El artículo 62 de la Ley 80 de Contratación Pública le ordena al Procurador “adelantar investigación sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promover las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad”.
No hay duda pues que el Procurador General tenía la competencia para destituir al señor Petro. La tenía por vía constitucional así como por desarrollo legal. Actuar de manera distinta hubiese sido tanto como prevaricar.
Sin embargo, ha pasado inadvertido el hecho de que la segunda figura política del país, el Alcalde Mayor de Bogotá, no se deje notificar personalmente de la decisión disciplinaria. Como siempre y acudiendo a las más ramplonas argucias jurídicas evitará la notificación personal, argumentando desconocimiento de la decisión e ignorancia del domicilio de notificaciones para “ganar tiempo” y poder presentar su defensa. Empero, ¿cómo poder preparar su defensa si no conoce el contenido, alcance y la motivación de la decisión?
El mal ejemplo está a flor de piel. Si las decisiones jurídicas no se les pueden notificar personalmente a los más reconocidos hombres públicos ¿qué podemos esperar de la notificación a los delincuentes y terroristas o, a los hampones de cuello blanco? ¿Ello no es acaso obstrucción a la justicia?
Creo que este tipo de conductas es lo que tanto critican y fustigan las gentes del común. La justicia muchas veces no llega precisamente porque existen inescrupulosos abogados que acuden a la letra menuda, a incisos, a los parágrafos para, a través de la dilación del proceso, alzarse jurídicamente con la “victoria” en detrimento de toda la administración de justicia. El fondo cede a lo formal, a lo adjetivo, al procedimiento.
Pero la cosa se agrava aún más cuando de connotados líderes políticos se trata. Fueron Petro y sus amigos los que tanto reprocharon esta actitud del entonces ministro Fernando Londoño Hoyos en el caso de Invercolsa (cosa que nunca se probó), siempre en defensa del Estado de derecho y la legalidad.
Los tinterillos y leguleyos son odiados precisamente porque no le juegan limpio al país. Estos tipejos son los que han venido defendiendo a la ralea política capitalina hace ya varios años precisamente para ocultar sus fabulosos crímenes.
El ejemplo de criminalidad de Petro no solamente se ha dado desde la clandestinidad de las armas o desde la mediocridad del gobierno sino, también, desde las vías jurídicas que mal utilizadas terminan siendo injustas y antidemocráticas.
*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI