El magistrado de la JEP, el huilense Raúl Sánchez, conversa con LA NACIÓN y cuestiona la falta de “resultados” para proteger a los firmantes de paz. Alerta que el problema es “bastante crítico”. También habla sobre los desaparecidos y dice que las familias están “muy molestas” con la Parroquia La Inmaculada de Neiva.
Jesús Antonio Rojas Serrano
editorgeneral@lanacion.com.co
El Huila fue escenario hace poco de dos audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, una de ellas relacionada con el seguimiento a las medidas cautelares sobre el Cementerio Central de Neiva para proteger los restos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada, y la otra, también de seguimiento sobre las medidas para proteger a los guerrilleros de las Farc que firmaron el acuerdo de paz en 2016. El huilense Raúl Sánchez, magistrado de la JEP, lideró y participó de ambas jornadas. Aquí están sus impresiones en este diálogo con LA NACIÓN.
¿Qué dejó la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por la JEP sobre el Cementerio Central de Neiva para proteger los restos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada?
Lo primero que uno observa es que hay un trabajo mancomunado de todas las entidades públicas: Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Alcaldía de Neiva; que las víctimas están absolutamente atentas y pendientes de buscar los restos de sus familiares desaparecidos.
Pero, ¿se ha hecho lo suficiente por parte de entidades como la Alcaldía de Neiva y el Instituto de Medicina Legal para garantizar la preservación de los restos?
En efecto, al existir ese trabajo mancomunado, ya se están viendo los avances porque como lo dijimos en la audiencia, ya esperamos en corto tiempo, yo creo que, en 15 días, con el favor de Dios, identificar justamente el primer cuerpo de persona dada por desaparecida. Esto, insisto, es por el trabajo mancomunado.
Frente a estas medidas cautelares, ¿cuál ha sido el compromiso de la Parroquia de la Inmaculada Concepción que desde 1883 administra el Cementerio Central?
El compromiso básicamente es de la parroquia, ellos tienen la administración. Se le ha pedido una serie de información con el fin de avanzar con el trámite judicial, de darle una luz de esperanza a las familias, ¿qué ha pasado?, lo que uno observa es que las respuestas que hasta el momento han emitido, no dejan satisfechas a las víctimas. Las víctimas están muy molestas, nos lo han hecho saber. El rol de la JEP es justamente atender a las víctimas como principio central de esta justicia transicional, y hay un tema crítico que ha sido expuesto por dos familias, puntualmente hablando, y es que son víctimas de ‘falsos positivos’, asesinados y desaparecidos; aparecen estas personas en el Cementerio Central y luego la parroquia en su calidad de administrador los mueve del lugar donde estaban y se vuelven a desaparecer. Entonces, hay una revictimización a los familiares de las víctimas.
¿Por qué se molestó con la ausencia del cura párroco en la audiencia de seguimiento?
Lo que pasó es que las víctimas han manifestado su dolor, que es entendible, su malestar y por lo tanto ahí surge la preocupación de la magistratura y esto se agrava con el hecho que, el abogado que tenía la representación de la parroquia decide simplemente irse. Asiste un corto tiempo y luego, se desaparece, cuando los deberes de los abogados todos por ética profesional, por representación de su cliente, lo que indican es que tienen que atender los requerimientos judiciales. Entonces, se fue de la audiencia cuando su deber judicial y con su cliente era permanecer en la misma; segundo, se va sin informar a la magistratura, lo cual genera una falta de respeto, finalmente, con la audiencia, con las víctimas, con los funcionarios del orden nacional y local que asisten a dicha diligencia.
Para poner en contexto a los lectores, ¿qué espera encontrar la JEP en el Monumento 14, el osario y la fosa común del Cementerio Central de Neiva?
Queremos identificar de manera plena, las personas dadas por desaparecidas; esperamos ir entregando a los familiares de estas personas víctimas del conflicto armado, que están ahí en el cementerio y obviamente seguir explorando los puntos de interés forense que nos ha dicho la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Uno de los casos emblemáticos de desaparición en Neiva es el de Tarcisio Medina Charry, ¿qué posibilidades hay de que sus restos estén en el Cementerio Central?
Ante Tarsicio Medina, estamos haciendo todas las labores. Hemos oficiado a Migración Colombia para mirar los registros de ingreso y salida del país, hemos oficiado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para saber si su cédula se encuentra vigente, si por el contrario ha fallecido. En el primer caso no hay registro de ingresos o salida, en el segundo caso se nos informa que está vigente; tercero, hablar de si están ahí o no realmente no lo sabemos, toca ¡buscar, buscar, buscar!, que es la labor.
¿Cuál es el panorama de los demás cementerios sobre los que la JEP ha decretado medidas cautelares ante la posibilidad de encontrar restos de víctimas de desaparición?
Lo que hemos venido observando es que en los cementerios definitivamente hay personas desaparecidas en el conflicto armado. Hemos encontrado con mucha sorpresa el mal manejo de los cementerios, obviamente, no de mala fe ni nada de eso, sino simplemente la dinámica propia es recibir el cadáver, enterrarlo y ya, es decir, eso es lo lógico: enterrarlo aquí, allá, pasarlo de una tumba a un osario, la dinámica propia del manejo de la muerte. Lo que hemos encontrado son varias cosas, uno, que hay víctimas del conflicto armado enterrados en los cementerios del país; dos, hay víctimas de desaparición forzada enterrados en los cementerios; tres, hay ejemplos muy claros como el caso de Dabeiba, Antioquia, donde fácilmente se han podido entregar 30, 40 o 50 personas desaparecidas por ‘falsos positivos’. En Cúcuta, pudimos hablar fácilmente de mil cuerpos, de mil personas desaparecidas o víctimas del conflicto armado en el cementerio de Cúcuta, lo cual yo creo que es el hallazgo más grande que se ha hecho en el país. En el cementerio de Villavicencio hemos podido entregar ya 17 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, es decir, al final lo que estamos haciendo es que estamos decretando medidas cautelares para proteger los sitios y para ayudar a los buscadores y buscadoras de sus seres queridos. Y como alguien dijo: Colombia es una fosa común.
Usted que ha podido hablar con los familiares de muchos desaparecidos, ¿qué ve en ellos?
Yo creo que el delito de desaparición forzada puede ser unos delitos más atroces, sino el más atroz. Porque nunca se tiene paz, nunca se tiene sosiego, nunca se da el cierre definitivo y nunca se empieza. Hay mucha tristeza, mucho dolor y lo que uno ve es que pasan años y años y ellos los buscan, no los dejan de buscar. Tristemente, lo que uno observa y es la realidad, muchas veces mueren sin saber qué pasó con sus seres queridos. Esto es una situación muy lamentable y por eso es que la JEP está comprometida con todas las víctimas del conflicto armado.
De otro lado, usted también estuvo en Pitalito en la audiencia de seguimiento a las medidas para proteger a los firmantes de paz, ¿cuál es la gran conclusión que dejó esa jornada?
Yo lo que veo es que todo el mundo trata de hacer algo, pero al final los resultados no se están viendo. Creo que las autoridades departamentales y municipales están absolutamente solas, no veo un acompañamiento del orden nacional, como se quisiera.
A su juicio, ¿qué representa esa cifra de 415 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del acuerdo de paz?
Tener 415 excombatientes de la firma del acuerdo de paz, realmente es un incumplimiento grave por parte del Estado colombiano, del gobierno anterior, de este gobierno, porque justamente es deber de los gobiernos garantizar la vida de todos los colombianos y en este caso de los firmantes del acuerdo de paz.
¿Hay alguien interesado en que no se garantice la vida e integridad de quienes dejaron las armas?
En la audiencia señalaron que el 70% de los asesinatos de firmantes de la paz provienen de grupos residuales, de las disidencias, lo cual, es bastante crítico. Donde están ellos o hacen presencia, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en su informe, es donde más muertes se producen.
Hablando de las Farc, aprovecho para preguntarle por el ruido que han provocado los ‘dardos’ de los antiguos comandantes de esa guerrilla contra la JEP, ¿qué opina?
La JEP está haciendo su trabajo, indiscutiblemente; su misión constitucional y legal es llamar a rendir cuentas tanto a los miembros de fuerza pública como a los ex integrantes de la antigua guerrilla de las Farc, es el trabajo. Tenemos los macro casos, hemos realizado una serie de imputaciones. Hemos llamado a versiones voluntarias. Se está aportando verdad. Se están excluyendo a los que no colaboran en el proceso de verdad, justicia y reparación, a los que han incumplido con el acuerdo de paz. La JEP está cumpliendo su mandato. Estamos trabajando de la mano con las víctimas. Tenemos 11 macro casos abiertos; ahí en la página web de la JEP los van a encontrar; el primero, es el secuestro; el undécimo, que es el último, es el de violencia sexual. Estamos manejando todos los casos, falsos positivos, situaciones territoriales, asesinatos, desplazamientos y afectaciones contra miembros de la Unión Patriótica, violencia sexual, reclutamientos. En fin, todas las conductas cometidas por los actores del conflicto armado.
Como huilense, ¿qué ha significado ser magistrado de la JEP?
Yo creo que en lo personal y en lo profesional estamos poniendo un granito de arena, estamos ayudando, sin lugar a dudas, en la reconciliación, a la sanación del país. Creo que nos debemos a las víctimas, nos debemos a la verdad, a la justicia, a la reparación, como lo hemos venido haciendo y esto se ve en diversos escenarios. Uno, a través de las entregas dignas de desaparecidos que estamos haciendo nosotros; dos, estamos protegiendo la vida de los firmantes del acuerdo de paz a pesar de su rechazo a la JEP. La única entidad judicial que se ha preocupado por ellos junto a la Corte Constitucional hemos sido nosotros, entonces, hay un compromiso claro también no solamente para las víctimas sino también para los desmovilizados; tercero, estamos apoyando los procesos de reconciliación, de verdad, que son tan importantes para las víctimas. Yo creo que ha sido muy importante.
¿Cuáles son los alcances del auto 01 de 2023 de la JEP, cuya ponencia suya fue reconocida hace poco por su gran calidad jurídica e impacto en el derecho nacional e internacional?
El auto 01 lo sacamos el año anterior fue y ha sido de gran impacto en la medida en que, en primer lugar, ha sido el primer auto en donde se imputan a mandos medios; segundo, donde se imputan situaciones de territorios o regiones; tercero, donde hablamos por primera vez de las afectaciones en sus violencias en pueblos étnicos raciales que ha sido también clave; cuarto, hemos hablado por primera vez en Colombia de delitos ambientales, cosa que nunca antes se había hecho frente a situaciones territoriales o lo que ocurría en los territorios; quinto, hemos hablado también de miembros de fuerza pública como víctimas del conflicto armado, eso también es novedoso porque aquí solamente creemos que la población civil fueron víctimas, pero lo que hemos visto es que miembros de fuerza pública son víctimas en la medida en que son violadas las normas propias del Derecho Internacional Humanitario; finalmente, hacemos una imputación frente a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en donde se ve reflejado, todo lo que ocurrió justamente en los territorios colombianos, en donde han sufrido las víctimas en mayor medida.