Hace exactamente 19 días, investigadores del CTI de la Fiscalía se tomaron las instalaciones del Concejo de Neiva y en plena sesión, capturaron a 8 concejales. El episodio desató todo un ‘tsunami’ político. En esa sesión, que estaba siendo transmitida a través de Facebook Live, fueron capturados los concejales Deiby Martínez, Luis Eduardo Penagos, Dolcey Andrade, Jesús Garzón, Marco Alirio Carrasquilla, Carlos Arley Sterling, Ovidio Serrato y Juan Carlos Ramón Rueda. Paralelamente, cayó el concejal Roberto Escobar. Luego, vendrían las capturas del exconcejal Jorge Eliécer Cante Cruz; la personera Heidy Lorena Sánchez; el contralor José Hildebrán Perdomo; el excoordinador de la Usco, Antonio Medina; el diputado de la Asamblea del Huila Oscar Urueña y el empresario René Cantillo.
Fueron en total, 15 los capturados. El episodio del 23 de agosto tuvo un gran despliegue en los medios de comunicación a nivel nacional y hasta mereció la intervención del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien no dudó en calificar el hecho como “absolutamente bochornoso”. “Una de las manifestaciones más vulgares de la corrupción es la de comprar a los concejales de las ciudades con el fin de nombrar a personeros o contralores de bolsillo”, aseguró.
Desde entonces, se han llevado a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. El escenario: el segundo piso del Palacio de Justicia de Neiva.
Por tratarse de un buen número de capturados, las audiencias se volvieron extenuantes. La legalización de capturas fluyó rápidamente, pero el descubrimiento de pruebas por parte de la Fiscalía y el volumen de cada una de ellas alargaron necesariamente las audiencias.
Esas pruebas han sido en su mayoría interceptaciones telefónicas que para la Fiscalía demuestran que hubo un “acuerdo común” para ‘comprar’ concejales a punta de dinero, puestos y contratos y ‘torcer’ la elección de dos de los más importantes cargos que tiene la ciudad: la Personería y la Contraloría. Hildebrán Perdomo y Heidy Lorena Sánchez, los beneficiados con ese “acuerdo”.
Los diálogos telefónicos, algunos más explícitos que otros, han sido francamente escandalosos y muestran, según las investigaciones, que hubo todo un ‘festín’ para ‘meterle la mano’ a ambas elecciones.
¿QUÉ DICE LA FISCALÍA?
A lo largo de estas semanas, la Fiscalía se ha mantenido en su tesis del “acuerdo” y ha expuesto grabaciones ‘explosivas’ como la del diputado Oscar Urueña, quien para la época de los hechos, era concejal e integraba la mesa directiva del Concejo Municipal. Una de esas grabaciones es una llamada del 23 de enero de 2016. En esta comunicación, de acuerdo con el ente acusador, el Diputado habla con el empresario René Cantillo y manifiesta abiertamente que él terminó de darle los $8 millones para completar los $15 millones prometidos al concejal Roberto Escobar.
En la misma llamada, Urueña le confiesa a Cantillo que también le entregó $8 millones en efectivo a Dolcey Andrade. Cantillo, de inmediato, lo interrumpe y le expone que Andrade se está quejando de que no le han entregados los $8 millones completos.
De ese calado son varias de las grabaciones, que ha dejado a más de uno boquiabierto y que ha permitido develar además la “capacidad” del entonces contralor Hildebrán Perdomo para ofrecer cargos en varias entidades públicas y privadas. La Oficina de Prospectiva de la Alcaldía de Neiva, Las Ceibas Empresas Públicas, el Sistema Estratégico Público de Transporte y la ESE “Carmen Emilia Ospina”, son apenas algunas de las entidades que habrían sido ‘feriadas’.
Hasta en las grabaciones divulgadas por la Fiscalía han salido ‘salpicados’ un alto directivo de la Federación Nacional de Departamentos, un periodista y un magistrado.
El directivo de la entidad que reúne a los gobernadores mencionado en este escándalo es el secretario de la Federación, Vladimir Fernández Andrade, quien en una llamada a su primo, Hildebrán, lo señala de haber orientado el proceso de elección de la Personera. “…Pero a mí me sigue preocupando más Heidy, yo necesito que usted se apersone de eso y saque eso adelante, usted ya sabe por qué (…) yo por eso pido que todas esas pruebas no las decreten mientras enredo la pita y etcétera y etcétera, pero eso hay que preverlo porque son antecedentes administrativos y los van a tener que entregar. Ojo con eso, eso no puede salir la cagada, mejor dicho, su señoría orientó la elección, no podemos dar papaya. (…) acuérdese que los soportes no están bien hechos, acuérdese que son unas hojas de Excel mal hechas. ¿Se acuerda?”, le dice el secretario Fernández Andrade a su primo.
El otro que resultó mencionado a lo largo de estas semanas es el periodista, Germán Hernández, quien en el primer año del alcalde Rodrigo Lara ofició como su asesor de prensa. En una llamada, el empresario René Cantillo —señalado por la Fiscalía de ser el ‘hombre del maletín’ pues sacó dinero para la ‘compra’ de los concejales— habla con Hernández de hacerle la “vida imposible” a varias funcionarias de la Administración Municipal. “Espéreme que tengo toda la información. Ahora van a hacer lo del plan de medios de Hacienda. A mí me avisan de todo. Y apenas lo saquen comienzo a darle duro hijueputa. Estoy esperando que lo hagan, porque lo que está haciendo Alejandro con la prensa es terrible. Y le voy a demostrar que yo contraté en campaña, cuñas de 20.000 pesos y van a meterlo más caro”, le decía Cantillo a Hernández. El “Alejandro” al que se refieren es a Alejandro Cabrera, quien fungió como jefe de prensa de Lara, pero salió del cargo luego de que su nombre resultara involucrado en el escándalo de la ESE “Carmen Emilia Ospina” (El gerente de la época, David Cangrejo, y varios contratistas fueron señalados de poner la entidad al servicio de una campaña política en las elecciones de 2015). Ahora, Cabrera, gestor del portal tusemanario.com, es el que le maneja las redes sociales al mandatario de los neivanos.
Como si fuera poco, el nombre del magistrado Jorge Alirio Cortés Soto apareció en varias de las llamadas interceptadas. René Cantillo aseguraba que Cortés Soto era su “padrino”. El mismo magistrado salió el fin de semana, a través de LA NACIÓN, a desmentir las grabaciones. “No he sido padrino de René Cantillo, no tengo ningún vínculo con él de orden eclesiástico, civil, ni nexos de consanguinidad con él”, expresó. Por este caso, la Fiscalía anunció que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue las circunstancias que revelan los audios.
LA VOZ DE LA PROCURADURÍA
La Procuraduría, que es la entidad que garantiza los derechos de los ciudadanos en los procesos penales, también ha tenido la palabra en este escándalo.
La semana pasada, el delegado del Ministerio Público, Alejandro Agudelo Parra, consideró que las pruebas recolectadas por la Fiscalía demuestran “razonablemente” que existió un “acuerdo previo” para “romper la legalidad” de ambas elecciones, de las que se benefició Hildebrán Perdomo al hacerse elegir como Contralor Municipal y al hacer elegir a Heidy Lorena Sánchez como Personera. “El acuerdo existió y hubo beneficios económicos y burocráticos”, expresó el funcionario. Hizo énfasis en que los diálogos interceptados por la Fiscalía que demuestran el “entramado de corrupción” son: “ilustrativos, dicientes, claros y precisos”.
El representante de la Procuraduría dijo que el “acuerdo” empezó desde octubre de 2015, cuando Hildebrán Perdomo se desempeñaba como jefe jurídico de la Usco. “Desde allí empieza a vislumbrar cómo la mejor forma de lograr todo este entramado de corrupción era apartándose de la recomendación de que este proceso lo realizara la Escuela Superior de Administración Pública, Esap. Todo termina en la elección de Hildebrán Perdomo, quien es el eje central de este entramado. Como jefe jurídico de la Usco, empezó a participar en el convenio”, manifestó.
“El otro eje de este entramado de corrupción es el señor René Cantillo Álvarez, quien como particular aparece ejerciendo un poder”, expresó el delegado de la Procuraduría. “Hildebrán Perdomo y René Cantillo buscaron satisfacer los apetitos burocráticos adquiridos con anterioridad con fines delictivos”, sostuvo.
En resumidas cuentas, el representante de la Procuraduría le pidió a la juez enviar a la cárcel no sólo a Hildebrán Perdomo y René Cantillo sino a la mayoría de los involucrados. Sólo abogó por los concejales, Juan Carlos Ramón, Ovidio Serrato y Marco Alirio Carrasquilla, así como por el excoordinador de la Usco, Antonio Medina.
LA DEFENSA
Uno a uno, los abogados que representan a los involucrados en este ‘enredo’ han esgrimido sus argumentos para rebatir los señalamientos de la Fiscalía y evitarles a sus defendidos un inminente ‘carcelazo’.
Todos coincidieron en atacar las grabaciones, consideraron que los audios son aislados y no demuestran un delito y dijeron que las pruebas documentales de la Fiscalía habían sido aportadas por los mismos acusados. Algunos como el abogado Helber Mauricio Sandoval denunciaron que estuvieron pidiéndole a la Fiscalía información sobre eventuales investigaciones y nunca recibieron respuesta. “Mi defendido Jesús Garzón ofició en dos oportunidades a la Fiscalía preguntando por algún proceso en contra de él y no le respondieron”, expresó ayer lunes el jurista Sandoval. También cuestionó que casi tres años después, bajo tres fiscales diferentes y con “pruebas añejas”, la Fiscalía haya emitido órdenes de captura.
Otros expusieron hasta razones de salud para pedirle a la juez la libertad de sus defendidos como el abogado que representa a Hildebrán Perdomo. El jurista dijo que el excontralor fue diagnosticado hace poco con “hemorroides crónica” y que no puede hacer uso de “baños públicos”, por lo que enviarlo a la cárcel de Neiva iría en contravía de su salud.
¿QUÉ VIENE?
Terminadas las intervenciones de los abogados, la juez Séptima Penal Municipal de Neiva con funciones de garantías, Patricia Cruz Peña, decidirá la suerte de los 14 capturados.
La togada, quien cursó hace poco estudios en la especialización en Derecho del Proceso en la Universidad Cooperativa de Colombia, se tomará hoy, mañana y el jueves para estudiar el caso y el viernes, a partir de las 9 de la mañana, sentenciar el futuro próximo de los protagonistas de uno de los hechos más escandalosos de la política local durante los últimos años.