Obert Alejandro Ortiz
La semana anterior, se decretó la invalidez del acuerdo del concejo municipal No. 016 de 2020 que había aprobado el plan de desarrollo del municipio de Timaná, por parte del Tribunal Administrativo del Huila. Según la decisión judicial, por la “vulneración de la Ley al no darse la aprobación del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 para la realización de los debates.
Este artículo establece: “Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva. El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción”.
Expresemos hasta aquí, que este fue un excelente control por parte de la competencia que se le otorga al gobernador según el artículo 82 de la Ley 136/94 en cumplimiento de la atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, quien advirtió sobre el asunto y procedió a su demanda. También, que el Tribunal actuó inmediatamente. Así debería ser todo. Lo malo, la actuación negligente de los cabildantes.
También, que el Alcalde y sus asesores, descuidaron este trámite. A uno no se le puede caer su caballito de batalla logrado en una campaña (programa de gobierno), luego concertado con comunidades como proyecto del plan de desarrollo y, durante el trámite en el Concejo Municipal; toda vez que se trata de su carta de navegación para el cuatrienio con sello propio.
Lo ocurrido, es una primera zancadilla a los propósitos como administración entrante y que ya lleva 9 meses tratando de salir a flote dentro de un maremágnum de problemas públicos que lo asechan y para el cual se comprometió a gestionar su resolución. La actuación de los concejales debe ser censurada por la misma comunidad. No es posible, que el proyecto más importante que tramitan en todo su cuatrienio, sea precisamente el que descuiden o efectúen sus procedimientos de manera irregular.
El hecho de ocurrir este caso en Timana, vaya y venga. Pero que suceda también en otros municipios vecinos con la similitud de causas, eso ya es otro cuento. Definitivamente, ¿arrogancia, ignorancia o desconocimiento de lo público?. Más humildad, más información, más apropiación de la administración pública, y más trabajo en red. Ya no estamos atados como en el mito de la caverna. Tenemos una administración pública tecnologizada. Pero con servidores públicos obnubilados. No más.