Un sabor agridulce dejó en el Huila la visita de la delegación nacional el martes a Neiva para tratar de demostrar que existe voluntad e interés del gobierno central en atender y estar vigilante de la situación generada por el reinicio de operaciones en El Quimbo, lo conveniente de la decisión, el impacto en la actividad piscícola en Betania y la afectación de la calidad de agua del río Magdalena.
Es justo reconocer que la presencia de los ministros de Ambiente, Gabriel Vallejo; de Minas, Tomás González; y los directores de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Fernando Iregui; de la Agencia Nacional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, Otto Polanco Rengifo, envía un buen mensaje al departamento, a los municipios vecinos a los embalses, y a todos quienes, grandes o artesanales, viven de la actividad piscícola.
Los encuentros con la dirigencia regional es un mensaje de que hay preocupación real en Bogotá por cómo están las cosas en la provincia; que hay conciencia de los problemas grandes por resolver, que no dan espera; que es urgente y necesario el acompañamiento para los miles de damnificados y afectados; que la posibilidad de una emergencia por mortandad de peces es verdadera, con millonarias consecuencias económicas.
Hasta ahí el dulce. Lo agrio es que sean visitas relámpago, de una jornada, a las carreras, sin que transciendan en una presencia institucional nacional permanente para dar soluciones definitivas y de fondo. Visitas de médico que responden al adagio popular “si te he visto, no me acuerdo”.
No, los sectores afectados, los huilenses y el departamento en general reclaman acciones y hechos concretos. No más pañitos de agua tibia, que aparecen cada que vez que se sube el tono y se ciernen tempestades. Más aún cuando agentes del gobierno nos pusieron en entredicho ante el país porque dizque nos oponíamos a la generación eléctrica arriesgando un apagón nacional.
Lo que el Huila exige, desde hace rato, es que se cumplan las compensaciones pactadas en la licencia ambiental; que Emgesa retire todo el material vegetal del embalse; que se creen programas de ayuda para los pescadores damnificados y sus familias; que se acompañe a la cadena piscícola en Betania; que se respeten los conceptos de la Cam y las decisiones del Tribunal Administrativo del Huila. Solamente así, de a poco, se volverá a generar buena energía con las políticas nacionales, que hoy nos tienen casi electrocutados y ahogados.
En medio de la polémica por la venta de Isagén, es importante advertir que los recursos deben destinarse a una inversión estratégica y a mejorar la infraestructura del país.