Sin las ‘pruebas reinas’, la Fiscalía entregó por fin sus evidencias sobre el homicidio del ex personero de Pitalito Luis Gerardo Ochoa. Sin embargo, el proceso sigue empantanado.
RICARDO AREIZA
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El proceso para esclarecer el crimen del ex personero de Pitalito, Luis Gerardo Ochoa, avanza a cuenta gotas. Después de casi cuatro años de la acusación, la audiencia preparatoria sigue frenada. Pero además, sin las “pruebas reinas” que la Fiscalía había anunciado para aclarar el homicidio ocurrido el 6 de abril de 2017.
A la diligencia asistió la mayoría de los inculpados, incluyendo a Mauricio Parra Rodríguez, supuesto determinador, todos en libertad por vencimiento de términos.
La audiencia se instaló ayer, una semana después del atentado criminal perpetrado contra Mauricio Murcia Orjuela, sindicado como el supuesto autor material del crimen de Ochoa Sánchez.
Murcia Orjuela, de 27 años, fue ultimado el 10 de agosto pasado en el barrio Porvenir en Pitalito, al parecer, por hechos distintos. Sin embargo, su deceso, no está oficialmente certificado.
El abogado Oscar Eduardo Castro, reportó el deceso pero confirmó que hasta el momento la Registraduría no ha expedido el certificado civil de defunción el único comprobante válido para solicitar la preclusión por fallecimiento.
“Su muerte, es un hecho notorio, oficialmente reportado pero no certificado”, informó el defensor público.
Aunque Jeferson Polo, testigo protegido de la Fiscalía, estimó que el homicidio es una advertencia, los otros defensores descartaron alguna relación con el caso Ochoa.
Murcia Orjuela, recuperó la libertad en el 2019, por vencimiento de términos, atribuible a la Fiscalía.
Empantanada
Después de tres años y ocho meses de haberse radicado el escrito de acusación, la audiencia preparatoria sigue empantanada. La excesiva morosidad de la Fiscalía para realizar el descubrimiento probatorio ocasionó la suspensión de las audiencias programadas y precipitó la libertad de todos los implicados por vencimiento de términos.
Pese a los sucesivos requerimientos la Fiscalía se excedió en la entrega de las supuestas evidencias en su poder.
La fiscal del caso Martha Libia Liscano terminó el descubrimiento probatorio el 30 de julio. Incluso ayer durante la nueva audiencia solicitó más plazo para entregar las últimas evidencias no remitidas, entre otros a David Benavidez, defensor del ex alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico.
El jurista se opuso y advirtió que ese material no entregado oportunamente no podrá hacerse valer en el juicio.
Los demás defensores, con razón, reclamaron un tiempo prudencias para descubrir sus cartas.
Pruebas claves
Desde el principio, la fiscal Martha Libia Liscano afirmó que tiene 7.000 pruebas y 592 testigos. Sin embargo, pruebas claves como el celular con los wasaps durante la coordinación del crimen, nunca apareció.
Tampoco la supuesta la conversación telefónica entre el alcalde Rico Rincón y el pastor Edgar Guzmán, considerada la “prueba reina”, tampoco apareció.
Y menos, una llamada que comprometería a Mauricio Parra, el dueño del complejo arquitectónico que se planeaba construir.
Estos elementos, según los apoderados, no aparecen en las 40 carpetas y 2.200 archivos que le remitió hasta julio pasado la Fiscalía.
Testigos
Curiosamente, entre los 592 testigos, solo aparecen dos protegidos de la Fiscalía: Fernando Bahamón Céspedes, un soplón de oficio, desprestigiado por sus falsos testimonios y Yeferson Polo, un joven mesero ecuatoriano, quien habría escuchado una llamada telefónica, donde se instigaba el crimen.
Polo, se retractó en varias oportunidades. En las últimas semanas anunció que renunciaría a ser testigo, pero finalmente, ante la muerte de Murcia Orjuela, señaló que se mantendría como testigo.
El otro testigo es Eduardo Villanueva Murcia, (alias ‘Boleta’), el único condenado en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía refrendado el 23 de noviembre de 2017.
Excesiva morosidad
El escrito de acusación fue radicado el 18 de diciembre de 2017. La audiencia fue instalada el 6 de abril de 2018. Ese mismo mes se decretó la primera conexidad de los procesos. El 28 de marzo de 2019 se conexó con el proceso separado que se adelantaba contra César Sierra, gerente de la constructora Soginco.
El 29 de octubre de 2020 se instaló la audiencia preparatoria pero quedó en suspenso, por la morosidad de la Fiscalía. El ente acusador no entregó los elementos materiales probatorios ni la evidencia física que anunció durante la acusación lo que originó el aplazamiento sucesivo las audiencias.
Después se convocó para el 26 de mayo y volvió a suspenderse. Las audiencias programadas para el 22 y 23 de julio fueron suspendidas. La diligencia se reanudó ayer jueves pero volvió a quedar en suspenso. Por dificultades en el descubrimiento probatorio por parte de los defensores, volvió a suspenderse. Las audiencias programadas para octubre y septiembre fueron diferidas el 6 de noviembre.
Según la agenda, las nuevas diligencias de la audiencia preparatoria se reanudarán en marzo y abril de 2022.
La constructora
Durante la diligencia el abogado de Mauricio Parra descubrió parte de sus cartas.
El proyecto urbanístico “La voz de Dios”, por el descubrimiento realizado ayer se constituyó legalmente, cuenta con las licencias vigentes, tiene los soportes financieros y arquitectónicos y podría reactivarse, en cualquier momento. De hecho, el gerente de Soginco, César Sierra, realizó el año pasado varias reuniones con algunos de los eventuales beneficiarios para reactivar el proyecto.
Según los documentos Mauricio Parra y el alcalde Miguel Antonio Rico Rincón se conocieron en el 2015, en plena campaña política, quien lo invitó a invertir en Pitalito. El mandatario laboyano, de acuerdo con la Fiscalía, le propuso el proyecto ‘La Voz de Dios’ y lo llevó a Pitalito.
La fundación café, manejada por el pastor Edgar Núñez Guzmán y Luis Mario Colorado Rodas, le vendió a la constructora Soginco los terrenos que habían pagado los seguidores de la Iglesia Cruzada Cristiana.
El lote, avaluado en 6.000 millones de pesos, había sido vendido por 800 millones de pesos a la constructora bogotana de Mauricio Parra. La negociación está soportada en escrituras públicas y aparece registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos.
La ciudadela ‘La Voz de Dios’, fue lanzada a mediados de diciembre de 2016 como un complejo de apartamentos, legalmente registrada en el banco de proyectos. El Gobierno Nacional conocía el proyecto que pretendía replicarse en otras regiones del país.
Parra Rodríguez apareció en Pitalito con políticos, gobernadores, senadores, concejales y líderes del Huila, como inversionista de ese proyecto.
En la contabilidad del proyecto figuraban 17 cupos con un código especial que correspondía a Miguel Antonio Rico, a su esposa, hijos y familiares cercanos. También tenía el mandatario el dominio para el montaje de un centro comercial en el mismo conjunto.
Igualmente estaba previsto apartamentos para los concejales.
La fundación Café sin tener el carácter de constructora ni estar reconocida como asociación de vivienda captaba dineros del público y ‘vendía cupos’ a particulares interesados en adquirir vivienda o apartamentos.
Esa fue la denuncia que realizó el ex personero Ochoa Sánchez, al considerar que esa transacción de la fundación, podría ser una estafa.
Si la Fiscalía duró casi cuatro años en entregar las evidencias cuando la norma establece un plazo de tres días, el juicio oral, será, interminable.