector (Íquira-Yaguará) que había sido intervenido y que se encontraba en óptimas condiciones: “lo anterior, generó el deterioro prematuro de la misma teniendo en cuenta que la vía no estaba diseñada para este tipo de sobre – flujo vehicular, lo cual, generó el deterioro inmediato y prematuro de la vía, disminuyendo la vida útil del pavimento”.
Lo probado
El despacho judicial acreditó que la vía presenta diferentes daños: fisuras, deformaciones, pérdida de capas estructurales, hundimientos, huellas, baches, parches y, en general, desgaste superficial, que no ha sido superado durante los últimos ocho años.
Ante el acelerado deterioro de la vía y el desinterés de las últimas administraciones, las propias comunidades campesinas, con sus precarios recursos, han tenido que realizar mingas para tapar los inmensos cráteres a lo largo de la vía, con las deficiencias técnicas que implica esta labor artesanal.
Un informe técnico de la misma entidad, confirmó las fallas a lo largo de la vía: descascaramiento y pérdida de material, ausencia de asfalto, desgaste de la superficie, desplazamiento del borde, vía en mal estado, entre otras”
“La falta de recursos (argumento expuesto por el Secretario de Vías en el trámite procesal), no es óbice para emitir órdenes que salvaguarden los derechos colectivos”, precisó el juez.
El ente territorial,-resaltó- “voluntaria y dolosamente, se sustrae del deber de buscar el bien social y común, de proteger el bien público, la vida y prosperidad de los ciudadanos que viven en la región y necesitan de esa vía…”
El pretexto
La orden judicial fue impugnada. El apoderado de la Gobernación pidió la nulidad de la sentencia argumentando que el notable deterioro de la vía obedece al hecho de un tercero, es decir, la multinacional Emgesa “…quien realizó o forzó a su uso excesivo frente a las condiciones y capacidades de la vía por un daño ocurrido en el puente denominado Paso El Colegio, por consiguiente, este tercero debió ser vinculado a la presente acción popular”, respondió el asesor jurídico, sin ofrecer soluciones.
No obstante, advirtió que el término concedido para darle cumplimiento a la orden judicial es insuficiente, pues “…se requiere que dentro del plan de mejoramiento de vías se hagan los estudios técnicos, administrativos y presupuestales, dentro de la vigencia fiscal.
La providencia fue confirmada en segunda instancia. El magistrado Ramiro Aponte amplió a dos años el plazo para adelantar las gestiones pertinentes y ejecutar las obras de rehabilitación de la vía.
Al culminar el primer año, el Departamento del Huila le rendirá un informe al juez, relacionado las gestiones que hubiera adelantado para el cumplimiento de la orden.