La Nación
La Corte Constitucional tiene la palabra 1 23 julio, 2024
COLUMNISTAS OPINIÓN

La Corte Constitucional tiene la palabra

Queridos lectores, reconocemos que son válidos los consensos de distintos sectores alrededor de importante parte del articulado de la reforma pensional aprobada por el Congreso, dentro la agenda reformista presentado por el Gobierno. Por eso, es el primer proyecto de los drásticos cambios sociales del presidente Petro que sale adelante en el Legislativo en dos años de administración.

Pero, no está bien la forma en que se tramitó, a ‘pupitrazo’, atropellando la democracia, ignorando el Reglamento del Congreso. Una mayoría de representantes respaldó la proposición de aliados de la Casa de Nariño de avalar sin cambios el texto que aprobó el Senado para evitar que la reforma se hundiera por tiempos. Por eso, cualquier ciudadano demandará la viciada ley ante la Corte Constitucional a la que no le quedará más remedio que tumbarla. Hay jurisprudencia, además, en casos muy recientes como del año 2021, cuando cayó una ley que fue demandada precisamente por haberse acogido el texto del Senado sin que se cumplieran los requisitos mínimos. Esta vez la Cámara votó sin saber qué, sin mayor escrutinio y raciocinio.

Ahora bien, entre los temas de fondo a destacar están: Colpensiones y los fondos privados de pensiones dejarán de competir. Se crea un sistema de cuatro pilares que, entre otras cosas, contempla una renta básica para los adultos en edad de pensión que no alcanzan a pensionarse. El umbral de cotización a Colpensiones quedó en 2.3 salarios mínimos. No en 1 salario, como querían los fondos privados de pensiones. Ni en 4, como en su momento lo impulsó el presidente Petro. La administración del fondo de ahorro pensional quedó en cabeza del Banco de la República.

Pero, hay varios desafíos y alertas como: ¿está preparado Colpensiones para recibir unos 17 millones de nuevos cotizantes? Hay advertencias técnicas sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que implicará gastos adicionales al año 2100 por alrededor de 62,3 % del PIB. Y es que las reformas pensionales deben estar pensadas mínimo 100 años. Esta, en 30 años ya estará desfinanciada.

¿Qué pasará con los millones de jóvenes que serán damnificados pagando una factura generacional que no les corresponde? ¿Qué hay de la inconstitucionalidad de poner impuestos a las pensiones?  Con sólo un año para la entrada en vigor, julio de 2025, la ejecución de la transición es crucial en distintos frentes. Holanda, en 2022, realizó cambios en su sistema de pensiones demorándose de 2 a 3 años en la transición.

En resumen, la estructuración del nuevo sistema pensional significará un inmenso reto para el Estado y un desafío jurídico para la Corte Constitucional, que tiene la última palabra. Tengo la esperanza de que tomará la mejor decisión para los colombianos, sin perder de vista que la tarea quedó tan mal hecha que ya desde el Gobierno se propone una ‘mini’ reforma pensional para corregir lo aprobado. ¡Qué tal!