Por una orden judicial la Gobernación del Huila tendrá un plazo de seis meses para terminar la pavimentación de la vía Oporapa-Cruce de Saladoblanco, actualmente paralizada. La inversión ejecutada alcanza los16.561 millones de pesos y el avance es del 69.36%.
RICARDO AREIZA
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A pesar de la cuantiosa inversión de recursos públicos ejecutados en el proyecto, la pavimentación de la vía Oporapa-Cruce a Saladoblanco, quedó inconclusa. Pero, además, las obras entregadas presentan graves deficiencias técnicas, serios problemas de inestabilidad y para completar, registran un acelerado deterioro prematuro por mala calidad de los materiales.
El proyecto fue diseñado para mejorar las vías en el centro y sur del Huila. Contemplaba la pavimentación de la vía Garzón- Puerto Alegría y la construcción en pavimento flexible de la vía Oporapa- cruce de Saladoblanco.
El valor inicial de las dos obras fue estimado en 28.619 millones de pesos. Sin embargo, como siempre ocurre, tuvo dos adiciones por 10.729 millones de pesos. La inversión final pactada fue de 39.348 millones de pesos.
Lo mismo ocurre con el tramo Garzón-Puerto Alegría y con los proyectos para la terminación del Anillo Turístico del Sur.
Elefante blanco
A pesar de los recursos anticipados al contratista y los múltiples anuncios de reactivación, la obra se encuentra suspendida y en avanzado deterioro por físico abandono y mala calidad de los materiales utilizados. La pavimentación de la vía entre Oporapa y el Cruce a Saladoblanco fue contratada por 21.825 millones de pesos y hoy es otro elefante blanco, que se resucita en época electoral.
Según la Secretaría de Vías, la ejecución física de la pavimentación de la vía Oporapa-Cruce de Saladoblanco hasta el 30 de junio de 2021 era del 69.36% y el avance financiero era del 75.83%.
Esto significa que de los 21.826 millones de pesos contratados para este proyecto a la fecha se le han cancelado 16.561 millones de pesos, quedando pendiente por cancelar la suma de 5.264 millones de pesos. La pavimentación avanzó un poco más de la mitad. Desde entonces permanece paralizada.
La ficha técnica de seguimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones confirmó los porcentajes de ejecución.
El Departamento Nacional de Planeación, encargado del seguimiento, fue contundente en el descalabro del proyecto actualmente paralizado.
“Con una ejecución física del 72.88%, que corresponde a una ejecución de recursos de 15.907 millones de pesos no se logra aún el objeto ni el alcance ni las metas del proyecto”, precisó el organismo. Además, resaltó las graves deficiencias técnica encontradas en los tramos ejecutados.
“En virtud de lo anterior, el proyecto no se está desarrollando en términos de eficacia”, concluyó.
Acciones judiciales
Amparado en el principio de moralidad administrativa, como derecho colectivo y en defensa del patrimonio público, el personero de Oporapa, Oscar Humberto Bermeo, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentaron una acción popular reclamando la terminación de la vía, adjudicada hace seis años.
Además, el agente del Ministerio Público demandó con urgencia acciones administrativas “para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos que están siendo amenazados”.
El reclamó tuvo eco. La jueza Séptima Administrativa de Neiva, Lina Marcela Cleves Roa, amparó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y le ordenó a la Gobernación del Huila, como entidad contratante, que adopte las medidas administrativas y presupuestales necesarias para la terminación de la obra, hoy paralizada.
Polémico contrato
El polémico contrato de obra pública No.773-2017 fue adjudicado al consorcio Vías para el Huila, representado legalmente por el ingeniero caqueteño Javier Muñoz Mora y por el contratista costeño Darío Cohen Barros Zinmerman.
El contrato fue firmado el 21 de junio de 2017. También suscribió el contrato de interventoría No. 947 con el Consorcio Interventorías de Colombia, representado por Juan Manuel Gutiérrez.
El plazo de ejecución establecido en el contrato fue de 12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio (20 de septiembre de 2017). Nunca despegó en esa fecha.
Según el contrato, la obra debía entregarse terminada el 19 de septiembre de 2018. El plazo fue incumplido. No solo duplicó el plazo inicial, sino que elevó los costos, retrasó la ejecución, generó incertidumbre y para completar, las obras entregadas presentan serias deficiencias en materia de calidad.
La obra estuvo paralizada por ajustes debido a mayores y menores cantidades de construcción e ítems no previstos durante la ejecución del contrato. Esto originó las ‘clásicas’ adiciones que sumaron otros 10.729 millones de pesos. Tampoco permitieron la terminación.
El consorcio Vías para el Huila no contaba con el equipo ni la maquinaria adecuada para asegurar la ejecución del proyecto, ni la planta de materiales y asfalto, ni el personal técnico que anunció en la propuesta para ganarse el contrato.
Incumplimiento
Beatriz Eugenia Luna Salguero, designada como supervisora del contrato de interventoría (enero de 2020) reiteró el incumplimiento de los contratistas.
“No se logró que el contratista de obra cumpliera con la ejecución del contrato. Por la pandemia el contrato estuvo suspendido, y luego de una prórroga no laboraron más; sólo se logró definir el acta final de cantidades del contrato”, confirmó.
“El contrato está suspendido después de una segunda sanción. El porcentaje de avance fue mínimo: De los 5.8 kilómetros contratados sólo se pavimentaron 1.4 kilómetros. Se hizo la totalidad de ampliación y contención, faltando pavimentación y algunas obras de drenaje”, precisó.
El contrato fue suspendido por dificultades técnicas, por incumplimiento por parte del contratista, confirmó el ingeniero Julio Cesar Fierro Cediel, secretario de Vías del Huila hasta julio de 2022.
“No se logró que el contratista retomara la ejecución del contrato y que reparara las partes del pavimento que presentaban daños”, anotó.
Sanciones
El 12 de julio de 2021 la Secretaría de Vías e Infraestructura confirmó que el estado de la obra es de total abandono, cuyo plazo ha sido prorrogado hasta 31 meses, con un avance físico del 69.36% y financiero del 75.83%.
Por estos incumplimientos la Gobernación del Huila inició un proceso sancionatorio contra el consorcio, responsable de la obra civil.
El proceso terminó con una sanción por 2.862 millones de pesos por incumplimiento de sus obligaciones.
Sin embargo, el proceso fue archivado el 22 de junio de 2019. El contratista aportó pruebas para demostrar que había superado las faltas que le fueron endilgadas.
El 10 de marzo de 2020 se inició un nuevo proceso sancionatorio contra el consorcio Vías para el Huila por 3.934 millones de pesos.
En el 2021 se inició otro proceso sancionatorio que terminó declarando la ocurrencia del siniestro por incumplimiento (Resolución N°. 093 del 21 de julio de 2021). El siniestro fue tasado en la suma de 3.278 millones de pesos, modificada luego quedando en 1.655 millones de pesos.
El 12 de diciembre de 2022 se declaró el incumplimiento grave de las obligaciones legales y contractuales, respecto del contrato de obra. En consecuencia, se hizo efectiva la cláusula penal por 6.215 millones de pesos y se ordenó la liquidación unilateral del contrato.
Detrimento patrimonial
“Pese a que se pudiera indicar que la inejecución de la obra es atribuible al contratista -según los procesos sancionatorios adelantados, la razón de peso para amparar la defensa del patrimonio público está relacionada con la pérdida o deterioro de las obras ya adelantas y pagadas al contratista, que, de no tomarse medidas, generaría la pérdida de los recursos públicos”, precisó la jueza Lina Marcela Cleves.
“De tal manera que, se hace necesario evitar el detrimento patrimonial identificado a partir de este mecanismo constitucional; para exigir a la entidad responsable, es decir, el Departamento del Huila, la adopción de medidas que permitan resolver esta situación”, precisó la togada.
El fallo
En consecuencia, el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva ordenó a la Gobernación del Huila que proceda a evaluar técnicamente el estado de la obra, cuantifique los daños que presenta, estructure y apruebe un proyecto que permita finalizar el que dio origen a los contratos, defina las fuentes de financiación, adelante la respectiva contratación, ejecute las obras y las ponga en funcionamiento como lo requiere la comunidad.
Para el cumplimiento de esta decisión, la funcionaria judicial ordenó al gobierno seccional plazos perentorios en cuyos vencimientos deberá rendir los correspondientes informes de seguimiento.
Plazos perentorios
La Gobernación del Huila tendrá dos meses de plazo contados a partir de la ejecutoria de esta decisión para evaluar técnicamente el estado de la obra, cuantifique los daños que presenta, estructure y apruebe un proyecto que permita finalizar el que dio origen a los contratos.
En un plazo de dos meses tendrá que definir las fuentes de financiación y tres meses para que adelante la respectiva contratación.
Finalmente, la juez le concedió al gobierno departamental un plazo de seis meses para que ejecute las obras y las ponga en funcionamiento como lo requiere la comunidad.
Con el fin de vigilar y asegurar el cumplimiento de esta sentencia, se conformó un comité de verificación integrado por la juez Lina Marcela Cleves, por el Personero de Oporapa, Óscar Bermeo Peña y delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y un representante de la Gobernación del Huila.
Juicio fiscal
Por estas anomalías en la pavimentación de las vías Oporapa- cruce de Saladoblanco y Garzón-Puerto Alegría la Contraloría General de la República abrió formalmente el 14 de diciembre de 2022 un proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal (PRF-801112-2019-34840).
“Se observa que las obras se encuentran en estado de inconclusas, sin cumplir con la función, servicio y/o finalidad a la que estaba destinada de acuerdo a la necesidad que dio origen a la contratación de este proyecto. De allí la presunta responsabilidad no solo del ejecutor de la obra sino también de la interventoría y por supuesto de los servidores públicos involucrados”, precisó el contralor delegado Intersectorial, Rafael German Ariza Martínez
La Contraloría vinculó como presuntos responsables a funcionarios de la Gobernación del Huila entre ellos a los secretarios de Vías y ordenadores del gasto. También a los contratistas, al consorcio interventor, al supervisor y a las compañías de seguros para que respondan como terceros civilmente responsables.