El asesinato de una líder de Junta de Acción Comunal (JAC) y otro líder indígena; amenazas a las comunidades; desplazamiento forzado de campesinos; impedimento de acceso al territorio a funcionarios públicos del Sistema Nacional Ambiental; confinamiento de la población amazónica y extorsión, son algunas de las denuncias que serán llevadas a los organismos de verificación del proceso de paz. Así lo anunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al presentar un nuevo balance de las alertas tempranas de deforestación en la Amazonía colombiana.
La ministra señaló que, pese a que la deforestación estimada en 2023 estará entre el 25% y el 35% en esta región, de acuerdo con el reporte de alertas tempranas, en 2024 hay una tendencia al alza por dos acciones principales: una coacción significativa de grupos armados en la zona y el fenómeno de El Niño. En ese sentido, aseguró que, en departamentos como el Meta, se está adelantando una colonización dirigida por actores no identificados y que en la zona de Cuemaní (Caquetá), la deforestación proviene de personas externas que están llegando a la zona.
“Identificamos un incremento de 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el 2023. Desde octubre del año pasado, hasta este periodo, después de nosotros haber recuperado la confianza del campesinado de los tres departamentos (Meta, Caquetá y Guaviare), empezó una disputa territorial con el EMC, por la legitimidad frente al campesinado. También nos han reportado que se está restringiendo la entrada a los funcionarios del Sistema Nacional Ambiental y que, de octubre para acá, esta situación ha empeorado”, puntualizó, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En ese sentido, reportó que, durante octubre, noviembre y diciembre de 2023, en los departamentos de la Amazonía colombiana, se estimó una deforestación de alrededor de 18.400 hectáreas (ha). Es decir, un aumento del 41 % en relación con este mismo trimestre de 2022. Los departamentos más afectados por este flagelo fueron: Caquetá (+3.464 ha), Meta (+2.437 ha) y Guaviare (+1.004 ha). Putumayo disminuyó con 1.976 ha menos.
Ante este panorama, Muhamad dijo que las amenazas y coacciones de grupos armados a los presidentes de juntas, así como a funcionarios del Sistema Nacional Ambiental se está convirtiendo en una traba para los programas que trabaja la entidad, de la mano de las comunidades, para hacerle frente a la deforestación. Afirmó que estos casos serán reportados en los próximos días ante los organismos de verificación del proceso de paz.
“Es miserable, la presión psicológica que están ejerciendo los grupos armados contra las comunidades. En este caso se está poniendo la naturaleza en la mitad del conflicto y esto es una violación al derecho internacional humanitario en el que, claramente, las afectaciones al medioambiente están prohibidas como forma de presión armada. Nuestra respuesta no ha sido abandonar la zona, ni los líderes, por el contrario, tenemos el respaldo de las comunidades y quiero decirles que cuentan con el Gobierno, en esto estamos juntos”, ratificó.
Si bien la reducción reportada por el sistema de alertas tempranas es del 49 % de la deforestación en 2023, se estima que el resultado final se encuentre entre el 25% y el 35% para el 2023. Estas cifras oficiales, serán presentadas entre los meses de mayo y junio.
Además, para el año 2023 en los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía colombiana se estimó una deforestación de alrededor de 2.544 ha. Es decir, solo el 7% de la deforestación estimada para el año se concentró en este tipo de áreas.
El Ministerio de Ambiente reforzará el trabajo que ya adelanta de la mano de las comunidades, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF) para fortalecer la investigación criminal y más acciones en el territorio para contener la deforestación en el país.