La Red de Veedurías pide investigar el supuesto uso irresponsable de los recursos, que además pudo haber sido exportado a Cafesalud.
La Red de Veedurías y su presidente, Pablo Bustos, se perfilan a develar un probable nuevo saqueo a Saludcoop y un modelo de gestión contractual poco saludable que pudo haber sido exportado a Cafesalud.
Tras ser uno de los gestores de la investigación que le abrió la Procuraduría al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y a la junta directiva de Ecopetrol por el el caso Reficar, Bustos busca sanciones fiscales, disciplinarias y penales contra los responsables de este posible nuevo atentado al sistema de salud.
Por eso, les pidió a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y a hasta a la Comisión Acusaciones de la Cámara que esclarezcan si los dineros de estas entidades han sido blanco de despilfarros o han ido a parar a manos de funcionarios corruptos.
Para el organismo denunciante, también es necesario esclarecer si servidores de autoridades estatales han facilitado tan indecorosas gestiones.
En el 2015 Guillermo Grosso pasó de ser el gerente inteventor de Saludcoop a ser el presidente de Cafesalud. Al parecer, no fueron precisamente sus cualidades profesionales las que puso en práctica en esta última EPS. Se dice que supuestos gestos de derroche fueron el común denominador de ambas gestiones administrativas.
Cuando estaba al frente de Salucoop, habría sido el responsable de contrataciones inútiles, como el alquiler -por 500 millones de pesos- de camionetas para él, su familia, la vicepresidenta administrativa y el director de contratos. Lo grave del asunto es que Grosso no tuvo en cuenta la disponibilidad de nueve camionetas de alta gama, entre ellas una BMW y algunas blindadas, en momentos en los que la austeridad era ineludible.
Además, nadie se explica cómo una empresa que fue intervenida por el Gobierno precisamente por la administración irresponsable de los recursos haya gastado 400 millones de pesos en una fiesta cuyo costo -se dice- superó los 1.000 milllones de pesos.
Tampoco es concebible, y es objeto de investigaciones, que en la remodelación de las oficinas de Saludcoop en la Autopista Norte con calle 109 se hayan incluido lujos como la adquisición de sillas masajeadoras y la compra de otros muebles, algunos de los cuales pudieron haber tenido un costo de hasta 10 millones de pesos.
Lo sorprendente del caso es que ese tipo de derroche también pudo haber sido la nota predominante de la gestión de Carlos Grosso como presidente de Cafesalud. Pese a que sólo permaneció en el cargo durante tres meses, los medios aseguran que comprometió recursos de la entidad por 200.000 millones de pesos.
Entre los contratos que más llaman la atención y que fueron registrados por Caracol Radio, se cuenta uno por 1.200 millones de pesos para remodelar las oficinas de la entidad y una fiesta para despedir el 2015 por unos 980 millones de pesos. Muchos dicen que no hizo más que traer el modelo de gastos inútiles que implantó en Saludcoop.
Pero Grosso no es el único que podría verse comprometido por la probable forma desmedida como se planearon los gastos en Saludcoop y Cafésalud. Como el Gobierno decidió liquidar la primera de estas EPS y trasladar sus afiliados a la segunda, esa transición parece haber sido la excusa perfecta para que políticos y algunos inexcrupulosos sigan haciendo de los recursos de la salud una fiesta.
Entre los hechos que generan sospecha y que la Red de Veedurías pide aclarar se cuentan los despidos de vicepresidentes y directores de área de Saludcoop y luego contratados en Cafesalud.
No se entiende por qué en los casos de tan altos funcionarios se acudió a la figura del despido sin justa causa, lo que les aseguró el pago de la respectiva indemnización. Y, además, terminaron encontrando un lugar sustituto en Cafesalud, cuando muchos de los demás empleados de Saludcooop ni siquiera recibieron su último sueldo y quedaron a merced del proceso de liquidación para que la empresa cumpla los compromisos para con ellos.
Las actuaciones del liquidador de Saludcoop, Luis Leguizamón, tampoco están excentas de duda. Semana.com reveló el viernes anterior el contenido de varias conversaciones que parecen evidenciar un interés desmedido del funcionario por vender un activo frente al cual no tiene competencia.
En ellas Leguizamón habla de la posibilidad de eliminar etapas y restringir la participación de ofertantes en la venta de Esimed, una empresa dedicada al suministro de medicamentos y equipos de cirugía.
Según un político consultado por este portal, la premura se basaba en la necesidad de repartir comisiones de las que serían beneficiarios incluso algunos senadores. Sin embargo, el negocio se frustró porque el competente para efectuarlo no era Saludcoop en liquidación, sino Cafesalud.
Para Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, es evidente que las denuncias de los medios de comunicación son respaldadas por elementos creíbles sobre un probable nuevo episodio de desangre a los dineros públicos, que podría afectar el ya debilitado sistema de salud colombiano. Por eso, pide la interveción de los organismos de control y autoridades penales.
Para él, el expresidente de Cafesalud y exinterventor Saludcoop Guillermo Grosso y el liquidador de esta última entidad deben rendir cuentas de sus actuaciones, pero no son los únicos.
Por eso, cree que también se debe investigar la probable responsabilidad, por acción o por omisión, de las juntas directivas de ambas EPS; del ministro de Salud, Alejandro Gaviria; del superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, y del senador Roy Barreras.
Está Red es la que ha investigado y denunciado pasados hechos de corrupción en Saludcoop en épocas de Carlos Palacino, investigaciones que, en la Fiscalía, han caminado a paso de tortuga.