Ayer, desde la capital del Huila, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, calificó como un abuso del presidente Gustavo Petro designar como voceros de paz a personas privadas de la libertad. Y celebró y agradeció el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la medida del gobierno y anunció que los fiscales solicitarán la reactivación de órdenes de captura contra los voceros de paz que recuperaron la libertad.
Hernán Galindo
En rueda de prensa en el Tercer Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, que culminó ayer en Neiva, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el gobierno no puede nombrar como voceros de paz a privados de la libertad.
Al mismo tiempo, hizo referencia a los gestores de paz, aclarando que la Corte Constitucional no se pronunció sobre esta figura. Precisó que la Corte Constitucional solo tumbó la figura de voceros de paz, por lo que, en el caso de los gestores de paz, como el temido exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, no se afecta su designación.
Barbosa explicó con respecto a los voceros de paz, “que personas que no pertenecen a organizaciones criminales y que estén en la cárcel, no podrán ser voceros de paz para que salgan de la cárcel, porque es un abuso si se quiere del Ejecutivo, y es la Rama Judicial del poder público la que tiene que determinar eso. Esa es la distinción”.
El Fiscal General aclaró que ‘Gestor de Paz’ es otra figura distinta que no está en el ámbito de análisis de la Corte Constitucional y se deriva de otra legislación diferente y que se permite en Colombia: “Por eso, si hay miembros de organizaciones criminales organizadas que fueron nombradas gestores de paz, esas designaciones quedan vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano”.
La intervención del fiscal Barbosa
El Fiscal General de la Nación abrió el panel de la segunda jornada de la cumbre de magistrados y juristas con la noticia del fallo de la Corte Constitucional que dejaba sin piso jurídico la decisión del gobierno de Gustavo Petro de designar como voceros de paz a personas privadas de la libertad distintas a organizaciones criminales.
“La Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición, acaba de pronunciarse en una decisión trascendente para la historia de este país, que es la decisión 525 de 2023, en donde plantea los diferentes criterios en torno a lo que se ha denominado la Paz Total alrededor de la ley 2262 de 2022”, dijo Barbosa. Para él es importante porque le dio un espaldarazo profundo a la Fiscalía General de Colombia en la defensa por la institucionalidad judicial de este país.
Y añadió que “la Corte en el fallo prácticamente señaló tres cosas; la primera, es que aquí deberían establecerse leyes de sometimiento en cabeza del Congreso de la República y no se podía intentarse a través del Ejecutivo establecer engendros de cualquier tipo, para suplantar la labor del legislativo”.
Recordó que la ley de sometimiento es esencial, algo que él dijo el 11 de enero de este año cuando se negó a levantar las órdenes de captura contra unos narcotraficantes con fines de extradición en Colombia, que no pertenecían a organizaciones que tenían carácter político, como si lo hicimos frente a miembros del Eln y las disidencias. “En ese momento le dije al Presidente que era necesaria una Ley de sometimiento”, agregó.
Como segundo aspecto de la sentencia, señaló que como lo había dicho, no era posible de un plumazo sacar delincuentes de la primera línea de las cárceles y criticó la expedición del decreto 2422 del 9 de diciembre del año pasado creando una comisión intersectorial para la paz y la reconciliación, para recomendar la exclusión o admisión de personas de organizaciones sociales que se encuentran privadas de la libertad.
“En su fervor, el Presidente electo en su discurso dijo: le solicito al Fiscal que los muchachos de la primera línea salgan de la cárcel, porque han sido capturados ilegalmente; hoy la Corte nos da la razón y por eso muy seguramente los fiscales van a solicitar las órdenes de captura; estamos haciendo el balance”, añadió.
La Corte Constitucional también declaró que es inconstitucional el parágrafo primero, artículo 5 de la ley 2272 de 2022, en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera.
“Por último, la Corte Constitucional hace algo que me parece muy importante y es que el Presidente de la República tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura sustentadas, razonadas, ante la Rama Judicial, como dice la sentencia de la Corte Constitucional, con los organismos judiciales dentro de los que se encuentra la Fiscalía General de la Nación, que puede decir si o puede decir no, y el no nuestro fue porque no había ley de sometimiento”, afirmó el Fiscal General.
Para el funcionario, en resumen, lo más importante y que queda claro a través de este fallo de la Corte es que “acá funciona la división de poderes”.
Barbosa hizo énfasis durante su intervención que la Corte Constitucional les dio un espaldarazo a todas las críticas que la Fiscalía General de la Nación, le hizo a la ley de la Paz Total.
“Gracias Corte Constitucional, gracias Judicatura, por acompañar la voz solitaria de la Fiscalía General de la Nación en proteger la constitucionalidad colombiana en este país; hoy la ciudadanía está reconociendo esa labor a mes y medio de mi salida del ente de acusador”, dijo Barbosa.
El Fiscal General de la Nación reiteró que debe existir una ley de sometimiento para conceder este tipo de libertades, y explicó la diferencia entre ambas figuras: “El gestor de paz no lo tocó la Corte Constitucional; la Corte lo que hizo fue tocar la noción de vocero de paz, porque esta es la que está en el artículo 5 de la ley 2272 del 2022. Qué es lo que ocurre con esa noción de vocero de paz: personas que no pertenecen a organizaciones criminales y que estén en la cárcel, no podrán ser designadas voceros de paz para que salgan de la cárcel”, recalcó.
Otros aspectos
En torno a la Jurisdicción Disciplinaria, indicó que la administración de justicia es un soporte del Estado de derecho y destacó que en los últimos años la Rama Judicial se convirtió en el eje central de la institucionalidad y de los derechos fundamentales de los colombianos.
“La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se convierte en un cuerpo muy importante para preservar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que administran justicia y todos los intervinientes en los procesos judiciales, siempre en el marco del debido proceso y de las garantías judiciales”.
Y agregó que “esta no puede dejarse cercar o acercar por parte de otras ramas del poder público para tratar de cobrarse deudas, porque la autonomía e independencia de la Rama Judicial es la que preserva la institución dentro de su entorno, pero también a futuro”.
Barbosa enfatizó que “este año ha sido muy difícil para todos, no solamente para la Fiscalía”. Y refirió cómo se profiere un fallo de inexequibilidad de la Corte frente a la ley tributaria y la respuesta del Gobierno es: “voy a mutilarle el presupuesto a la Rama Judicial y al Poder Público”. “Qué clase de sociedad se pretende gestar, entonces, con esta decisión de la Corte, yo creo que no va a haber prima en diciembre o nos van a recortar el sueldo un 20%, porque es acción y reacción”, manifestó Barbosa.
Así mismo, recordó que, en un fallo del Consejo de Estado sobre unos decretos ilegales, entonces, la reacción fue: “hay un golpe blando”. “O cuando se pretendió que el jefe del Fiscal era el Presidente y en un fallo inédito la Corte Suprema de Justicia estableció que el Fiscal hace parte de la Rama Judicial del país. Claro que la Rama Judicial hace su tarea, pero cuando la hace no es para molestar a los otros poderes, es para preservar el orden jurídico”, concluyó.